Los reclamantes sostienen que el proyecto constituye una modificación sustantiva de una faena minera previamente evaluada mediante un EIA. Por ello, consideran que su tramitación mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) no cumplió con las exigencias establecidas en la normativa vigente.

Agricultores cuestionan la evaluación ambiental del proyecto

La reclamación también plantea que las observaciones ciudadanas presentadas durante el proceso de evaluación no fueron debidamente consideradas por la autoridad ambiental. Entre los principales cuestionamientos figuran los eventuales impactos sobre los recursos hídricos y los sistemas de agua potable rural de la Quebrada de Cárcamo. Asimismo, los reclamantes objetan la extensión de las operaciones mineras hasta 2037 y el cambio del método de explotación. Además, sostienen que la evaluación no analizó de manera adecuada los impactos acumulados del proyecto. También cuestionan la delimitación del área de influencia, al considerar que dejó fuera comunidades, actividades agrícolas y otros usuarios del territorio.

Solicitan anular la aprobación ambiental

Los agricultores argumentan que existían antecedentes técnicos de la Dirección General de Aguas (DGA) que impedían descartar efectos ambientales significativos. En ese contexto, solicitaron al tribunal dejar sin efecto tanto la resolución del director ejecutivo del SEA que rechazó los recursos administrativos como la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que aprobó el proyecto.

Como alternativa, pidieron que la iniciativa sea sometida a una nueva evaluación mediante un Estudio de Impacto Ambiental, incorporando una línea de base actualizada y una evaluación de impactos acumulados. También solicitaron que el SEA vuelva a pronunciarse sobre los recursos administrativos, considerando todas las observaciones formuladas e incorporando antecedentes del procedimiento sancionatorio seguido por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Tribunal solicita informe al Servicio de Evaluación Ambiental

Junto con la reclamación, los recurrentes solicitaron medidas cautelares para suspender los efectos de los actos administrativos impugnados mientras se resuelve el fondo del caso. Tras admitir la acción, el Primer Tribunal Ambiental requirió al Servicio de Evaluación Ambiental un informe que explique los fundamentos de su decisión. Además, solicitó el expediente administrativo completo relacionado con la evaluación del proyecto. Las medidas cautelares permanecen en análisis y serán resueltas en una próxima etapa del proceso judicial.

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La Superintendencia del Medio Ambiente informó que ambos titulares del proyecto —Sociedad Minera Tres Valles en Liquidación Concursal SpA y Compañía Minera Tres Valles SpA— enfrentan cargos relacionados con el funcionamiento de distintas instalaciones productivas. Estas instalaciones forman parte de una unidad fiscalizable que integra procesos subterráneos y a rajo abierto.

El proyecto considera la producción de cátodos de cobre provenientes de la mina subterránea Papomono y la mina a rajo abierto Don Gabriel. Además, contempla la compra de minerales a terceros. Su operación integra métodos de lixiviación en pilas, extracción por solventes y electroobtención, todos orientados a generar cobre fino.

Dentro de la infraestructura evaluada por el organismo destacan dos depósitos de estériles, uno para cada mina. La faena también cuenta con una planta de chancado de cuatro etapas con tambor aglomerador y canales para desviar aguas lluvias. Estos elementos buscan mantener continuidad operacional y reducir impactos sobre el entorno.

La unidad fiscalizable incluye una pila de lixiviación estática en Quilmenco. Esta instalación posee estanques, piscinas de emergencia, sistemas de bombeo y un mecanismo de riego por goteo para el tratamiento del mineral. A ello se suma una nave de electro–depositación utilizada para obtener los cátodos finales.

La SMA sostuvo que las diferencias detectadas podrían afectar el desempeño ambiental del proyecto. El proceso sancionatorio continuará con la revisión de antecedentes técnicos y posibles descargos por parte de la empresa.

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Generación de empleo

Una de las metas destacadas del proyecto es la creación de empleo en la zona. La empresa ha anunciado que, con la expansión de las operaciones, espera incrementar la dotación de personal a más de 750 trabajadores directos. Además, se anticipa que en el pico de la operación se generarán hasta 5.000 empleos indirectos, lo que contribuirá significativamente al desarrollo económico de la región.

El empresario Cevdet Caner destacó que la solidez institucional del país, la estabilidad de su sistema financiero y el compromiso con el Estado de Derecho fueron factores clave en la decisión de invertir en Chile. Este respaldo institucional asegura un entorno favorable para el crecimiento de Minera Tres Valles en el largo plazo.

El proyecto minero Tres Valles está compuesto por dos minas: Papomono, una mina subterránea, y Don Gabriel, una mina a cielo abierto. Ambas operaciones están ubicadas en la Región de Coquimbo, una zona conocida por su alto potencial en la minería del cobre, un recurso clave en la economía global.

Con esta adquisición, NIU Group se posiciona como un actor clave en el sector minero chileno, con proyecciones de crecimiento significativo en los próximos años.

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