El tribunal declaró que se vulneró el derecho de Codelco a contar con una defensa técnica durante determinadas diligencias. También determinó que la Fiscalía debe mantener la investigación centrada en los hechos que forman parte del proceso. La resolución cuestionó el alcance de 27 nuevos requerimientos de información. Estos solicitaban antecedentes de todas las unidades de División El Teniente desde el inicio de sus operaciones en 1905. Asimismo, el tribunal precisó que la empresa no está obligada a elaborar o procesar información para responder solicitudes. Esa obligación no puede imponerse cuando afecte las garantías procesales del imputado.

El fallo también reconoció el derecho de la empresa a informar cuando ciertos antecedentes no existan. Además, confirmó la posibilidad de presentar reservas respecto de información estratégica o protegida por la legislación vigente. Para Codelco, la investigación debe concentrar sus esfuerzos en esclarecer los hechos investigados. La empresa indicó que ese objetivo permitirá avanzar con mayor eficacia y dentro del marco legal.

El abogado de la corporación, Davor Harasic, aseguró que la empresa ha colaborado desde el inicio de la investigación. «Codelco ha colaborado desde el primer momento. Nuestra primera prioridad son los familiares de las víctimas y pensando justamente en los familiares de las víctimas, nosotros queremos una investigación justa, una investigación racional y por lo tanto mucho más rápida», señaló.

Según la compañía, desde el accidente en División El Teniente ha respondido 30 requerimientos de información. También ha entregado más de 14.000 antecedentes y facilitado informes técnicos junto con apoyo especializado para distintas diligencias investigativas.

La cautela de garantías solicitada por Codelco busca asegurar que la investigación avance respetando el debido proceso. La empresa sostuvo que continuará colaborando con el Ministerio Público y con los tribunales. Finalmente, la corporación reiteró su respeto por las instituciones encargadas de la investigación. También expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y manifestó que seguirá aportando todos los antecedentes que correspondan para contribuir al total esclarecimiento de los hechos.

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Las diligencias incluyeron los domicilios de Mauricio Barraza Gallardo, exvicepresidente de Operaciones, y Claudio Sougarret Larroquete, exgerente de Operaciones de la División El Teniente. Ambos dejaron sus cargos el 13 de febrero de 2026. Los procedimientos también abarcaron oficinas corporativas en Santiago y Rancagua. La estatal entregó los antecedentes solicitados por los equipos investigadores. En el operativo participó un equipo multidisciplinario junto a detectives de la Policía de Investigaciones, bajo coordinación del Ministerio Público.

La Fiscalía busca determinar eventuales responsabilidades penales por la muerte de seis operarios. Peritos de la PDI analizarán los dispositivos incautados para esclarecer decisiones operativas y comunicaciones internas. El presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, declaró como testigo ante la Fiscalía Regional de O’Higgins. Su testimonio se enmarca en la investigación del accidente fatal.

Denuncia de Sernageomin

El caso se desarrolla en un escenario complejo para la cuprífera estatal. Existen posibles responsabilidades penales y civiles derivadas del accidente. Además, el Servicio Nacional de Geología y Minería presentó una denuncia. El organismo apunta a un presunto ocultamiento de información técnica tras una tronadura registrada en 2023. Los allanamientos por tragedia en El Teniente refuerzan la línea investigativa del Ministerio Público. La indagatoria continúa y podría derivar en formalizaciones si se configuran responsabilidades individuales.

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