La renovación del memorándum permitirá desarrollar proyectos conjuntos de investigación y desarrollo (I+D). Las áreas prioritarias incluyen exploración minera, procesamiento de minerales, reciclaje de residuos mineros, rehabilitación de faenas y modernización de fundiciones. Asimismo, ambas instituciones acordaron conformar un grupo de trabajo permanente. Su misión será identificar oportunidades de cooperación, definir planes de acción y facilitar la ejecución de iniciativas específicas.

ENAMI apuesta por proyectos concretos

El vicepresidente ejecutivo de ENAMI, Juan Carlos Sáez, afirmó que la renovación del acuerdo representa una oportunidad para avanzar hacia resultados tangibles. «Apostamos a que esta alianza con KOMIR se traduzca en proyectos concretos. Estamos en un momento perfecto para avanzar, respaldados por el buen precio de los minerales y el compromiso del Gobierno con el crecimiento de la minería», señaló. El ejecutivo agregó que la cooperación internacional fortalecerá el desarrollo de la pequeña y mediana minería. También destacó el potencial para generar nuevas alianzas con empresas coreanas en ámbitos tecnológicos y productivos.

El presidente de KOMIR, Youngsik Hwang, valoró la renovación del Memorándum de Entendimiento y sostuvo que la cooperación debe avanzar más allá del intercambio de información. Según explicó, el convenio considera iniciativas relacionadas con minería sostenible, cadenas de valor de minerales críticos, exploración conjunta y reaprovechamiento de relaves mineros. También manifestó su expectativa de que el grupo de trabajo impulse proyectos de inversión y acciones concretas en cada una de estas áreas.

Transferencia tecnológica

Juan Carlos Sáez explicó que uno de los principales objetivos será incorporar tecnologías de vanguardia desarrolladas por Corea del Sur. Entre las prioridades mencionó herramientas de exploración más eficientes y de menor costo. Asimismo, destacó el interés por optimizar el procesamiento mediante hidrometalurgia y lixiviación avanzada. La cooperación también contempla avanzar en la recuperación de minerales presentes en relaves, ripios y escorias de fundición, contribuyendo a una minería más eficiente y sostenible.

La ceremonia contó con la participación de representantes de ambas instituciones. Por parte de ENAMI asistieron Pedro Lagos Charme, fiscal (i); Nicolás Pacheco, gerente de Desarrollo y Proyectos; y Antonio Videka, jefe de Desarrollo Minero. En representación de KOMIR participaron Soonjin Kwon, vicepresidente ejecutivo de la División de Recursos Minerales; Minjung Lee, gerente del Equipo de Cooperación Internacional; Wonseok Choi, representante jefe de la oficina en Chile; Kiju Kim, gerente senior de la oficina en Chile; y Jueun Kang, gerente de la oficina en Chile.

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El gobierno del Presidente Kast descartó avanzar por ahora y llamó a trabajar para que le vaya bien primero y después abrir el debate, aunque se abrió a vender «bienes prescindibles» de sus filiales. La oposición rechazó de plano la idea, siendo categóricos en indicar que “Codelco no se vende”.

El trasfondo financiero explica el debate: la deuda bruta de Codelco supera los US$ 26.000 millones (creció desde ~US$ 15.400 millones en 2018), cerca de cuatro veces el promedio de las grandes mineras privadas. En 2025 pagó US$ 1.127 millones solo en intereses —casi el doble que en 2018—, sus costos por tonelada subieron fuertemente en los últimos años y la producción propia (1,33 millones de toneladas en 2025) está lejos de los 1,8 millones de 2018. Aun así, aportó US$1.778 millones al Fisco en 2025. El problema estructural: por ley entrega todos sus excedentes al Estado y financia sus megaproyectos con deuda.

La propuesta abre un nuevo debate

Dentro de las ventajas de una venta minoritaria se encuentra la capitalización sin costo fiscal. La venta de un 20% podría recaudar una cifra muy significativa (las estimaciones de valor de Codelco varían ampliamente), recursos que permitirían reducir deuda o financiar los proyectos estructurales sin nuevos aportes del Fisco ni más endeudamiento. Se podría pensar en un mejor gobierno corporativo. Accionistas minoritarios y directores independientes impondrían disciplina de mercado: reportes bajo escrutinio bursátil, menor injerencia política en nombramientos y decisiones de inversión evaluadas por rentabilidad.

A lo anterior se suma la presión de inversionistas privados suele forzar control de costos; el alza de ~43% en cuatro años es hoy uno de los flancos más criticados de la administración. Listar acciones en bolsa obligaría a valorizar la empresa a precio de mercado, haciendo visible la creación (o destrucción) de valor de cada administración. Además, con 75%–85% de la propiedad, el Estado conserva la mayoría del directorio, la estrategia y la mayor parte de los excedentes; el modelo tiene precedentes en petroleras y mineras estatales listadas parcialmente en otros países.

Desventajas y riesgos

Vender el 20% implica ceder a perpetuidad el 20% de los dividendos de la principal empresa del país. Si el cobre entra en un superciclo (electromovilidad, transición energética), el costo de oportunidad puede superar con creces lo recaudado. Hay que tener presente que el peor momento para vender es cuando la empresa está debilitada: alta deuda, costos elevados y producción baja deprimen el precio que pagaría el mercado. Se vendería barato lo que, saneado, valdría mucho más.

Codelco es instrumento de política minera (litio, tierras raras, encadenamientos productivos) uno de los mayores productores de cobre del mundo. Accionistas privados pueden resistir decisiones de interés nacional que no maximicen utilidades. El déficit estructural es la regla que obliga a entregar el 100% de los excedentes al Fisco. Sin una política de capitalización estable, la caja de la venta se agota y el problema reaparece.
Así como se ha indicado públicamente, un 15% inicial puede facilitar ventas sucesivas hasta perder el control. Es el argumento central de los detractores.

Todo esto tiene un costo político y social. El cobre estatal tiene un fuerte arraigo simbólico desde la nacionalización de 1971, aprobada por unanimidad en el Congreso. Incluso en la propia coalición oficialista (UDI) advierten que es una medida impopular; los sindicatos serían un actor de resistencia relevante.

¿Se puede vender un 15%, 20% O 25%?

Técnicamente sí, pero no por decreto. Codelco no es una sociedad anónima con acciones transables: es una empresa del Estado regida por el D.L. 1.350 de 1976, y la nacionalización de la Gran Minería tiene rango constitucional. Vender participación exigiría una ley que transforme a Codelco en sociedad anónima (o que autorice vender filiales o divisiones específicas); definir la forma —apertura en bolsa, socio estratégico o venta de activos—; y resguardos legales para que el Estado no baje de un umbral de control (por ejemplo, 66% o 75%).

Con un Congreso fragmentado y la oposición cerrada al tema, la viabilidad política de corto plazo es baja: el propio gobierno la descartó. Un 15% es más viable políticamente que un 25%, pero recauda menos; alternativas intermedias son vender participación en filiales no estratégicas, emitir instrumentos sin derecho a voto o asociaciones por proyecto (como ya hace con privados en litio). Este es un debate legítimo, pero la pregunta correcta no es privatizar sí o no, sino cómo capitalizamos a Codelco y mejoramos su gobierno corporativo.

Cambios legales serían indispensables

Los números son el punto de partida: US$ 26.000 millones de deuda, US$ 1.127 millones anuales en intereses, y aun así aportó US$ 1.778 millones al Fisco en 2025. La empresa es valiosa, pero está financieramente estresada.
Hay que pensar que vender cuando la empresa está débil es vender barato; no vender nunca puede significar verla perder valor año tras año. Ambos riesgos son reales.

Lo que pasa con Codelco se compara con esta metáfora: es como una familia con una buena casa, pero con un dividendo que se come el sueldo: puede vender una pieza, ordenar sus gastos o renegociar el crédito. Cada opción tiene costos. Algunas de las cifras de la estatal son: Deuda bruta: ~US$ 26.300 millones (2025) · Intereses pagados 2025: US$ 1.127 millones · Aporte al Fisco 2025: US$1.778 millones · Producción propia 2025: 1,33 millones de toneladas · Alza de costos: ~43% en cuatro años ·

Las propuestas de la Cámara Minera

Debemos recordar que Codelco fue la joya de Chile y puede volver a serlo; la discusión debería centrarse en cómo la fortalecemos —con capital, buen gobierno y menos política en su directorio—, y ese debate recién comienza.
La Cámara Minera de Chile recomienda mejorar el gobierno corporativo con profesionales ligados a la minería, técnicos expertos en finanzas y economía minera, apoyar que una parte de lo genera, como por ejemplo, que el 40% se quede en la caja de Codelco para financiar sus propios proyectos de inversión y no entregar el 100% al Ministerio de Hacienda; independizar a cada División con directorios técnicos y una regla fiscal estricta; abrirse a una alianza pública privada con los nuevos proyectos al estilo como se financió el Abra, que fue un caso exitoso.

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La iniciativa se realizó el 14 de julio con el respaldo de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. El encuentro reunió a representantes del sector público y privado para analizar los principales desafíos y oportunidades de una industria que aporta cerca del 60% del Producto Interno Bruto de Tarapacá.

El presidente de SONAMI, Jorge Riesco, destacó la importancia de generar espacios de encuentro en las regiones y fortalecer la comunicación con los distintos actores de la industria. «Es muy importante desarrollar esta comunicación en regiones, con las autoridades locales y además juntar a parte de nuestros socios. Las regiones tienen una diversidad y una transversalidad de actividades que realmente llaman la atención y que hay que apoyar», señaló. El dirigente gremial enfatizó que el trabajo conjunto permite identificar oportunidades de desarrollo y responder de mejor manera a las necesidades de cada territorio.

Autoridades valoran la coordinación público-privada

La seremi de Minería de Tarapacá, Denisse Barahona, destacó que este tipo de instancias contribuyen a generar una visión común para el desarrollo productivo de la región. «Agradecemos este tipo de encuentros, porque nos permiten unir fuerzas, tanto públicas como privadas, reuniendo a la gran minería, a la mediana y pequeña minería, y a los proveedores en un solo espacio», afirmó.

Por su parte, la seremi de Economía de Tarapacá, Gladys Femenias, resaltó la importancia de atraer nuevas inversiones y fortalecer la cooperación entre el Estado y la industria. «Estamos muy interesados en que lleguen inversionistas y que los proyectos mineros se desarrollen. Felices de que esté SONAMI y de impulsar una gestión público-privada que es lo que realmente necesita el país», sostuvo.

Empresas y gremios analizan oportunidades para el desarrollo regional

El encuentro contó con la participación de las principales compañías mineras presentes en Tarapacá, además de la Asociación de Industriales de Iquique y la Cámara de Comercio local. Durante la jornada, los asistentes intercambiaron experiencias y analizaron iniciativas para fortalecer la inversión, el empleo y el desarrollo de proveedores locales.

Víctor Vidal, presidente de la Asociación Gremial Minera del Maule, valoró el espacio de colaboración y destacó el potencial que ofrece la región para nuevos emprendimientos mineros. Asimismo, Walther Meyer, gerente general de Compañía Minera Punta de Lobos, señaló que el encuentro permitió compartir experiencias y mostrar el aporte que la empresa realiza al desarrollo regional desde hace más de 125 años.

SONAMI presenta estudio y adelanta la Cumbre de la Minería 2026

Durante el Networking Ecosistema Minero de Tarapacá, SONAMI presentó la segunda edición del estudio «Distritos productivos y potenciales para el desarrollo de la minería chilena». El documento identifica polos de desarrollo minero y analiza oportunidades para fortalecer los encadenamientos productivos y la inversión regional.

Además, el gremio dio a conocer los principales contenidos de la Cumbre de la Minería SONAMI 2026, que se realizará el 27 de agosto en Santiago. El encuentro reunirá a autoridades nacionales e internacionales, representantes de la pequeña, mediana y gran minería, además de expertos y líderes de la industria para debatir los desafíos del sector.

Colaboración para una minería más competitiva

El Networking Ecosistema Minero de Tarapacá reafirmó la relevancia de la colaboración entre empresas, autoridades y proveedores para consolidar un ecosistema minero más competitivo. Los participantes coincidieron en que la articulación público-privada será clave para impulsar nuevas inversiones, generar empleo y fortalecer el desarrollo económico de Tarapacá y del país.

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Flor de Oro Azul es desarrollado por SCM Estefanía, empresa chilena con presencia en Atacama desde 1990. Su estructura de propiedad familiar ha permitido mantener una estrategia estable y acumular información geológica durante más de 30 años. La continuidad en la gestión ha favorecido el desarrollo sistemático de campañas exploratorias. Además, ha fortalecido la construcción de una base técnica para respaldar las futuras etapas del proyecto.

«Los proyectos mineros requieren tiempo, conocimiento y consistencia. La exploración no responde a los mismos ritmos que otras industrias y muchas veces los resultados dependen de procesos que se desarrollan durante años», afirmó Sofía Riff Sfeir, CEO de SCM Estefanía.

Durante la etapa actual, la empresa ha financiado el proyecto con recursos propios. Esta decisión le ha permitido avanzar en los estudios exploratorios sin depender exclusivamente de inversionistas externos. La estrategia también ha facilitado mantener el control sobre el desarrollo técnico del proyecto. De esta manera, la compañía prioriza la generación de información geológica confiable antes de buscar nuevas fuentes de financiamiento.

Potencial en minerales estratégicos para la transición energética

Flor de Oro Azul se ubica en una zona con potencial para cobre, oro, cobalto y tierras raras. Estos minerales han ganado protagonismo debido al avance de la transición energética y la creciente demanda de tecnologías limpias. No obstante, SCM Estefanía sostiene que el verdadero valor del proyecto radica en el conocimiento acumulado sobre el sistema geológico. La empresa considera que una exploración rigurosa permite reducir incertidumbres y mejorar las decisiones futuras. «La exploración minera exige disciplina. Antes de pensar en expansión o financiamiento externo, es fundamental construir información confiable y comprender en profundidad las características del sistema geológico», señaló Riff.

La permanencia de SCM Estefanía en la Región de Atacama constituye uno de los principales activos del proyecto. La experiencia adquirida ha permitido comprender con mayor precisión las características geológicas locales y fortalecer el vínculo con distintos actores del territorio. Esta relación sostenida también aporta conocimiento sobre las condiciones operacionales y los desafíos propios de la zona. Ese aprendizaje respalda la planificación de las futuras etapas de exploración.

Exploración con una estrategia de largo plazo

La exploración minera con visión de largo plazo continúa posicionándose como el eje del desarrollo de Flor de Oro Azul. En un escenario internacional marcado por la creciente demanda de minerales críticos, la compañía busca consolidar un modelo basado en conocimiento técnico, disciplina exploratoria y crecimiento progresivo. Este enfoque refleja una alternativa para el desarrollo de proyectos mineros. La estrategia combina continuidad empresarial, experiencia territorial y una planificación que privilegia la calidad de la información antes que los resultados inmediatos.

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La iniciativa corresponde a una modificación del proyecto Prospección Minera Ternera, aprobado ambientalmente en junio de 2021 mediante la RCA N°146/2021. Al igual que la primera etapa, el objetivo principal consiste en reducir las incertidumbres geológicas mediante campañas de sondajes. Para ello, el proyecto considera la construcción de 300 plataformas de perforación, cada una de 15 por 15 metros, junto con una red de caminos interiores que permitirá acceder a los distintos puntos de exploración. Las nuevas obras se emplazarán en un área contigua a la Fase I, lo que permitirá extender las actividades actualmente en ejecución.

Regularización de instalaciones y continuidad operacional

Además de los nuevos sondajes, la iniciativa contempla la regularización de la instalación de faenas. Esta modificación responde al cambio de ubicación y superficie respecto del proyecto original. Asimismo, el titular reemplazará la planta de tratamiento de aguas servidas considerada inicialmente por una fosa séptica, la que se instalará junto a las dependencias operacionales. Según los antecedentes presentados al SEA, el cambio de ubicación fue necesario porque el área aprobada originalmente no cuenta con el espacio suficiente para albergar todas las instalaciones requeridas para la operación.

Debido a que la Fase I ya se encuentra operativa, la empresa utilizará la misma mano de obra durante la ejecución de la nueva etapa. De esta manera, la ampliación permitirá mantener la continuidad de las labores de prospección sin modificar la dotación existente. La compañía indicó que la iniciativa busca profundizar el conocimiento geológico del área antes de avanzar hacia eventuales etapas posteriores de desarrollo.

Área de intervención abarcará hasta 1.869 hectáreas

La Prospección Minera Ternera Fase II considera un polígono de prospección de 1.869 hectáreas como superficie máxima de intervención. El titular explicó que la incertidumbre geológica propia de esta etapa impide definir anticipadamente la ubicación exacta de cada plataforma de sondaje y de los caminos internos. Por esa razón, la DIA incorpora el área total donde podrían ejecutarse las actividades de exploración. Con esta aprobación ambiental, el proyecto podrá continuar con las siguientes etapas de planificación para ampliar las labores de prospección minera en la Región de Atacama y generar nueva información geológica sobre el potencial del yacimiento.

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Según el estudio, la minería presenta un multiplicador del PIB cercano a 1,8 veces. Esto significa que su impacto económico supera ampliamente la producción directa del sector. En 2023, la actividad minera aportó US$34.744 millones al PIB. Además, por cada dólar generado directamente por la minería, se indujeron entre US$0,48 y US$0,94 adicionales en otros sectores económicos.

La participación directa del sector en el PIB nacional alcanzó un máximo de 14,1% en 2021. Posteriormente, cayó a 10,3% en 2023 debido a cambios en los precios y en el ciclo de inversión. Sin embargo, al incorporar los efectos indirectos, la contribución total de la minería fluctúa entre 15% y 22% del PIB nacional.

El informe señala que la minería mantiene encadenamientos hacia atrás cercanos a 1. Este indicador refleja una capacidad de arrastre estable sobre el resto de la economía. Los efectos indirectos derivados del consumo intermedio se concentran principalmente en servicios, energía, transporte, manufactura y comercio. Estas actividades suministran bienes y servicios fundamentales para el funcionamiento de las operaciones mineras.

La inversión minera impulsa construcción e ingeniería

El estudio también destaca el efecto de la inversión minera sobre otros sectores productivos. La formación de capital fijo genera demanda en construcción, ingeniería, maquinaria y bienes de capital. Cochilco indicó que estos impactos varían según el ciclo de inversión. Cuando los proyectos mineros aumentan, también se fortalecen las actividades vinculadas a infraestructura y desarrollo tecnológico.

La minería del cobre representa, en promedio, el 87% del PIB minero. Por ello, concentra gran parte de los encadenamientos productivos de la industria. En 2023, el cobre generó US$26.585 millones en PIB directo y otros US$18.373 millones en efectos indirectos. De esta forma, alcanzó un impacto total equivalente a 1,69 veces su aporte directo. Los sectores más beneficiados por la minería del cobre incluyen ingeniería, servicios profesionales, energía, transporte, construcción y actividades de apoyo técnico.

La minería genera empleo más allá de sus operaciones

El estudio también analizó el impacto laboral del sector. Los resultados muestran que la minería genera entre 2,4 y 3,5 empleos indirectos por cada empleo directo. Gran parte de estos puestos de trabajo se concentra en empresas proveedoras, contratistas y servicios asociados. Esto evidencia el importante rol de la industria minera en la generación de empleo y desarrollo económico.

Los encadenamientos productivos de la minería permiten comprender con mayor precisión la magnitud del aporte del sector a la economía chilena. Asimismo, entregan información relevante para fortalecer políticas públicas, impulsar proveedores locales y promover la innovación en torno a la actividad minera.

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En el primer artículo se planteó una idea central: reportar ESG no equivale a gestionar ESG. Una organización minera puede contar con políticas, indicadores y reportes, pero eso no significa necesariamente que tenga capacidades maduras para integrar los criterios ambientales, sociales y de gobernanza en sus decisiones críticas. El diagnóstico de madurez permite identificar brechas. Sin embargo, el verdadero desafío aparece después: ¿Qué hace una organización minera con las brechas ESG que identifica?

Una brecha ESG no debería quedar como una observación en un informe, una debilidad en una matriz o una recomendación genérica de mejora. Si se analiza correctamente, una brecha ESG puede transformarse en una señal temprana de riesgo estratégico y, al mismo tiempo, en una oportunidad para crear valor sostenible. La secuencia es clara: brecha ESG, riesgo estratégico, decisión requerida, solución integrada y valor sostenible. Ese es el paso que muchas organizaciones todavía no logran resolver. Identifican brechas, pero no siempre las conectan con riesgos de inversión, permisos, financiamiento, cronograma, licencia social, continuidad operacional o competitividad del proyecto.

Del diagnóstico ESG a la gestión estratégica

Cuando la brecha se transforma en riesgo, en minería, los temas ESG no están separados del negocio. Influyen directamente en la viabilidad de los proyectos de capital. La brecha en gestión hídrica puede afectar permisos, generar conflicto territorial, exigir mayor CAPEX o limitar la continuidad operacional. Una brecha en relaves puede comprometer seguridad, reputación, asegurabilidad y confianza pública. La brecha en comunidades puede provocar retrasos, judicialización o pérdida de licencia social. Una brecha en gobernanza puede debilitar la trazabilidad de compromisos, la calidad de las decisiones y la confianza de inversionistas.

Por eso, la pregunta no debe ser solamente: ¿Qué brecha ESG tenemos? La pregunta más importante es: ¿Qué riesgo estratégico revela esa brecha para el desarrollo del proyecto minero? Este cambio de mirada es fundamental. La brecha deja de ser un problema aislado de sostenibilidad y se convierte en información estratégica para la toma de decisiones.

Las brechas ESG impactan directamente la viabilidad

De la brecha a la solución, una vez identificado el riesgo, la organización debe definir qué tipo de respuesta necesita. No todas las brechas ESG se resuelven de la misma forma. Algunas requieren tecnología; otras, gobernanza; otras, rediseño operacional; otras, diálogo territorial; y otras, ajustes en el modelo de inversión o financiamiento.

Por ejemplo, una brecha en trazabilidad hídrica no se resuelve solo declarando una meta de eficiencia. Puede requerir monitoreo, balance hídrico integrado, recirculación, fuentes alternativas, gobernanza del agua y comunicación transparente con stakeholders. Una brecha en comunidades no se resuelve con una actividad puntual de relacionamiento; puede requerir participación temprana, mecanismos de reclamo, trazabilidad de compromisos y una estrategia territorial conectada con el ciclo de vida del proyecto.

La solución debe responder a la naturaleza de la brecha. Por eso, antes de actuar, conviene preguntarse: ¿La brecha es de información, proceso, tecnología, gobernanza, implementación o integración estratégica? ¿Qué decisión del proyecto puede verse afectada si no se gestiona? ¿Qué solución reduce mejor el riesgo y fortalece la viabilidad del proyecto? ¿Cómo se medirá el valor generado?

Construir un portafolio de soluciones ESG

El rol del portafolio de soluciones ESG es fundamental, porque uno de los errores más frecuentes es responder a las brechas ESG con iniciativas aisladas. Muchas organizaciones desarrollan pilotos, programas o acciones de sostenibilidad, pero sin una conexión clara con los riesgos estratégicos del proyecto. La solución no es tener más iniciativas. La solución es construir un portafolio de soluciones ESG conectado con las brechas reales del negocio.

Ese portafolio puede incluir soluciones de distinta naturaleza: soluciones de gobernanza, como comités, responsables, KPIs, auditorías y trazabilidad; soluciones operacionales, como eficiencia hídrica, gestión de relaves, control de emisiones o cierre progresivo; soluciones tecnológicas, como sensores, analítica, monitoreo remoto, trazabilidad digital o electrificación; soluciones territoriales, como diálogo temprano, mecanismos de reclamo y gestión de compromisos; y soluciones financieras, como due diligence ESG, métricas de bancabilidad y evaluación de riesgos para inversionistas.

El punto clave es que cada solución debe estar conectada con una brecha, un riesgo y una decisión concreta. Si no existe esa conexión, la iniciativa puede ser interesante, pero no necesariamente estratégica.

ESG integrado al desarrollo del proyecto implica que, para crear valor, ESG debe entrar temprano en el desarrollo del proyecto minero. Si aparece tarde, normalmente opera como corrección, mitigación o cumplimiento. Si entra temprano, puede influir en el diseño del proyecto, en la selección de alternativas, en la estimación de CAPEX, en el cronograma, en la estrategia de permisos y en la estructura de financiamiento.

La integración temprana permite responder preguntas críticas: ¿Qué restricciones ESG pueden afectar la viabilidad del proyecto? ¿Qué alternativas de diseño reducen mejor los riesgos ambientales y sociales? ¿Cuáles compromisos deben incorporarse en el modelo financiero? ¿Qué estándares esperan inversionistas, autoridades, comunidades y socios estratégicos? ¿Cuáles soluciones tecnológicas u operacionales deben priorizarse antes de avanzar a etapas posteriores? Cuando ESG se integra desde las etapas tempranas, deja de ser una exigencia externa y se convierte en un criterio de calidad del proyecto.

Cómo se crea valor sostenible se explica a partir de la transformación de una brecha ESG en una capacidad que mejora la viabilidad, competitividad y legitimidad del proyecto. Ese valor puede expresarse de distintas formas: valor técnico, cuando mejora el diseño del proyecto y reduce incertidumbres; valor financiero, cuando disminuye riesgos de sobrecostos, retrasos o pérdida de bancabilidad; valor regulatorio, cuando fortalece permisos, cumplimiento y trazabilidad; valor social, cuando mejora la confianza, la licencia para operar y la relación con el territorio; valor ambiental, cuando reduce impactos en agua, emisiones, relaves, biodiversidad o cierre; y valor estratégico, cuando el proyecto se vuelve más competitivo para responder a la demanda de minerales críticos.
Por eso, ESG no crea valor solo por existir. Crea valor cuando se convierte en gestión, decisión, inversión y solución.

La pregunta ejecutiva final, para la alta dirección, no debería ser: ¿Cuántas iniciativas ESG tenemos? La pregunta correcta es: ¿Qué brechas ESG pueden afectar nuestros proyectos y qué soluciones generan mayor valor al reducir esos riesgos? Esta pregunta cambia la conversación. Permite pasar de una agenda de cumplimiento a una agenda de competitividad. Permite priorizar recursos, ordenar soluciones, justificar inversiones y conectar sostenibilidad con el desarrollo real de proyectos mineros.

La creación de valor sostenible

Cierre: del diagnóstico a la acción. El primer artículo mostró que la madurez ESG permite identificar brechas de capacidad. Este segundo artículo plantea que esas brechas solo generan valor cuando se convierten en decisiones y soluciones concretas. La tesis es simple: una brecha ESG bien diagnosticada es una oportunidad de diseño estratégico. Permite anticipar riesgos, priorizar inversiones, activar soluciones y fortalecer la competitividad del proyecto minero.

La minería que requiere la transición energética no será competitiva solo por producir más minerales. Será competitiva si logra desarrollar proyectos técnicamente sólidos, financieramente bancables, ambientalmente responsables, socialmente legitimados y gobernados con estándares robustos. El camino completo es: madurez ESG, brecha identificada, riesgo estratégico, solución integrada y valor sostenible. Ahí está el verdadero sentido de pasar de los criterios ESG a la creación de valor sostenible.

La entrada Gestión estratégica de brechas ESG para fortalecer la competitividad y crear valor sostenible en proyectos mineros se publicó primero en Mundo Minería.

La minería está entrando en una etapa donde hablar de ESG ya no puede limitarse a reportes, políticas corporativas o declaraciones de compromiso. La transición energética está aumentando la demanda de minerales críticos, pero al mismo tiempo eleva las exigencias sobre cómo esos minerales son desarrollados: con mayor trazabilidad, menor impacto ambiental, mejor relación con comunidades, gobernanza robusta, acceso responsable al agua, control de relaves, reducción de emisiones y capacidad real para anticipar riesgos.

En este contexto, la pregunta central no es solo si una compañía minera reporta ESG. La pregunta verdaderamente estratégica es: ¿La organización cuenta con capacidades concretas para integrar ESG en sus decisiones de inversión, en la gestión de riesgos y en el desarrollo de sus proyectos mineros?

ESG debe integrarse a la gestión y no solo al reporte

Esta diferencia es clave. Una operación puede contar con reportes, políticas, metas e indicadores, pero eso no significa necesariamente que ESG esté integrado en sus procesos críticos, en sus decisiones de capital, en la evaluación de riesgos o en la gestión operacional del proyecto. Reportar es importante, pero no equivale automáticamente a gestionar.

Por eso, el primer paso para avanzar hacia una creación de valor sostenible es medir la madurez observable de la capacidad ESG. Es decir, identificar qué tan preparada está una operación minera para transformar criterios ambientales, sociales y de gobernanza en decisiones, controles, responsabilidades, seguimiento y mejora continua.
¿Qué significa medir madurez ESG?: Medir madurez ESG no consiste en clasificar a una empresa como “buena” o “mala” en sostenibilidad. Tampoco se trata de evaluar únicamente cuánto reporta. El foco debe estar en observar capacidades.

Medir la madurez permite identificar capacidades y brechas

Una gestión ESG madura se expresa cuando existen políticas claras, procesos implementados, indicadores relevantes, responsables definidos, evidencia de ejecución, mecanismos de control, integración con riesgos y aprendizaje organizacional. En otras palabras, cuando ESG deja de ser un discurso y comienza a operar como un sistema de gestión.

La madurez puede entenderse en cinco niveles. En un primer nivel, ESG aparece de forma declarativa, con menciones generales y poca evidencia operacional. El segundo nivel, existe reportabilidad básica, pero fragmentada o centrada principalmente en cumplimiento. En un tercer nivel, ya se observan metas, indicadores, responsables y seguimiento recurrente. Ya en un cuarto nivel, ESG se integra con decisiones estratégicas, riesgos, inversiones, contratos o planificación. Finalmente, en un quinto nivel, la organización demuestra anticipación, analítica, aseguramiento robusto y mejora continua.

El salto más relevante ocurre cuando ESG pasa de la gestión sistemática a la integración estratégica. Ahí deja de ser una función paralela y comienza a influir en el desarrollo del proyecto minero.

Brechas ESG pueden comprometer proyectos de inversión

Madurez ESG y viabilidad de proyectos mineros: La madurez ESG importa porque una brecha mal gestionada puede transformarse en un riesgo directo para la viabilidad del proyecto. En minería, los temas ambientales, sociales y de gobernanza no son asuntos externos al negocio; influyen en permisos, CAPEX, OPEX, cronograma, financiamiento, licencia social, continuidad operacional y reputación.

La brecha en gestión hídrica puede transformarse en riesgo de permisos, restricciones operacionales, mayores costos de infraestructura o conflicto territorial. Una brecha en relaves puede afectar seguridad, reputación, confianza pública y continuidad operacional. Si existe brecha en comunidades puede generar retrasos, judicialización o pérdida de licencia social. Una brecha en gobernanza puede debilitar la trazabilidad de compromisos, la calidad de las decisiones y la confianza de inversionistas.

Por eso, el diagnóstico de madurez ESG debe responder preguntas prácticas: ¿Qué evidencia demuestra que ESG se gestiona realmente?, ¿Qué capacidades faltan?, ¿Dónde está la brecha: política, proceso, indicadores, responsables, implementación, integración o seguimiento?,¿Qué riesgo puede generar esa brecha para el proyecto?
Estas preguntas permiten transformar la mirada ESG desde una lógica de cumplimiento hacia una lógica de gestión estratégica.

De la evidencia a la brecha: El gran valor de una evaluación de madurez ESG está en ordenar la evidencia. No basta con saber que existe una política ambiental o un reporte de sostenibilidad. Lo importante es verificar si esa política se traduce en procesos, si esos procesos tienen responsables, si existen indicadores, si hay seguimiento, si se toman decisiones con esa información y si se corrigen desviaciones.

Por ejemplo, una operación puede declarar compromiso con el uso eficiente del agua, pero si no cuenta con balance hídrico robusto, indicadores trazables, escenarios de estrés, integración con permisos y decisiones de inversión, su madurez real será limitada. Del mismo modo, una operación puede reportar relacionamiento comunitario, pero si no existe trazabilidad de compromisos, mecanismos de reclamo, participación temprana y gobernanza territorial, la capacidad de gestión social seguirá siendo frágil.

Ahí aparece la brecha. Y la brecha no debe entenderse como una observación aislada, sino como una capacidad faltante que puede afectar la viabilidad del proyecto.

De la evidencia a la gestión estratégica

La pregunta que debe hacerse la alta dirección: Para un ejecutivo minero, la madurez ESG no debe ser vista como un ranking ni como una etiqueta reputacional. Debe ser una herramienta para anticipar riesgos y mejorar decisiones de inversión. La pregunta correcta no es: ¿Tenemos ESG?, La pregunta correcta es: ¿Tenemos la capacidad suficiente para gestionar los riesgos ESG que pueden afectar nuestros proyectos de capital?

Esa pregunta conecta directamente con permisos, CAPEX, OPEX, cronograma, financiamiento, licencia social, productividad, continuidad operacional y competitividad. Una organización que no mide su madurez ESG puede creer que está avanzando porque reporta más, pero seguir expuesta a riesgos críticos que todavía no ha transformado en capacidades.

Madurez ESG como punto de partida: La transición energética necesita minerales críticos, pero esos minerales solo podrán desarrollarse mediante proyectos mineros capaces de demostrar viabilidad técnica, financiera, ambiental, social y de gobernanza. En ese escenario, ESG no puede quedar al final del proceso como un requisito de reporte. Debe estar integrado desde las etapas tempranas de evaluación, diseño, financiamiento y ejecución.

Por eso, medir madurez ESG es el punto de partida. Permite saber dónde está la organización, qué evidencia existe, qué capacidad falta y qué riesgos pueden emerger si esas brechas no se gestionan.

La tesis de este primer artículo es simple:La madurez ESG permite transformar evidencia dispersa en un diagnóstico estratégico de capacidades. Ese diagnóstico revela brechas que, si no se gestionan, pueden convertirse en riesgos críticos para el desarrollo de proyectos mineros.

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El presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada, afirmó que el desempeño operacional del segundo trimestre se mantuvo estable y alineado con las expectativas del Grupo.

«Logramos resultados consistentes durante el segundo trimestre, con una producción de cobre en línea con el trimestre anterior y con disciplina para controlar los costos. La proyección para este año permanece sin cambios, con una producción que va a ir en aumento durante los próximos meses gracias a mejores leyes y mayor procesamiento de minerales tanto en Los Pelambres como en Centinela».

La compañía informó además que unas 7.000 toneladas de cobre ya procesadas permanecen almacenadas en la planta concentradora de Los Pelambres. Esto se debe a una mantención prolongada del concentraducto y dichas toneladas serán reconocidas como producción filtrada durante el segundo semestre. Con este escenario, Antofagasta Minerals mantiene su meta de producir entre 650.000 y 700.000 toneladas de cobre al cierre de 2026.

Menor costo neto de caja pese al alza de los insumos

El Grupo señaló que el contexto internacional elevó el precio de insumos relevantes para la minería, como el petróleo y el ácido sulfúrico. No obstante, gracias al aporte de los subproductos, el costo neto de caja disminuyó hasta US$1,22 por libra, lo que representa una reducción de 8% frente al primer semestre de 2025. Arriagada explicó que la empresa continúa enfocada en asegurar el abastecimiento de insumos críticos, fortalecer la eficiencia operacional y mantener un estricto control de costos para enfrentar las presiones inflacionarias que afectan a la industria minera.

Antofagasta Minerals informó que sus principales proyectos de expansión continúan ejecutándose según la planificación. En Centinela avanzan las actividades previas al comisionamiento de la segunda planta concentradora, cuya puesta en marcha se espera durante 2027. En Los Pelambres también continúan las inversiones contempladas dentro de su plan de crecimiento, orientadas a aumentar la capacidad productiva de la operación.

Durante el segundo trimestre, la compañía aprobó la inversión para asegurar el suministro de agua de largo plazo de Minera Zaldívar. El proyecto permitirá utilizar agua tratada proveniente de la ciudad de Antofagasta, incorporando principios de economía circular y apoyando la extensión de la vida útil de la mina hasta 2051. La empresa destacó que esta iniciativa fortalece su estrategia de sostenibilidad y gestión responsable del recurso hídrico.

Seguridad y perspectivas positivas

El Grupo también informó que mantuvo sólidos indicadores de seguridad durante el semestre. La compañía no registró accidentes fatales y logró una tasa de incidentes con tiempo perdido inferior a uno. Respecto del mercado, Iván Arriagada sostuvo que los fundamentos del cobre continúan siendo favorables. El ejecutivo señaló que la demanda permanece sólida debido al avance de la electrificación, la seguridad energética, el desarrollo de infraestructura digital y el crecimiento de la inteligencia artificial, mientras la oferta global sigue limitada.

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Durante la sesión, encabezada por la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, los secretarios de Estado revisaron las reclamaciones relacionadas con la continuidad operacional de la División Ministro Hales. La iniciativa considera la extensión de la vida útil de la faena y el desarrollo futuro del yacimiento. Además, contempla incrementar el procesamiento de mineral y elevar la producción de concentrado de cobre desde 700.000 toneladas anuales hasta 830.000 toneladas. Con el rechazo de las reclamaciones, la Resolución de Calificación Ambiental permanece vigente, permitiendo que el proyecto continúe avanzando conforme a la normativa ambiental.

Comité de Ministros suma proyectos por más de US$11.455 millones

La instancia sesionó por octava vez durante la administración del Presidente José Antonio Kast y por décima ocasión en lo que va del año. Con esta reunión, el Comité de Ministros ya ha revisado 20 proyectos que mantenían recursos de reclamación pendientes. En conjunto, estas iniciativas representan inversiones superiores a US$11.455 millones, fortaleciendo la certeza regulatoria para proyectos públicos y privados.

En la sesión extraordinaria participaron los ministros de Economía, Fomento y Turismo y de Minería, Daniel Mas, y de Agricultura, Jaime Campos. Las autoridades rechazaron todas las reclamaciones presentadas respecto de los tres proyectos revisados. La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, destacó que el funcionamiento periódico del Comité ha permitido agilizar la resolución de estos procesos.

«El compromiso que asumimos de sesionar mensualmente como Comité de Ministros nos ha permitido dar agilidad institucional a este proceso. Este calendario entrega certeza a todos los actores involucrados y beneficia directamente a la ciudadanía. Gracias a este compromiso pudimos resolver rápidamente las reclamaciones que mantenía pendientes el nuevo Instituto Nacional del Cáncer, por lo que su ejecución podrá seguir adelante».

Las autoridades también subrayaron que los tres proyectos analizados fueron revisados dentro de los plazos establecidos por la legislación ambiental, en línea con el mandato del Ejecutivo.

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Tronadura permitirá evaluar el material del futuro depósito de relaves

El principal objetivo de esta primera tronadura fue obtener el lastre necesario para habilitar las canchas de prueba donde se analizará el comportamiento del material destinado a conformar el muro del depósito de relaves. Los resultados permitirán generar información técnica relevante para validar el diseño y apoyar la planificación de las siguientes etapas del Proyecto Santo Domingo. Según indicó la empresa, este proceso constituye un paso fundamental dentro de la ingeniería del proyecto. De esta manera, los equipos podrán evaluar las características del material antes de avanzar hacia fases posteriores.

La jornada fue encabezada por el director del Proyecto Santo Domingo, Sergio Gaete Angel, quien lideró las actividades técnicas asociadas a este importante hito. También participó el alcalde de Diego de Almagro, Mario Araya, junto con profesionales de Capstone Copper y representantes de empresas colaboradoras vinculadas al desarrollo de la iniciativa. La presencia de autoridades locales destacó la importancia que el proyecto representa para la comuna y para el desarrollo productivo de la Región de Atacama.

Producción de cobre, hierro y cobalto

El Proyecto Santo Domingo cuenta con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable y considera la producción de cobre, hierro y cobalto. Su desarrollo busca consolidarse como una iniciativa estratégica para la minería chilena, aportando a la diversificación de la producción minera en Atacama y fortaleciendo la oferta de minerales esenciales para la transición energética. Además, el proyecto proyecta generar oportunidades de empleo, contratación de servicios y dinamización económica durante las distintas etapas de ejecución.

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La comunidad sostiene que la evaluación ambiental presentó deficiencias en el análisis de los impactos sobre el medio humano. También afirma que el proceso debió incorporar una Consulta Indígena y las reuniones establecidas en el artículo 86 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Durante la audiencia, el abogado Ladislao Quevedo, representante de la Comunidad Indígena Colla Tata Inti, sostuvo que la determinación del área de influencia del proyecto fue insuficiente. Según expuso, la línea de base del medio humano omitió información relevante para evaluar adecuadamente los efectos sobre la comunidad.

El profesional argumentó que la evaluación no consideró el proyecto de optimización de Candelaria. A su juicio, esa omisión impidió analizar los impactos acumulativos en el sector de Nantoco, donde residen integrantes de la comunidad. Asimismo, cuestionó la modelación de emisiones atmosféricas. Indicó que el estudio utilizó un solo contaminante para definir el área de influencia, pese a que cada contaminante presenta un comportamiento distinto. La reclamante también afirmó que el proyecto podría generar riesgos para la salud de la población. Además, sostuvo que la autoridad ambiental debió desarrollar un proceso de Consulta Indígena debido a los eventuales efectos sobre integrantes del pueblo Colla.

El Servicio de Evaluación Ambiental solicitó el rechazo de la reclamación. Su representación sostuvo que la comunidad no acreditó antecedentes suficientes para justificar su interés durante la tramitación administrativa y que se encuentra fuera del área de influencia del proyecto. La abogada Karla Figueroa explicó que la evaluación concluyó que no existen rutas de trashumancia, sitios de significación cultural ni instalaciones comunitarias dentro del área de influencia definida para el medio humano.

En consecuencia, afirmó que no correspondía realizar una Consulta Indígena ni convocar las reuniones contempladas en el artículo 86 del Reglamento del SEIA. Respecto de la calidad del aire, la representante del SEA señaló que el proyecto se emplaza en una zona saturada por material particulado MP10. Sin embargo, aseguró que los aportes proyectados permanecen bajo los niveles de significancia establecidos por la normativa ambiental.

Titular del proyecto defiende la evaluación técnica

El abogado Enrique Oyarzún, en representación de Minera Altair S.A., respaldó los argumentos del SEA. Indicó que la comunidad reclamante no mantiene una vinculación territorial suficiente con el área de influencia del proyecto. Además, sostuvo que los informes de la evaluación ambiental descartan la existencia de rutas de trashumancia reconocidas por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) dentro del área evaluada.

Respecto de las emisiones atmosféricas, afirmó que los aportes de MP10 y MP2,5 proyectados por la iniciativa son marginales. A su juicio, la reclamación no acredita una ilegalidad que permita invalidar la Resolución de Calificación Ambiental favorable.

Proyecto La Farola contempla una inversión de US$260 millones

Tras concluir la audiencia, Primer Tribunal Ambiental analiza reclamación contra proyecto minero La Farola y dejó la causa en estudio para revisar los antecedentes presentados por las partes. Posteriormente, los ministros deberán adoptar un acuerdo y designar al integrante encargado de redactar la sentencia.

Características del proyecto

El proyecto Explotación y Procesamiento de Minerales La Farola se ubicará en la comuna de Tierra Amarilla, aproximadamente a 10 kilómetros al suroeste de la localidad de Nantoco. La iniciativa contempla una mina a rajo abierto, una planta de procesamiento y un depósito de relaves filtrados. Su diseño considera una producción anual de 90 mil toneladas de concentrado de cobre con contenido de oro durante 15 años de operación. La inversión estimada alcanza US$260 millones, consolidándose como uno de los proyectos mineros relevantes actualmente en evaluación judicial en la Región de Atacama.

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La actividad fue encabezada por el biministro de Energía y Minería, Daniel Mas, y reunió a ejecutivos del sector para evaluar el impacto que tendrá la propuesta en el desarrollo de nuevos proyectos mineros. El encuentro puso énfasis en la necesidad de contar con un marco regulatorio estable para aprovechar el potencial de Chile en minerales críticos.

Consejo Minero destaca el potencial de la iniciativa

El presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, afirmó que Chile posee condiciones excepcionales para consolidar su liderazgo mundial en cobre y litio. Sin embargo, sostuvo que será indispensable generar un entorno favorable para concretar la cartera de inversiones del sector.

«El mundo entero está clamando por más minerales. Chile tiene el 21% de las reservas de cobre y el 25% del litio, además de una cartera de proyectos superior a los US$104 mil millones. Este proyecto de ley viene, de alguna manera, a facilitar que se realicen esas inversiones», señaló.

Villarino explicó que la propuesta incorpora medidas para incentivar la inversión. Entre ellas destacó la rebaja gradual del impuesto corporativo, la invariabilidad tributaria para grandes proyectos y una tramitación ambiental más ágil. No obstante, indicó que estos cambios deberán coordinarse con otras reformas regulatorias actualmente en discusión.

Durante el encuentro, Villarino moderó un panel junto al exsubsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Irarrázaval, y el exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Ricardo Escobar. Irarrázaval valoró los esfuerzos por agilizar los permisos ambientales, pero advirtió que la iniciativa no resolverá por sí sola todos los obstáculos que enfrentan las inversiones. El exsubsecretario identificó como desafíos pendientes la aplicación de la Ley de Delitos Ambientales y la incertidumbre sobre cuándo las modificaciones de un proyecto deben volver a ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. A su juicio, esa discrecionalidad genera incertidumbre jurídica y dificulta la planificación de nuevas inversiones.

Invariabilidad tributaria requiere mayor precisión

Ricardo Escobar centró su intervención en el régimen de invariabilidad tributaria contemplado en el proyecto. Aunque valoró la intención de entregar estabilidad a los inversionistas, sostuvo que algunos conceptos aún necesitan mayor desarrollo técnico. El exdirector del Servicio de Impuestos Internos señaló que varios aspectos de la propuesta requieren definiciones más claras antes de que los inversionistas adopten decisiones de largo plazo. Asimismo, afirmó que la estabilidad jurídica resulta más relevante que la duración específica del beneficio tributario. En su opinión, un amplio acuerdo político otorgaría mayor confianza al mercado.

Durante la apertura del encuentro, el biministro de Energía y Minería, Daniel Mas, sostuvo que la minería y la energía requieren reglas claras para impulsar inversiones de largo plazo. «La minería y la energía no son negocios de corto plazo. Para que esas inversiones ocurran necesitamos confianza en las instituciones, certeza jurídica e incentivos adecuados», afirmó.

El secretario de Estado explicó que el Proyecto de Ley de Reconstrucción considera una reducción gradual del impuesto corporativo, mecanismos de invariabilidad tributaria para proyectos de gran escala y medidas destinadas a simplificar la tramitación ambiental, sin disminuir los estándares de protección.

Además, enfatizó que el Gobierno busca fortalecer la eficiencia del Estado en la entrega de permisos. «Queremos un sistema donde la fiscalización ambiental tenga un alto estándar técnico, pero donde las reglas sean claras y las respuestas lleguen a tiempo. Un permiso congelado durante años por decisiones burocráticas es una negligencia que este Gobierno no va a tolerar», concluyó.

Los participantes coincidieron en que el proyecto constituye una señal relevante para recuperar la competitividad de Chile y acelerar el desarrollo de nuevas inversiones mineras. Sin embargo, señalaron que el éxito de la iniciativa dependerá de perfeccionar los aspectos regulatorios, ambientales y tributarios que aún generan incertidumbre. Solo con reglas claras y estabilidad jurídica será posible materializar la amplia cartera de proyectos que impulsa el crecimiento del sector minero.

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La exposición se realizó en el seminario “Minería y Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico”, organizado por Marsh Risk. La actividad reunió a ejecutivos, representantes gremiales y actores del ecosistema público y privado vinculados a ambas industrias.

Durante su intervención, Daniel Mas sostuvo que el Ejecutivo impulsa un cambio orientado a fomentar el emprendimiento, la innovación y la inversión privada. La autoridad señaló que el proyecto constituye uno de los principales pilares de la estrategia económica del Gobierno. Según explicó, el objetivo es transformar al Estado en un facilitador del desarrollo productivo y generar condiciones que permitan acelerar la ejecución de proyectos.

Uno de los principales ejes del Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional contempla una reducción gradual del impuesto corporativo desde el 27% hasta el 23%. De acuerdo con el biministro, esta medida busca mejorar la competitividad internacional de Chile. Además, permitirá acercar la carga tributaria a los promedios de los países de la OCDE y fortalecer la posición del país frente a otros destinos de inversión en la región. La propuesta también considera restablecer la invariabilidad tributaria para grandes inversiones. De esta manera, las condiciones impositivas podrán mantenerse estables por períodos de hasta 15 o 20 años, según la magnitud de cada proyecto.

El secretario de Estado destacó que la iniciativa incorpora medidas destinadas a reducir los tiempos asociados a la tramitación de permisos. En ese contexto, sostuvo que el Gobierno busca fortalecer la fiscalización ambiental con altos estándares técnicos. Sin embargo, enfatizó que las instituciones también deben entregar respuestas oportunas para evitar retrasos que afecten el desarrollo de nuevas inversiones. Según explicó, un rechazo fundamentado técnicamente forma parte del proceso regulatorio. En cambio, afirmó que la demora prolongada en la resolución de permisos genera incertidumbre y limita la competitividad del país.

Durante el encuentro, Daniel Mas reiteró el llamado a desarrollar la cartera de proyectos mineros y energéticos actualmente en evaluación. El biministro destacó que Chile cuenta con ventajas competitivas gracias a su potencial minero, solar y eólico. A su juicio, esos recursos posicionan al país como un actor relevante para la transición energética global. Finalmente, sostuvo que el desafío consiste en crear condiciones que permitan acelerar la inversión y la producción. Con ello, el Gobierno espera impulsar el crecimiento económico, generar empleo y consolidar el liderazgo de Chile en los mercados internacionales de minerales críticos y energías limpias.

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Reactivan acuerdo para fortalecer la minería fronteriza

El encuentro forma parte de una agenda bilateral destinada a impulsar nuevas inversiones y consolidar una alianza estratégica. Ambos países buscan responder a la creciente demanda internacional por minerales críticos, esenciales para la transición energética. Durante la reunión, las autoridades coincidieron en que la cooperación permitirá desarrollar proyectos con menores costos. Además, facilitará el uso compartido de infraestructura y mejorará la competitividad de la minería en la zona fronteriza. El subsecretario de Minería, Álvaro González, afirmó que la integración permitirá aumentar la oferta de minerales críticos hacia los mercados internacionales. También destacó que la cooperación favorecerá el desarrollo de proyectos con mayores niveles de eficiencia.

Hacia una integración productiva entre Chile y Argentina

La autoridad señaló que el desafío ya no consiste únicamente en ejecutar proyectos binacionales. El objetivo apunta a construir un modelo de integración productiva que incorpore infraestructura compartida, proveedores, innovación tecnológica y desarrollo de capacidades. Asimismo, González indicó que Chile debe capturar una mayor parte del valor económico asociado a la expansión minera. En ese contexto, destacó que existe una cartera superior a US$20.700 millones que puede traducirse en nuevas inversiones, empleo, innovación y crecimiento para las regiones.

El Tratado de Integración y Complementación Minera busca precisamente avanzar hacia ese escenario. La iniciativa pretende transformar la actividad minera fronteriza en un motor para el desarrollo de puertos, logística, ingeniería y servicios especializados. Chile y Argentina comenzaron a trabajar en la reactivación del tratado durante mayo de este año. El acuerdo fue firmado en 1997 y estableció el marco jurídico para desarrollar proyectos mineros que involucran ambos territorios. Su reactivación coincide con un nuevo ciclo de inversiones mineras en Argentina. Este escenario abre oportunidades para fortalecer la cooperación binacional y aprovechar las ventajas competitivas de ambos países.

Agenda internacional para atraer inversiones

La reactivación del tratado forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el Ministerio de Minería. Chile busca consolidarse como un socio confiable para el suministro mundial de cobre, litio y otros minerales críticos. Durante la última semana, el país recibió delegaciones de Emiratos Árabes Unidos y Japón. Ambas manifestaron interés en ampliar la cooperación con Chile en materias relacionadas con la minería y la transición energética.

Las conversaciones abordaron oportunidades de inversión en proyectos de infraestructura, exploración greenfield, descarbonización y uso de agua desalada. También analizaron mecanismos de financiamiento para fortalecer el desarrollo del sector. Con esta agenda internacional, el Gobierno espera impulsar nuevas inversiones, fortalecer la competitividad de la minería chilena y consolidar la integración con países estratégicos para el crecimiento de la industria.

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Desde la integración de los yacimientos Esperanza y Tesoro en 2014, la operación ha evolucionado hacia un modelo de minería de gran escala. Hoy, el desarrollo de nuevos proyectos posiciona a Centinela como un actor estratégico dentro de la cartera de crecimiento de Antofagasta Minerals.

La mayor inversión en la historia de Antofagasta Minerals

Uno de los pilares de esta nueva etapa corresponde a la construcción de la segunda planta concentradora, proyecto que representa una inversión de US$4.400 millones, la más alta realizada por Antofagasta Minerals. La nueva instalación iniciará su operación durante 2027 y permitirá incrementar la producción en 144.000 toneladas de cobre por año. Además, extenderá la vida útil del distrito minero por más de tres décadas. Con este crecimiento, la compañía fortalecerá su posición como uno de los principales productores de cobre del país.

Tecnología autónoma impulsa una operación de mayor escala

La transformación también incorpora innovación operacional. Minera Centinela avanza hacia una de las mayores flotas de camiones autónomos de Chile, con más de un centenar de equipos proyectados para fines de este año. La tecnología comenzó a operar en Esperanza Sur durante 2023 y posteriormente se incorporó a Encuentro Sulfuros en 2026. Ambos yacimientos son los únicos de Antofagasta Minerals que utilizan este sistema de operación autónoma.

En 2027, Centinela proyecta convertirse en el único distrito minero del país con cinco rajos operando de manera simultánea. A ello se sumarán el proyecto Polo Sur Óxidos y nuevas fases de explotación en los rajos Mirador y El Llano. Estas iniciativas permitirán aprovechar recursos estimados en cerca de 45 millones de toneladas de sulfuros y 40 millones de toneladas de óxidos de cobre, consolidando una capacidad de movimiento cercana a 1,3 millones de toneladas de material por día.

El gerente general de Minera Centinela, Nicolás Rivera, destacó que este crecimiento generará oportunidades para el Grupo, la Región de Antofagasta y las comunidades donde opera la empresa, mediante más empleo, contratación de proveedores y desarrollo territorial.

Personas y comunidades como eje del crecimiento

Actualmente, la compañía reúne una dotación de 9.400 trabajadores y trabajadoras, entre personal propio y empresas colaboradoras. El 30% de la fuerza laboral corresponde a mujeres, mientras que el 40% de los trabajadores proviene de la Región de Antofagasta, fortaleciendo el empleo local. La empresa también impulsa programas de desarrollo comunitario enfocados en empleabilidad, capacitación, infraestructura y fortalecimiento de capacidades. Entre las iniciativas destaca el apoyo a la construcción de la planta de ósmosis inversa de Michilla, proyecto que permitirá asegurar un suministro sostenible de agua potable para la comunidad mediante un trabajo conjunto con autoridades locales y organizaciones territoriales.

En la comuna de Sierra Gorda, Minera Centinela ejecuta dos proyectos de alto impacto social: el Centro Cultural y Comunitario y la pavimentación de nuevas calles. Ambas iniciativas superan los US$30 millones de inversión y serán entregadas durante el segundo semestre de este año. Los proyectos forman parte de los compromisos asumidos con la comunidad a través del Comité Estratégico Minero encabezado por la alcaldesa Adriana Rivera. Las obras también se alinean con la Estrategia Minera para el Bienestar de la Región de Antofagasta, impulsada por el Gobierno Regional.

Un distrito minero preparado para las próximas décadas

Minera Centinela cumple 12 años consolidando un modelo de crecimiento basado en innovación tecnológica, productividad y sostenibilidad. La expansión permitirá aumentar la producción de cobre, prolongar la vida útil de la operación y fortalecer el desarrollo económico de la Región de Antofagasta. Con una inversión histórica, mayor automatización y un fuerte compromiso con las comunidades, la compañía proyecta una nueva etapa de crecimiento que busca generar valor para sus trabajadores, proveedores, territorios y para la minería chilena.

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El encuentro abordó temas estratégicos como el acceso al recurso hídrico, la infraestructura energética, el capital humano y el desarrollo sostenible. Todos estos factores resultan esenciales para concretar nuevos proyectos de cobre, hierro, oro y minerales críticos en la región.

SONAMI fortalece su presencia en las regiones mineras

La Sociedad Nacional de Minería participó en el conversatorio «Desafíos Hídricos e Infraestructura Energética Regional para Proyectos Mineros«. Esta instancia permitió intercambiar experiencias y propuestas para mejorar la competitividad del sector. La actividad se enmarca en uno de los ejes estratégicos del gremio, orientado a reforzar el trabajo en terreno y mantener una relación permanente con las regiones donde se desarrolla la actividad minera.

El vicepresidente de Mediana Minería de SONAMI, Luis Manuel Rodríguez, destacó la importancia de acercar el gremio a los territorios donde opera la industria. «Para SONAMI es fundamental poder acercarnos a las regiones. Queremos estar donde se produce la minería y no solamente en Santiago, sino cerca de los productores», afirmó.

Atacama enfrenta un nuevo ciclo de inversiones mineras

El conversatorio coincidió con el crecimiento de la cartera de proyectos mineros que se desarrollan en la Región de Atacama. Las inversiones contemplan iniciativas en cobre, hierro, oro y minerales críticos, consolidando al territorio como uno de los principales polos mineros del país. Durante la jornada, los participantes coincidieron en que la disponibilidad de agua, la infraestructura energética y el desarrollo de capital humano serán determinantes para concretar estos proyectos. El gobernador regional, Miguel Vargas, destacó que la colaboración entre instituciones constituye un requisito para impulsar el desarrollo.

«La clave para que tengamos éxito y seamos más competitivos desde los territorios está en desarrollar una estrategia basada en la colaboración», sostuvo.

Sector público y privado

Representantes de empresas y organizaciones vinculadas a la minería coincidieron en que la cooperación público-privada será fundamental para acelerar las inversiones. El director de Asuntos Externos de Kinross Chile, Patricio Pinto, señaló que la colaboración debe transformarse en un pilar del desarrollo minero. Añadió que el Estado cumple un rol clave para facilitar ese proceso.

Por su parte, la gerente de Regulación de ACADES, Camila Astorga Valenzuela, valoró estos espacios de diálogo porque permiten conocer las necesidades del territorio y fortalecer la coordinación entre los distintos actores. En tanto, el gerente comercial de ENEL, Claudio Candía, indicó que existe disposición para materializar proyectos de inversión mediante una colaboración efectiva entre el sector público y privado.

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Actualmente, las operaciones cuentan con autorizaciones ambientales vigentes hasta 2030. La nueva iniciativa propone ampliar ese horizonte por tres décadas adicionales mediante una transformación gradual del sistema productivo. El proyecto mantendrá la infraestructura operacional existente. Además, incorporará tecnologías de extracción selectiva de litio para aumentar la eficiencia del proceso y reducir su impacto ambiental. Entre las soluciones consideradas destacan la evaporación forzada, el uso de membranas y la Extracción Directa de Litio (DLE). Estas herramientas permitirán modernizar el proceso productivo durante la transición.

Transición hacia el uso de agua recuperada

Uno de los principales cambios contempla una transición de siete años en la gestión del agua. Durante ese período, la operación disminuirá de forma progresiva el uso de agua continental. Al finalizar el proceso, la faena utilizará exclusivamente agua recuperada dentro de su circuito operacional. Esta medida busca fortalecer la sostenibilidad del proyecto y optimizar el uso del recurso hídrico.

Capacidad de producción prevista

El proyecto considera una capacidad de producción de hasta 470.000 toneladas anuales de Equivalente de Carbonato de Litio (LCE). Además, contempla la obtención de sales potásicas y otros productos derivados. La iniciativa se estructurará en cinco áreas interdependientes: Salar de Atacama, Sector Oeste, Sector Este, Sector Camino y tubería Interplantas, además del sector de infraestructura eléctrica. Este esquema permitirá coordinar todas las actividades bajo un sistema integrado. La planificación busca asegurar la continuidad operacional durante todo el período de ejecución.

La mayor parte de las obras se ubicará en el Salar de Atacama, en la comuna de San Pedro de Atacama. Parte de la infraestructura eléctrica se instalará en las comunas de Sierra Gorda y Antofagasta. El proyecto también contempla trabajos específicos en la Zona Marginal del Salar de Atacama. Estas actividades permitirán habilitar y monitorear pozos vinculados al Plan de Seguimiento Ambiental Hídrico (PSAH).

Con el ingreso del Estudio de Impacto Ambiental al SEIA, el Proyecto Salar Futuro inicia su proceso de evaluación ambiental. La iniciativa busca asegurar la continuidad de la producción de litio mediante innovación tecnológica, eficiencia operacional y una nueva estrategia de gestión hídrica.

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El estudio, elaborado por el Centro de Estudios Mineros de SONAMI, plantea que la minería chilena opera mediante territorios interconectados. En estos espacios conviven operaciones, infraestructura y proyectos que generan sinergias más allá de los límites administrativos.

La investigación identifica 13 distritos productivos y 6 distritos potenciales distribuidos a lo largo del país. Los primeros concentran la producción que actualmente sostiene la actividad minera nacional. Los distritos potenciales, en tanto, representan nuevas oportunidades para desarrollar minerales críticos. Entre ellos destacan proyectos relacionados con litio, hierro, oro y yacimientos polimetálicos, todos esenciales para la transición energética y la electromovilidad.

El estudio busca fortalecer la competitividad minera

La presentación del informe fue encabezada por el presidente de SONAMI, Jorge Riesco, junto a la gerente general, Carolina Vásquez, y el gerente de Estudios, Reinaldo Salazar. Riesco afirmó que analizar la minería mediante distritos facilita la identificación de oportunidades de desarrollo. Además, permite definir las condiciones necesarias para transformar el potencial geológico en inversión, empleo y crecimiento económico. El dirigente agregó que Chile enfrenta el desafío de revertir el estancamiento de la producción de cobre. Según indicó, el país mantiene niveles cercanos a 5,5 millones de toneladas anuales desde hace más de dos décadas.

El estudio incorpora información sobre inversión histórica y proyectada hasta 2040. Este análisis permite visualizar dónde la industria planea desarrollar futuras operaciones. Orlando Castillo, gerente general de la Corporación de Bienes de Capital (CBC), explicó que esta información facilita la planificación territorial. También ayuda a proveedores y organismos públicos a identificar oportunidades y coordinar inversiones entre distintos distritos.

El informe advierte que varios proyectos enfrentan importantes restricciones para avanzar hacia la producción. Entre ellas destacan las brechas en infraestructura y los extensos procesos de tramitación ambiental y sectorial. Según SONAMI, algunos permisos pueden superar los once años de duración. Esta situación afecta especialmente a la mediana minería y limita la materialización de nuevas inversiones. El gremio propone reemplazar el enfoque fragmentado de las políticas públicas por una planificación distrital. Este modelo permitiría abordar de manera conjunta las necesidades de infraestructura logística, hídrica y energética.

Planificación de largo plazo

La investigación concluye que adoptar una lógica territorial facilitará la coordinación entre el Estado y el sector privado. También permitirá anticipar cuellos de botella y diseñar regulaciones acordes con las características de cada distrito. Para SONAMI, agilizar los procesos regulatorios y desarrollar infraestructura compartida son condiciones esenciales para recuperar la competitividad internacional de Chile. El gremio sostiene que esta estrategia permitirá aprovechar la creciente demanda mundial de minerales críticos y transformar el potencial geológico del país en desarrollo económico y bienestar social.

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Proyecto de US$7.500 millones

El proyecto Continuidad Operacional y Desarrollo de Planta Concentradora con Transición Hídrica a Agua Desalada contempla una inversión de US$7.500 millones. Su objetivo consiste en prolongar las operaciones de Minera El Abra más allá del año 2029. La iniciativa considera la construcción de una nueva línea de procesamiento de sulfuros. También incorpora la ampliación del rajo y una planta concentradora con capacidad para procesar 300 mil toneladas diarias de mineral. El proyecto incluye un depósito de relaves espesados, nuevas instalaciones de chancado, botaderos y una correa transportadora de aproximadamente 25 kilómetros.

Uno de los componentes principales corresponde a una planta desaladora ubicada al sur de Tocopilla. La infraestructura abastecerá de agua de mar desalada a la faena mediante un acueducto de cerca de 150 kilómetros, que llegará hasta las instalaciones ubicadas a 76 kilómetros de Calama. Las observaciones al proyecto de continuidad operacional de Minera El Abra incluyen consultas sobre la captación de agua de mar y la descarga de salmuera. Los organismos también solicitaron antecedentes sobre el uso de reactivos y las medidas para disminuir impactos en especies marinas. El ICSARA incorpora requerimientos relacionados con las obras submarinas, las tronaduras, la resuspensión de sedimentos y el transporte marítimo de tuberías necesarias para la construcción del sistema.

Balance hídrico y protección ambiental

El SEA también pidió complementar la información sobre la extracción de agua desde el salar de Ascotán. Entre los antecedentes solicitados figuran los caudales históricos de los pozos, el balance hídrico de la operación y la recuperación de agua desde el depósito de relaves. Además, los servicios públicos requirieron evaluar con mayor detalle los posibles efectos del cambio climático sobre la disponibilidad futura del recurso hídrico y su impacto en la operación.

Seguridad operacional y aspectos laborales

El informe incluye observaciones relacionadas con la seguridad del depósito de relaves y los sistemas de drenaje. Asimismo, solicita antecedentes adicionales sobre los planes de emergencia y el manejo de residuos durante la construcción y operación del proyecto. Los organismos revisores también formularon requerimientos sobre transporte, contratación de trabajadores y la capacidad de los campamentos previstos para las distintas etapas de ejecución. Con la emisión del primer ICSARA, el proyecto continúa su tramitación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La respuesta de la empresa permitirá al SEA y a los organismos competentes continuar con el análisis técnico de una de las mayores inversiones mineras actualmente en evaluación en Chile.

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