El encuentro reunió a representantes de la Multigremial Nacional y del Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño. Las citas se realizaron con carácter de urgencia en el Ministerio de Economía. El objetivo fue recoger inquietudes y proyecciones de corto plazo. También participaron la Confederación de la Producción y del Comercio, la Sociedad Nacional de Minería y el Consejo Minero. Estas organizaciones representan sectores clave para la economía nacional. Su visión resulta relevante para definir medidas concretas.

La jornada concluyó con una reunión virtual con gremios regionales. Estos actores expusieron dificultades asociadas a transporte, energía e insumos. Las zonas alejadas enfrentan impactos más intensos por su dependencia logística. El encarecimiento de los combustibles afecta la competitividad y la calidad de vida. Los gremios advirtieron sobre presiones en costos operacionales. También alertaron sobre efectos en cadenas de suministro.

El biministro Daniel Mas señaló que el Gobierno busca mantenerse conectado con los sectores productivos. La autoridad afirmó que se analizan mecanismos responsables para mitigar impactos. El foco está en proteger empleo y actividad económica. Además, destacó la necesidad de resguardar la sostenibilidad fiscal. Las medidas apuntan especialmente a pymes y hogares. El escenario exige equilibrio entre apoyo económico y responsabilidad fiscal.

Desde el Ejecutivo reconocen que el fenómeno tiene origen internacional. Sin embargo, el diálogo permite avanzar en soluciones focalizadas. La coordinación público-privada aparece como clave en este contexto. El subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, valoró el proceso. Señaló que el intercambio permite construir una visión compartida. También facilita medidas concretas en sectores con mayores urgencias.

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La Cámara de Comercio de Santiago realizó la 15° versión del seminario sectorial que reunió a los principales gremios productivos del país. En este espacio, SONAMI presentó sus proyecciones económicas 2026, junto con el análisis del cierre del año en curso.

El encuentro convocó a representantes de la ABIF, CChC, SNA, ACHET, Sofofa, SONAMI y la propia CCS. Cada gremio entregó su evaluación del entorno económico y adelantó sus expectativas para 2026 en un contexto de cambios políticos y presión sobre la inversión.

Los gremios coincidieron en que 2026 estará marcado por bajo crecimiento y desafíos internos y externos que exigirán decisiones firmes. También destacaron la necesidad de reactivar la inversión y avanzar en modernización institucional para impulsar la actividad económica.

En representación de SONAMI, el economista Gustavo Pinto presentó el panorama minero para el próximo año. Explicó que los recientes eventos operacionales y los retrasos en permisos han limitado la oferta de cobre. Este escenario contrasta con una demanda firme, impulsada por la actividad económica global y la transición energética.

Pinto detalló que el empleo minero continúa al alza y se acerca a los 306 mil trabajadores. Señaló que esta tendencia podría fortalecerse si se consolida un escenario favorable de precios. Sin embargo, advirtió que la inversión enfrenta riesgos por el cierre de proyectos y los tiempos de tramitación.

El especialista comentó que la producción de cobre mostró avances durante 2025, aunque diversas dificultades moderaron ese ritmo. Para 2026, SONAMI visualiza una recuperación progresiva apoyada en la normalización operativa y en las inversiones que se encuentran en ejecución.

El gremio sostuvo que sus proyecciones económicas 2026 consideran un escenario exigente, pero con oportunidades si se fortalecen los procesos institucionales y se recupera la confianza para desarrollar nuevos proyectos.

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El presidente de SONAMI, Jorge Riesco, señaló que la medida entrega una señal clara a los sectores productivos. También afirmó que esta revisión permitirá fortalecer el sustento técnico del proceso. Según Riesco, el Gobierno reconoció la relevancia de proteger la biodiversidad sin afectar el desarrollo económico que Chile necesita.

Hace algunas semanas, diversos gremios productivos expusieron inquietudes sobre el avance de los reglamentos de la Ley SBAP. Los gremios fueron convocados por SONAMI debido al impacto que generarían los 99 sitios prioritarios propuestos por el Ministerio de Medio Ambiente. Representantes del sector expresaron que el listado mostraba una elaboración apresurada y con escaso análisis técnico.

Riesco reiteró el llamado para impulsar mesas de trabajo multisectoriales. También planteó que estos espacios permitirán un análisis riguroso que incorpore la mirada de los sectores involucrados. SONAMI insistió en su disposición para colaborar con propuestas que resguarden la biodiversidad y eviten impactos innecesarios en actividades productivas.

El presidente del gremio minero destacó la coordinación alcanzada entre los distintos sectores productivos. Según afirmó, esta articulación demostró la capacidad del sector privado para mejorar políticas públicas y evitar efectos negativos asociados a una implementación deficiente.

SONAMI expresó que continuará trabajando junto a otros gremios para contribuir a una aplicación responsable de la Ley SBAP y desarrollo económico. La organización señaló que el país requiere un equilibrio entre conservación, progreso productivo y bienestar social.

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El presidente de SONAMI, Jorge Riesco, junto a la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, y líderes de SalmonChile, CCHC, Sonapesca, CORMA, SNA, Aprimin, Corproa y Corminco, participaron en la instancia. En una declaración conjunta, los gremios manifestaron que valoran la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, pero que los reglamentos deben resguardar el espíritu original de la Ley SBAP, con reglas claras y respeto a los derechos adquiridos.

Susana Jiménez enfatizó que el desarrollo sostenible requiere equilibrio entre el crecimiento económico y la protección ambiental. Advirtió que establecer sitios prioritarios mediante decretos exentos afecta la certeza jurídica y puede frenar inversiones en terrenos privados con proyectos productivos en curso.

El presidente de la CCHC, Alfredo Echavarría, señaló que la institucionalidad ambiental debe mantener un equilibrio justo entre desarrollo y protección. A su juicio, el exceso de restricciones ha paralizado proyectos y debilitado la economía.

Los gremios pidieron al Gobierno extender el plazo de la consulta pública sobre sitios prioritarios, conformar mesas de trabajo multisectoriales y garantizar reglamentos equilibrados. Además, advirtieron que la aprobación apresurada de decretos podría comprometer el futuro productivo del país. “Chile puede y debe proteger su biodiversidad sin sacrificar su desarrollo”, concluyeron.

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