Proyecto de US$7.500 millones

El proyecto Continuidad Operacional y Desarrollo de Planta Concentradora con Transición Hídrica a Agua Desalada contempla una inversión de US$7.500 millones. Su objetivo consiste en prolongar las operaciones de Minera El Abra más allá del año 2029. La iniciativa considera la construcción de una nueva línea de procesamiento de sulfuros. También incorpora la ampliación del rajo y una planta concentradora con capacidad para procesar 300 mil toneladas diarias de mineral. El proyecto incluye un depósito de relaves espesados, nuevas instalaciones de chancado, botaderos y una correa transportadora de aproximadamente 25 kilómetros.

Uno de los componentes principales corresponde a una planta desaladora ubicada al sur de Tocopilla. La infraestructura abastecerá de agua de mar desalada a la faena mediante un acueducto de cerca de 150 kilómetros, que llegará hasta las instalaciones ubicadas a 76 kilómetros de Calama. Las observaciones al proyecto de continuidad operacional de Minera El Abra incluyen consultas sobre la captación de agua de mar y la descarga de salmuera. Los organismos también solicitaron antecedentes sobre el uso de reactivos y las medidas para disminuir impactos en especies marinas. El ICSARA incorpora requerimientos relacionados con las obras submarinas, las tronaduras, la resuspensión de sedimentos y el transporte marítimo de tuberías necesarias para la construcción del sistema.

Balance hídrico y protección ambiental

El SEA también pidió complementar la información sobre la extracción de agua desde el salar de Ascotán. Entre los antecedentes solicitados figuran los caudales históricos de los pozos, el balance hídrico de la operación y la recuperación de agua desde el depósito de relaves. Además, los servicios públicos requirieron evaluar con mayor detalle los posibles efectos del cambio climático sobre la disponibilidad futura del recurso hídrico y su impacto en la operación.

Seguridad operacional y aspectos laborales

El informe incluye observaciones relacionadas con la seguridad del depósito de relaves y los sistemas de drenaje. Asimismo, solicita antecedentes adicionales sobre los planes de emergencia y el manejo de residuos durante la construcción y operación del proyecto. Los organismos revisores también formularon requerimientos sobre transporte, contratación de trabajadores y la capacidad de los campamentos previstos para las distintas etapas de ejecución. Con la emisión del primer ICSARA, el proyecto continúa su tramitación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La respuesta de la empresa permitirá al SEA y a los organismos competentes continuar con el análisis técnico de una de las mayores inversiones mineras actualmente en evaluación en Chile.

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El fallo concluyó que durante la tramitación se vulneró el principio de contradictoriedad. Según la resolución, el titular no conoció oportunamente cuestionamientos técnicos surgidos desde observaciones ciudadanas. Eso impidió que la empresa respondiera antes de la emisión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) desfavorable. Para el Tribunal, esa omisión afectó garantías básicas del proceso administrativo.

La sentencia también cuestionó actuaciones posteriores del SEA. Tras una orden de la Corte Suprema para abrir una nueva etapa de participación ciudadana, surgieron observaciones sobre polvo, ruido y vibraciones. Sin embargo, la autoridad utilizó esos antecedentes para rechazar el proyecto. No entregó una instancia equivalente para que la empresa aclarara o complementara información técnica.

Qué implica la decisión judicial

El fallo obliga al SEA a retomar la evaluación en una etapa previa al informe consolidado. Esto permitirá revisar nuevamente antecedentes y otorgar oportunidades formales de respuesta al titular. La sentencia recordó además que el proyecto había contado inicialmente con una RCA favorable. Por ello, exigió mayor claridad de la autoridad al modificar una evaluación previa positiva.

El Proyecto Minero San Cayetano corresponde a una faena de cobre ubicada en el sector El Reloj, comuna de Ovalle, provincia del Limarí. Busca ampliar la producción desde 5.000 toneladas mensuales hasta 60.000 toneladas por mes. Para concretarlo, considera ampliar botaderos de estériles y construir uno nuevo. También incluye una planta de procesamiento, un depósito de relaves filtrados e instalaciones de apoyo. La iniciativa abarca cerca de 320 hectáreas. Además, contempla una inversión superior a US$20 millones.

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Según la compañía, la decisión responde a «una evaluación de varios factores que afectan la viabilidad del proyecto en el estado en que se encuentra actualmente».

La iniciativa se emplazaría en la comuna de Marchigüe, Región de O’Higgins, donde enfrentó una férrea oposición por parte de comunidades locales y la administración municipal.

“Desde un comienzo, como administración municipal manifestamos de forma clara y contundente nuestra oposición a este proyecto, por sus impactos en el medioambiente, la agricultura campesina y la cultura productiva de nuestro territorio”, declaró el alcalde Sebastián Flores, quien celebró la decisión. “Hoy celebramos junto a la comunidad esta importante victoria. Gracias a cada vecina y vecino que alzó la voz y defendió con convicción lo que somos”, cerró la autoridad municipal.

A las críticas sociales se sumaron los cuestionamientos técnicos. El proyecto recibió más de 300 observaciones en el primer ICSARA (Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones), formuladas por diversos organismos públicos. Aún no se incorporaban las observaciones ciudadanas.

Con este retiro, Colbún cierra un ambicioso proyecto solar que buscaba reforzar la matriz energética con fuentes renovables, pero que encontró resistencia tanto desde el territorio como desde las instituciones.

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