Las acciones judiciales fueron interpuestas por el Sindicato N.° 1 de Trabajadores de Minera Escondida Ltda. y el Sindicato Interempresa de Trabajadores de Servicios. Ambas apuntan contra la resolución del Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que rechazó las reclamaciones administrativas presentadas durante la evaluación del proyecto.

Sindicatos cuestionan la evaluación ambiental del proyecto

Las dos reclamaciones contienen argumentos similares y solicitan que el Tribunal Ambiental anule la resolución emitida por el SEA. Los sindicatos sostienen que la evaluación no aplicó adecuadamente las normas de calidad del aire al campamento minero. Según los reclamantes, esa decisión excluye parte del territorio nacional y a determinados grupos de personas de la aplicación de dichas normas. Además, afirman que el titular del proyecto no presentó todos los antecedentes necesarios para demostrar la inexistencia de impactos significativos contemplados en el artículo 11 de la Ley N.º 19.300.

El Tribunal Ambiental declaró admisibles ambas acciones judiciales y ordenó acumularlas en un solo procedimiento debido a que presentan fundamentos comunes. Asimismo, solicitó a la Dirección Ejecutiva del SEA un informe que explique las razones de su decisión. El organismo también deberá remitir todos los antecedentes del procedimiento administrativo relacionado con la evaluación ambiental del proyecto.

El proyecto pretende optimizar las operaciones del Conjunto Planta Concentradora Laguna Seca frente a la disminución gradual de las leyes del mineral y al aumento de su dureza. Para lograr ese objetivo, considera adecuaciones de diseño e ingeniería destinadas a mantener las capacidades operacionales previamente autorizadas. Las obras se desarrollarán dentro del área comprendida entre la correa overland proveniente del chancado primario y los espesadores de relaves y concentrado actualmente en operación.

Iniciativa contempla una inversión de US$2.351 millones

La iniciativa presentada por Minera Escondida Ltda., operada por BHP, contempla una vida útil estimada de 25,5 años y una inversión cercana a los US$2.351 millones. Entre sus componentes figura una nueva línea eléctrica asociada a las mejoras operacionales de la planta. El proyecto busca mantener la continuidad de la producción mediante la adaptación de sus instalaciones a las nuevas características del mineral extraído.

Con la admisión de las reclamaciones, el Tribunal Ambiental iniciará la revisión judicial del proceso de evaluación. El resultado determinará si la resolución que confirmó la aprobación ambiental del proyecto se ajustó a la normativa vigente o si corresponde adoptar nuevas medidas dentro del procedimiento.

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La sentencia analizó primero la solicitud de invalidación presentada ante la autoridad ambiental. El tribunal determinó que esa acción resultaba procedente según el artículo 53 de la Ley N° 19.880. Sin embargo, el rechazo de dicha invalidación no influyó en la decisión final de la COEVA. La comisión regional analizó igualmente los argumentos de fondo presentados por los reclamantes. El fallo también indicó que los reclamantes infringieron el principio de congruencia. Plantearon argumentos sobre contribuciones climáticas y objetivos de desarrollo sostenible no presentados durante la evaluación administrativa. A pesar de ello, el tribunal revisó esas materias para efectos de mayor claridad jurídica.

El tribunal concluyó que el Proyecto Central Termoeléctrica Andina biomasa fue descrito correctamente durante la evaluación ambiental. Además, determinó que no existía obligación de informar el origen específico de la biomasa utilizada como combustible. La sentencia también estableció que el proyecto no contraviene la normativa de cambio climático. Esa legislación no se encontraba vigente cuando el proyecto ingresó al proceso de evaluación ambiental.

Asimismo, el tribunal destacó que la iniciativa se alinea con el plan de descarbonización de la matriz energética nacional. Este plan promueve el retiro o reconversión de centrales a carbón en distintas comunas del país, entre ellas Mejillones.

El fallo descartó impactos significativos sobre el componente aire. La reconversión energética permitirá reducir de forma relevante las emisiones contaminantes. El tribunal también determinó que no existe ilegalidad asociada al artículo 19 inciso tercero de la Ley N° 19.300. Eventuales errores u omisiones fueron subsanados durante la evaluación ambiental. Estas correcciones se reflejaron en los informes favorables de los organismos con competencia ambiental.

El proyecto busca reemplazar completamente el carbón por biomasa en las unidades generadoras de la Central Termoeléctrica Andina (CTA) y la Central Termoeléctrica Hornitos (CTH). La biomasa se transportará desde instalaciones portuarias mediante el sistema de correas existente hacia la actual cancha de carbón de ambas centrales. La iniciativa contempla una inversión estimada de 12 millones de dólares.

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El Tribunal analizó los argumentos presentados por los reclamantes, quienes sostenían que el aumento del flujo vehicular afectaba los sistemas de vida de la población cercana. Sin embargo, la sentencia determinó que el comportamiento real de la ruta G-21 se mantuvo dentro de los parámetros evaluados durante la tramitación ambiental del proyecto.

Antes de resolver, el Tribunal definió el alcance de la variable ambiental “uso de la ruta G-21” y la forma en que debía medirse. Luego comparó los escenarios proyectados durante la evaluación ambiental con los datos registrados durante la operación del proyecto.

El análisis consideró informes técnicos elaborados por GPS Chile y Ambitrans Ingenieros Consultores. Estos antecedentes evaluaron distribución modal, flujo vehicular, tiempos de viaje, nivel de servicio y seguridad vial en el tramo entre Las Puertas y Corral Quemado. Los resultados mostraron que no existieron diferencias significativas entre el escenario evaluado en 2010 y el comportamiento observado hasta 2018.

Sin cambios sustantivos

La sentencia estableció que el flujo vehicular, los tiempos de viaje y el nivel de servicio se mantuvieron estables. Incluso, para vehículos livianos se observó una reducción en los tiempos de desplazamiento en algunos tramos. Por ello, el fallo concluyó que no se cumplen los requisitos del artículo 25 quinquies de la Ley Nº 19.300 para modificar la RCA.

Contexto del proyecto Los Bronces

El proyecto busca aumentar la producción de cobre fino mediante concentrados y cátodos. Se desarrolla en las áreas de Los Bronces, Las Tórtolas y el Sistema de Transporte de Pulpas, donde la ruta G-21 cumple un rol clave. Con esta decisión, el Segundo Tribunal Ambiental ratifica decisión del Comité de Ministros sobre proyecto Los Bronces y ruta G-21, cerrando un proceso iniciado en 2015 por organizaciones vecinales.

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