Cuestionan evaluación ambiental del proyecto

Uno de los recursos sostiene que la evaluación ambiental no consideró adecuadamente observaciones ciudadanas relacionadas con la disponibilidad y calidad del recurso hídrico. Además, plantea que existía información insuficiente para descartar posibles impactos sobre la calidad del aire en el área de influencia del proyecto. La Municipalidad de La Ligua argumenta que la iniciativa debió ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental mediante un Estudio de Impacto Ambiental y no a través de una Declaración de Impacto Ambiental.

Según el municipio, la operación podría generar riesgos para la salud debido a los efluentes asociados al procesamiento mineral. También advierte posibles efectos sobre la cantidad y calidad de las aguas en una zona considerada de alta sensibilidad hídrica. La acción judicial agrega posibles alteraciones a sistemas de vida de grupos humanos y la cercanía del proyecto al Santuario de la Naturaleza Salinas de Pullalli-Dunas de Longotoma. Por su parte, vecinos de La Ligua y Papudo sostienen que la iniciativa se emplaza en un área restringida para el desarrollo urbano según la planificación territorial vigente.

SEA defiende la aprobación del proyecto

El Servicio de Evaluación Ambiental solicitó al Tribunal rechazar todas las reclamaciones. El organismo afirmó que la evaluación descartó correctamente impactos significativos sobre los recursos hídricos. La entidad señaló que los estudios consideraron escenarios conservadores de extracción de agua durante toda la vida útil del proyecto. Según el SEA, la iniciativa contempla un caudal máximo de extracción de 2,52 litros por segundo. Asimismo, indicó que los análisis de calidad del aire utilizaron modelos de dispersión de contaminantes y antecedentes meteorológicos validados por la normativa ambiental.

El SEA también sostiene que el proyecto no afectará directamente el Santuario de la Naturaleza Salinas de Pullalli-Dunas de Longotoma ni el bosque de olivillos protegido en la Quebrada Las Tablas. Respecto a la compatibilidad territorial, el organismo argumenta que la actividad minera cuenta con respaldo legal y que la normativa sectorial prevalece sobre las restricciones establecidas en el Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso.

 ¿En qué consiste el proyecto?

El proyecto minero Pullalli busca extender la vida útil de la Planta Pullalli por cinco años. Para ello, propone modificar el proceso actual de lixiviación agitada por un sistema de lixiviación en pilas. La iniciativa incorpora nuevas instalaciones para aglomeración, lixiviación primaria y secundaria, además de una planta de Columna de Intercambio Catiónico y una planta de elución. Con estos cambios, la empresa busca mantener la continuidad operacional de la planta procesadora de minerales auríferos.

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Los reclamantes sostienen que la evaluación no consideró adecuadamente las observaciones relacionadas con las comunidades indígenas. También afirman que existieron deficiencias en el análisis de posibles efectos sobre recursos hídricos, biodiversidad y áreas protegidas. Según la presentación judicial, el proyecto contempla 12 sondajes de exploración minera distribuidos en nueve plataformas ubicadas en el cerro Anocarire. La iniciativa busca determinar la presencia de cobre, oro y plata en la zona.

Las organizaciones señalan que el área del proyecto se encuentra en territorios ancestrales utilizados por comunidades Aymara y Quechua. En el sector existirían caminos troperos, zonas de pastoreo, vertientes, bofedales y espacios ceremoniales. Además, destacan que el cerro Anocarire posee un valor espiritual relevante dentro de la cosmovisión Aymara. Para las comunidades, el lugar representa un “Mallku” o cerro sagrado.

Los reclamantes cuestionan que la iniciativa ingresara al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). A su juicio, el proyecto debió someterse a un Estudio de Impacto Ambiental debido a sus posibles efectos sobre comunidades indígenas y ecosistemas sensibles. Entre las áreas cercanas mencionadas figuran la Reserva Nacional Las Vicuñas y la Reserva de la Biosfera Lauca. Por ello, solicitaron que sus observaciones ciudadanas sean revisadas nuevamente. El Primer Tribunal Ambiental acogió a trámite la reclamación. Asimismo, requirió al SEA un informe detallado sobre los fundamentos de su decisión y los antecedentes administrativos asociados.

Medida cautelar busca paralizar las obras

Junto con la reclamación, los solicitantes pidieron una medida cautelar para suspender los efectos de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Argumentan que el proyecto no habría evaluado de forma íntegra todas las obras necesarias para su ejecución. Según el escrito, el inicio de los trabajos podría generar impactos permanentes sobre recursos hídricos, biodiversidad y el cerro Anocarire. También advierten riesgos para áreas protegidas y actividades tradicionales de las comunidades. El tribunal resolvió solicitar antecedentes adicionales a la parte reclamada antes de pronunciarse sobre la medida cautelar.

Detalles del proyecto minero Champagne

El proyecto minero Champagne considera la ejecución de 12 sondajes mediante aire reverso o diamantina. También contempla la construcción de caminos de acceso, plataformas de perforación, piscinas de lodo e infraestructura de apoyo. La iniciativa se desarrollará durante 28 meses en un sector ubicado entre las comunas de Putre y Camarones, en la Región de Arica y Parinacota. La inversión estimada alcanza los US$18 millones.

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La presentación fue realizada por la Asociación Indígena Atacameña de Regantes y Agricultores de Toconao, junto a dos personas naturales. Los reclamantes sostienen que la autoridad ambiental no consideró adecuadamente las observaciones ciudadanas durante el proceso de evaluación.

Según la reclamación, el proyecto se ubicaría en una zona de alta sensibilidad ecológica. El área se encuentra próxima al Sitio Ramsar Salar de Tara y a la Reserva Nacional Los Flamencos. Los demandantes expresan preocupación por eventuales efectos sobre recursos hídricos, vegas, bofedales y ecosistemas altoandinos. También advierten posibles consecuencias para la biodiversidad presente en el territorio.

Uno de los principales cuestionamientos apunta al posible impacto de las perforaciones sobre acuíferos y aguas subterráneas. Los reclamantes señalan que estas intervenciones podrían afectar vertientes que abastecen al río Jere. Este recurso hídrico resulta fundamental para las actividades agrícolas y de subsistencia que desarrolla la comunidad de Toconao. Por ello, solicitan una revisión más exhaustiva de los antecedentes técnicos.

La reclamación también plantea posibles efectos sobre especies nativas y corredores biológicos. Entre ellas destacan especies de uso etnobotánico y ceremonial para el pueblo Lickan Antai, como la tola y la chachacoma. Además, los demandantes sostienen que la iniciativa podría generar impactos sobre prácticas tradicionales vinculadas al territorio ancestral. Entre ellas mencionan el pastoreo, la trashumancia, la agricultura local y actividades ceremoniales.

Dentro de los antecedentes presentados, se menciona que la Dirección General de Aguas formuló observaciones al modelo hidrogeológico del proyecto. Estas observaciones apuntarían a incertidumbres respecto de una posible interceptación de aguas subterráneas. Los reclamantes también cuestionan las medidas propuestas por el titular. A su juicio, estas acciones tendrían un carácter reactivo y no permitirían descartar impactos ambientales significativos.

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La reclamación sostiene que el proyecto podría afectar el sistema hídrico del Salar de Tara. El sector cuenta con protección ambiental por su condición de Reserva Nacional y Sitio Ramsar. La comunidad indígena argumentó que la evaluación ambiental presentó deficiencias en la caracterización hidrogeológica. Además, acusó falta de información y errores metodológicos en el modelo utilizado por la empresa minera. Según el escrito, estas falencias impedirían descartar impactos sobre vegas, bofedales y acuíferos protegidos. La organización también afirmó que el proceso no consideró correctamente los efectos sobre sus sistemas de vida y costumbres.

La reclamación expone que el análisis ambiental omitió elementos culturales y espirituales asociados al territorio. También cuestionó la caracterización del componente humano durante la evaluación del proyecto. La comunidad solicitó al tribunal dejar sin efecto la resolución del SEA. Además, pidió mantener la calificación ambiental desfavorable de la Declaración de Impacto Ambiental presentada por la empresa. Junto con ello, solicitó la suspensión de los efectos de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). La petición incluye la paralización temporal de las obras mientras el tribunal analiza los antecedentes. El Primer Tribunal Ambiental informó que esa solicitud cautelar sigue en evaluación. La resolución sobre esa materia se conocería durante los próximos días.

El proyecto de exploración minera en San Pedro de Atacama busca determinar la presencia de cuerpos mineralizados en profundidad. Para ello, considera la perforación de ocho sondajes mediante el método de diamantina. La iniciativa contempla una inversión cercana a un millón de dólares. Además, considera una ejecución aproximada de tres meses. El proyecto se emplazará a unos 120 kilómetros al este de San Pedro de Atacama. La empresa pretende caracterizar y delimitar concentraciones minerales en la zona de exploración.

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Los textos establecen lineamientos para los proyectos que ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Además, buscan mejorar la consistencia técnica de la evaluación y facilitar su aplicación. Las nuevas orientaciones se dirigen a titulares de proyectos, organismos con competencia ambiental y evaluadores del servicio. También buscan entregar información más clara para las comunidades.

Uno de los documentos corresponde a la Guía metodológica para la estimación y reporte de gases de efecto invernadero y forzantes climáticos de vida corta. La guía entrega una metodología general para calcular emisiones atmosféricas en proyectos que ingresen al SEIA. También define un formato estándar para reportar estos datos. El instrumento responde a las modificaciones introducidas por el Decreto Supremo N°30 de 2023, que ajustó el Reglamento del SEIA. La norma exige incluir la variable cambio climático en los procesos de evaluación ambiental. Los artículos 18 y 19 del reglamento establecen contenidos mínimos para estudios y declaraciones de impacto ambiental. Entre ellos se incluyen las emisiones del proyecto, medidas de control y estrategias de abatimiento. Con esta guía, el SEA busca mejorar la calidad de la información climática presentada por los titulares de proyectos.

El segundo documento establece el criterio de evaluación para aves y quirópteros en proyectos de líneas de transmisión eléctrica y parques eólicos. Este instrumento entrega lineamientos para caracterizar la presencia de aves y murciélagos. También orienta la delimitación del área de influencia considerando hábitats relevantes. El documento describe impactos frecuentes y propone herramientas para su análisis. Además, orienta el diseño de medidas de mitigación y compromisos ambientales voluntarios. Entre las acciones sugeridas se incluye la búsqueda de carcasas para evaluar la efectividad de las medidas aplicadas. Este método permite detectar desviaciones y activar planes adaptativos.

Trabajo colaborativo entre instituciones

El documento se elaboró mediante un trabajo colaborativo liderado por el SEA. Participaron la División de Evaluación Ambiental, las direcciones regionales y la División Jurídica del organismo. También colaboró el Ministerio del Medio Ambiente, especialmente sus divisiones de Cambio Climático y Calidad del Aire. La entrada en vigencia de estos instrumentos se concretó tras la publicación de los extractos de sus resoluciones en el Diario Oficial. Este procedimiento se establece en el instructivo emitido por la Dirección Ejecutiva del SEA en julio de 2024. Con estas nuevas herramientas, la autoridad busca fortalecer la evaluación ambiental SEIA y mejorar la predictibilidad técnica en la revisión de proyectos.

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Las iniciativas aprobadas corresponden a sectores estratégicos como Energía, Inmobiliario y Saneamiento Ambiental. Estos proyectos buscan fortalecer la inversión, el desarrollo productivo y la infraestructura a nivel regional. Las regiones donde sesionaron las comisiones fueron Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Aysén.

Del total de proyectos evaluados, 29 ingresaron al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental mediante Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). Los nueve restantes presentaron Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Los EIA se concentraron en las regiones de Los Lagos, Metropolitana, Atacama y Biobío. A estos se sumó una iniciativa interregional que también fue calificada favorablemente. Este proceso refleja el rol técnico y normativo del SEA en la evaluación ambiental de proyectos de inversión pública y privada.

Las Comisiones de Evaluación Ambiental, conocidas como Coeva, son órganos regionales responsables de calificar ambientalmente los proyectos ingresados al SEIA. Estas comisiones están presididas por los delegados presidenciales regionales. Además, las integran los secretarios regionales ministeriales con competencias ambientales, según la Ley N°19.300.

Las Coeva pueden aprobar, rechazar o aprobar con condiciones los proyectos evaluados. Su labor resulta clave para compatibilizar desarrollo económico, protección ambiental y cumplimiento normativo. La aprobación total registrada en diciembre refuerza la relevancia de las comisiones de evaluación ambiental en la tramitación de iniciativas estratégicas para el país.

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El reclamante sustenta su acción en cuatro cuestionamientos centrales. El primero apunta a la falta de descarte de impactos sobre la salud de la población. Señala deficiencias en la evaluación de contaminantes y en el análisis de riesgos presentado por el titular. El segundo eje se relaciona con los impactos sobre el medio marino. El reclamante advierte debilidades en el modelo hidrogeológico utilizado para predecir los efectos del proyecto. También cuestiona la ausencia de antecedentes que descarten la interacción entre el acuífero costero y el mar.

A ello se suma la falta de evaluación del riesgo de rebalses o filtraciones bajo condiciones extremas. Según la reclamación, estos escenarios no habrían sido considerados adecuadamente durante la evaluación ambiental. El tercer punto aborda la ausencia de información suficiente para evaluar los efectos del proyecto sobre el recurso hídrico. El reclamante sostiene que no existen antecedentes concluyentes para descartar impactos significativos.

Antecedentes del proceso de evaluación ambiental

Finalmente, la reclamación cuestiona la falta de evaluación de impactos respecto del sitio prioritario Peralillo. Este aspecto resulta clave dada su relevancia ambiental en la zona costera de Chañaral. El proyecto Playa Verde ingresó su Estudio de Impacto Ambiental al SEIA en 2017. En 2019, Manuel Cortés presentó una reclamación administrativa que fue acogida parcialmente, ordenándose retrotraer el proceso.

En 2021, el reclamante acudió al Tribunal Ambiental, causa Rol R-44-2021. Esta acción fue rechazada en todas sus partes. Posteriormente, la Corte Suprema confirmó dicha decisión en diciembre de 2022. En febrero de 2024, la COEVA de Atacama calificó desfavorablemente el proyecto. Sin embargo, el titular presentó una nueva reclamación administrativa, que culminó con la calificación favorable otorgada por el Comité de Ministros en octubre de 2025.

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El SEA estrenó un buscador que consulta en segundos más de 27 millones de páginas relacionadas con más de 29 mil proyectos evaluados. La herramienta ofrece búsquedas precisas sobre criterios técnicos, medidas de compensación o especies clave. También se activó un comparador de Informes Consolidados de Evaluación que contrasta resoluciones dentro de un territorio con datos georreferenciados.

La presentación reunió a más de un centenar de representantes públicos, privados, académicos y gremiales. Durante la jornada, el SEA mostró avances logrados tras tres años de trabajo orientado a simplificar trámites y mejorar la calidad del análisis técnico. Entre las mejoras destacan la automatización de la captura de observaciones ciudadanas y la reformulación de las consultas de pertinencia.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó que el Estado ha aprobado proyectos por US$35 mil millones durante este año. Señaló que esta cifra refleja interés por invertir y la capacidad del SEA para gestionar iniciativas complejas en plazos adecuados. También valoró la adaptación del servicio frente a cambios tecnológicos y productivos en los proyectos evaluados.

La directora del SEA, Valentina Durán, explicó que la modernización prepara al servicio para los próximos quince años. Subrayó que las nuevas herramientas benefician a titulares de proyectos, equipos evaluadores y ciudadanía. Además, confirmó la entrega de certificados digitales que aceleran los Permisos Ambientales Sectoriales asociados a Resoluciones de Calificación Ambiental aprobadas.

Durán afirmó que el buscador con IA disponible desde el 3 de diciembre transforma la búsqueda de información técnica. Indicó que esta herramienta fortalece la transparencia y reduce tiempos de revisión. Recalcó que el comparador georreferenciado apoyará análisis más consistentes.

La subsecretaria de Minería, Suina Chahuán, señaló que la modernización facilita el desarrollo de la mayor cartera de inversiones mineras de la última década. Destacó que este impulso genera empleo y mejora la calidad de vida en los territorios.

El encuentro cerró con un panel integrado por representantes del sector energético, ambiental y minero, quienes reflexionaron sobre los impactos de la inteligencia artificial en evaluación ambiental y el rol de la tecnología en la gestión sostenible del país.

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Según la reclamante, la aprobación sería ilegal debido a un conflicto judicial pendiente sobre los deslindes del terreno donde se emplazará el proyecto. SAK sostiene que durante la evaluación ambiental se omitió información territorial relevante que podría generar impactos sobre el suelo y afectar la obtención de permisos sectoriales.

La sociedad agrícola alega ser propietaria de la “Estancia Chañaral Lote Norte”, que colinda con la “Estancia Higuera de las Minillas”, propiedad de CMP. Sin embargo, no existiría claridad en la delimitación material que separa ambas propiedades, lo que generó una acción reivindicatoria en 2011, rechazada en instancias judiciales posteriores, incluida la Corte Suprema.

En su reclamación, SAK pidió al Tribunal Ambiental decretar una medida cautelar para impedir que CMP ejecute obras de construcción, movimiento de tierra o reprocesamiento de minerales en el área en disputa, que abarca 125 hectáreas del polígono total de 9.470 hectáreas. El tribunal resolvió dar traslado a CMP para que exponga sus descargos antes de pronunciarse.

Proyecto de CMP

La iniciativa de CMP, ingresada en febrero de 2023, busca recuperar y procesar minerales de hierro de acopios históricos de la Faena Algarrobo, ubicada a 35 kilómetros al suroeste de Vallenar, en la Región de Atacama. El proyecto considera una inversión de US$17,2 millones, una vida útil de 17 años y la producción de pre-concentrado de hierro para abastecer distintas instalaciones de la compañía.

Con esta admisión, el Tribunal Ambiental deberá analizar los antecedentes y resolver si acoge la reclamación contra RCA del proyecto minero Recuperación de Acopios de Algarrobo, lo que podría frenar temporalmente la ejecución de la iniciativa.

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Relaves mineros abandonados son un tema clave para la sostenibilidad ambiental y el desarrollo territorial. Este lunes 21 de julio, Sernageomin realizará una geocharla virtual para abordar los efectos que estos pasivos pueden generar en las comunidades cercanas y, al mismo tiempo, explorar su potencial como fuente de valor económico.

La actividad se transmitirá en vivo a través del canal oficial de YouTube de Sernageomin a las 11:00 horas. La conversación será moderada por Andrés Quezada, geólogo de la Unidad Geológica Regional, y contará con la exposición de la Dra. Javiera Gerding González, profesora del Instituto Gea de la Universidad de Concepción y especialista en geometalurgia.

El evento se enmarca en la necesidad de comprender cómo los relaves mineros abandonados afectan el entorno. Muchas localidades han crecido cerca de zonas con antiguas faenas mineras, donde la exposición prolongada a residuos puede provocar efectos negativos en la salud y el ambiente.

La charla también planteará la posibilidad de recuperar económicamente estos depósitos. Gracias a la innovación tecnológica, hoy es factible reutilizar minerales presentes en relaves, reduciendo al mismo tiempo sus riesgos ambientales.

Relaves mineros abandonados se han convertido así en un doble desafío: proteger a las comunidades y aprovechar su contenido estratégico. Esta geocharla es una instancia clave para avanzar en ambos frentes.

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La frase clave objetivo «Comisiones de Evaluación Ambiental» marca el rol fundamental de estos órganos regionales en la calificación ambiental de proyectos de distinto tipo. En total, se calificaron iniciativas en 10 regiones del país, con una fuerte presencia en sectores como energía e inmobiliario, cada uno con 10 proyectos aprobados.

En el caso del sector energético, los proyectos incluyen parques fotovoltaicos, líneas de transmisión y centrales generadoras, mientras que en el sector inmobiliario predominan desarrollos habitacionales y comerciales. De las 32 iniciativas, 31 fueron evaluadas mediante Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), y una mediante Estudio de Impacto Ambiental (EIA): el “Parque Eólico Rinconada”, en la Región del Biobío.

Las Comisiones de Evaluación Ambiental que calificaron proyectos durante junio fueron las de Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Las Comisiones de Evaluación Ambiental (Coeva) son organismos que califican los proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Están presididas por los delegados presidenciales regionales y conformadas por seremis competentes, según la Ley N°19.300. Pueden aprobar, rechazar o aprobar con condiciones los proyectos que evalúan.

El aumento sostenido de proyectos aprobados por estas comisiones evidencia el dinamismo del sector público-privado en la tramitación ambiental, además de la importancia de contar con una institucionalidad sólida para la toma de decisiones sustentables.

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Según la comunidad, la iniciativa prolonga la extracción de agua subterránea más allá del plazo autorizado, afectando un acuífero ya sobreexplotado. También estaría vulnerando derechos territoriales ancestrales.

El reclamo apunta directamente al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), al que acusan de no haber considerado los impactos acumulativos ni sinérgicos derivados de la extensión operativa. Además, alegan que no se respetaron las disposiciones del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, al no realizarse una consulta previa sobre el uso de territorios ancestrales.

Desde el SEA, se defendió la legalidad del proceso y se solicitó rechazar el recurso. La entidad argumenta que el proyecto no modifica el régimen de extracción de agua ya autorizado. «El abastecimiento hídrico será provisto por terceros autorizados», indicaron. Además, el abogado del SEA, Benjamín González, precisó que no se contemplan nuevas obras significativas, salvo una ampliación del relleno sanitario.

La minera sostuvo que el proyecto busca extender la vida útil de su área mina por solo 20 meses y que se ubica a más de 90 kilómetros de la comunidad reclamante. También afirmó que no se altera el caudal de agua aprobado ni se modifica el permiso ambiental vigente.

En cuanto al cuestionamiento por afectación territorial, el SEA indicó que CONADI validó que no existen impactos directos sobre pueblos indígenas. Por lo que no procedía la realización de una consulta indígena. La comunidad insiste en que sí hay afectación a territorios de uso ancestral, lo que obligaba a una evaluación más profunda.

El proyecto, ubicado a 175 kilómetros de Antofagasta y a 3.200 metros de altitud, contempla una inversión de US$ 1,2 millones. La iniciativa busca prolongar por 20 meses la vida útil de la faena minera Zaldívar, sin incorporar nuevas fuentes de agua ni alterar el entorno de forma significativa.

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La instancia fue organizada por la Autoridad Nacional de Licenciamiento Ambiental (ANLA) de Colombia, en su calidad de presidencia pro tempore de la red regional, y reunió a representantes de diversos países de manera remota.

La directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán, dio inicio a la actividad con una presentación sobre la institucionalidad ambiental de Chile.

Luego, Macarena Gross, jefa del Departamento de Evaluación Ambiental, detalló el proceso nacional de evaluación, destacando herramientas del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), guías técnicas y casos concretos de tramitación de proyectos de cobre a cielo abierto.

Durante la exposición, se hizo énfasis en los criterios técnicos y jurídicos que sustentan la evaluación ambiental de minería de cobre. Tambien se recalcó la importancia de fortalecer la transparencia y participación ciudadana en estos procesos. La presentación fue bien valorada por los participantes, quienes reconocieron el aporte técnico de Chile al debate regional.

La REDLASEIA, conformada en 2021, reúne a las instituciones encargadas de los procesos de evaluación ambiental en América Latina.

Su misión es fortalecer estos sistemas mediante el diálogo entre pares, el intercambio técnico y la colaboración continua. Entre sus países miembros figuran Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú, Chile, Brasil, Uruguay, Ecuador, Paraguay y México.

Este tipo de encuentros refuerzan la cooperación entre países latinoamericanos. Estas reuniones promueven la mejora continua de los estándares de evaluación ambiental en proyectos estratégicos como los de la gran minería del cobre.

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Las reservas submarinas, ubicadas a 4.000 metros de profundidad, contienen minerales clave como manganeso, cobalto, níquel y cobre, esenciales para la transición energética.

Grandes multinacionales como Apple, Google, BMW y Volkswagen se han unido a la moratoria impulsada por WWF, que busca detener cualquier actividad de minería submarina.

Esta iniciativa reúne a más de 60 empresas que prometen no extraer, utilizar ni financiar minerales procedentes del fondo oceánico. La presión ambientalista ha sido clave para generar esta postura colectiva.

Otras compañías, como Microsoft, no han firmado la moratoria, pero sí han declarado una pausa en el uso de estos minerales hasta contar con estudios científicos más sólidos. Incluso grandes mineras como Rio Tinto y Eramet se muestran reacias a avanzar sin un marco ambiental claro.

Desde el sector financiero, entidades como Deutsche Bank, UBS y el Banco Europeo de Inversiones han expresado que no apoyarán proyectos de minería en el fondo del mar. No obstante, muchas instituciones aún no se alinean formalmente con los compromisos de WWF.

Frente a esta división, surge también la Iniciativa para una Minería Responsable (IRMA), respaldada por Tesla, General Motors e Intel.

Aunque esta organización excluye la minería submarina de sus estándares actuales, la pertenencia no implica una postura definitiva. En 2024, por ejemplo, los accionistas de Tesla y GM rechazaron sumarse a una moratoria formal.

La discusión sobre la minería en el fondo del mar refleja una tensión creciente entre la urgencia por asegurar minerales críticos y el deber de proteger los ecosistemas más profundos del planeta.

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Según la compañía, la decisión responde a «una evaluación de varios factores que afectan la viabilidad del proyecto en el estado en que se encuentra actualmente».

La iniciativa se emplazaría en la comuna de Marchigüe, Región de O’Higgins, donde enfrentó una férrea oposición por parte de comunidades locales y la administración municipal.

“Desde un comienzo, como administración municipal manifestamos de forma clara y contundente nuestra oposición a este proyecto, por sus impactos en el medioambiente, la agricultura campesina y la cultura productiva de nuestro territorio”, declaró el alcalde Sebastián Flores, quien celebró la decisión. “Hoy celebramos junto a la comunidad esta importante victoria. Gracias a cada vecina y vecino que alzó la voz y defendió con convicción lo que somos”, cerró la autoridad municipal.

A las críticas sociales se sumaron los cuestionamientos técnicos. El proyecto recibió más de 300 observaciones en el primer ICSARA (Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones), formuladas por diversos organismos públicos. Aún no se incorporaban las observaciones ciudadanas.

Con este retiro, Colbún cierra un ambicioso proyecto solar que buscaba reforzar la matriz energética con fuentes renovables, pero que encontró resistencia tanto desde el territorio como desde las instituciones.

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