Durante la sesión, encabezada por la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, los secretarios de Estado revisaron las reclamaciones relacionadas con la continuidad operacional de la División Ministro Hales. La iniciativa considera la extensión de la vida útil de la faena y el desarrollo futuro del yacimiento. Además, contempla incrementar el procesamiento de mineral y elevar la producción de concentrado de cobre desde 700.000 toneladas anuales hasta 830.000 toneladas. Con el rechazo de las reclamaciones, la Resolución de Calificación Ambiental permanece vigente, permitiendo que el proyecto continúe avanzando conforme a la normativa ambiental.

Comité de Ministros suma proyectos por más de US$11.455 millones

La instancia sesionó por octava vez durante la administración del Presidente José Antonio Kast y por décima ocasión en lo que va del año. Con esta reunión, el Comité de Ministros ya ha revisado 20 proyectos que mantenían recursos de reclamación pendientes. En conjunto, estas iniciativas representan inversiones superiores a US$11.455 millones, fortaleciendo la certeza regulatoria para proyectos públicos y privados.

En la sesión extraordinaria participaron los ministros de Economía, Fomento y Turismo y de Minería, Daniel Mas, y de Agricultura, Jaime Campos. Las autoridades rechazaron todas las reclamaciones presentadas respecto de los tres proyectos revisados. La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, destacó que el funcionamiento periódico del Comité ha permitido agilizar la resolución de estos procesos.

«El compromiso que asumimos de sesionar mensualmente como Comité de Ministros nos ha permitido dar agilidad institucional a este proceso. Este calendario entrega certeza a todos los actores involucrados y beneficia directamente a la ciudadanía. Gracias a este compromiso pudimos resolver rápidamente las reclamaciones que mantenía pendientes el nuevo Instituto Nacional del Cáncer, por lo que su ejecución podrá seguir adelante».

Las autoridades también subrayaron que los tres proyectos analizados fueron revisados dentro de los plazos establecidos por la legislación ambiental, en línea con el mandato del Ejecutivo.

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La comunidad sostiene que la evaluación ambiental presentó deficiencias en el análisis de los impactos sobre el medio humano. También afirma que el proceso debió incorporar una Consulta Indígena y las reuniones establecidas en el artículo 86 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Durante la audiencia, el abogado Ladislao Quevedo, representante de la Comunidad Indígena Colla Tata Inti, sostuvo que la determinación del área de influencia del proyecto fue insuficiente. Según expuso, la línea de base del medio humano omitió información relevante para evaluar adecuadamente los efectos sobre la comunidad.

El profesional argumentó que la evaluación no consideró el proyecto de optimización de Candelaria. A su juicio, esa omisión impidió analizar los impactos acumulativos en el sector de Nantoco, donde residen integrantes de la comunidad. Asimismo, cuestionó la modelación de emisiones atmosféricas. Indicó que el estudio utilizó un solo contaminante para definir el área de influencia, pese a que cada contaminante presenta un comportamiento distinto. La reclamante también afirmó que el proyecto podría generar riesgos para la salud de la población. Además, sostuvo que la autoridad ambiental debió desarrollar un proceso de Consulta Indígena debido a los eventuales efectos sobre integrantes del pueblo Colla.

El Servicio de Evaluación Ambiental solicitó el rechazo de la reclamación. Su representación sostuvo que la comunidad no acreditó antecedentes suficientes para justificar su interés durante la tramitación administrativa y que se encuentra fuera del área de influencia del proyecto. La abogada Karla Figueroa explicó que la evaluación concluyó que no existen rutas de trashumancia, sitios de significación cultural ni instalaciones comunitarias dentro del área de influencia definida para el medio humano.

En consecuencia, afirmó que no correspondía realizar una Consulta Indígena ni convocar las reuniones contempladas en el artículo 86 del Reglamento del SEIA. Respecto de la calidad del aire, la representante del SEA señaló que el proyecto se emplaza en una zona saturada por material particulado MP10. Sin embargo, aseguró que los aportes proyectados permanecen bajo los niveles de significancia establecidos por la normativa ambiental.

Titular del proyecto defiende la evaluación técnica

El abogado Enrique Oyarzún, en representación de Minera Altair S.A., respaldó los argumentos del SEA. Indicó que la comunidad reclamante no mantiene una vinculación territorial suficiente con el área de influencia del proyecto. Además, sostuvo que los informes de la evaluación ambiental descartan la existencia de rutas de trashumancia reconocidas por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) dentro del área evaluada.

Respecto de las emisiones atmosféricas, afirmó que los aportes de MP10 y MP2,5 proyectados por la iniciativa son marginales. A su juicio, la reclamación no acredita una ilegalidad que permita invalidar la Resolución de Calificación Ambiental favorable.

Proyecto La Farola contempla una inversión de US$260 millones

Tras concluir la audiencia, Primer Tribunal Ambiental analiza reclamación contra proyecto minero La Farola y dejó la causa en estudio para revisar los antecedentes presentados por las partes. Posteriormente, los ministros deberán adoptar un acuerdo y designar al integrante encargado de redactar la sentencia.

Características del proyecto

El proyecto Explotación y Procesamiento de Minerales La Farola se ubicará en la comuna de Tierra Amarilla, aproximadamente a 10 kilómetros al suroeste de la localidad de Nantoco. La iniciativa contempla una mina a rajo abierto, una planta de procesamiento y un depósito de relaves filtrados. Su diseño considera una producción anual de 90 mil toneladas de concentrado de cobre con contenido de oro durante 15 años de operación. La inversión estimada alcanza US$260 millones, consolidándose como uno de los proyectos mineros relevantes actualmente en evaluación judicial en la Región de Atacama.

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Proyecto de US$7.500 millones

El proyecto Continuidad Operacional y Desarrollo de Planta Concentradora con Transición Hídrica a Agua Desalada contempla una inversión de US$7.500 millones. Su objetivo consiste en prolongar las operaciones de Minera El Abra más allá del año 2029. La iniciativa considera la construcción de una nueva línea de procesamiento de sulfuros. También incorpora la ampliación del rajo y una planta concentradora con capacidad para procesar 300 mil toneladas diarias de mineral. El proyecto incluye un depósito de relaves espesados, nuevas instalaciones de chancado, botaderos y una correa transportadora de aproximadamente 25 kilómetros.

Uno de los componentes principales corresponde a una planta desaladora ubicada al sur de Tocopilla. La infraestructura abastecerá de agua de mar desalada a la faena mediante un acueducto de cerca de 150 kilómetros, que llegará hasta las instalaciones ubicadas a 76 kilómetros de Calama. Las observaciones al proyecto de continuidad operacional de Minera El Abra incluyen consultas sobre la captación de agua de mar y la descarga de salmuera. Los organismos también solicitaron antecedentes sobre el uso de reactivos y las medidas para disminuir impactos en especies marinas. El ICSARA incorpora requerimientos relacionados con las obras submarinas, las tronaduras, la resuspensión de sedimentos y el transporte marítimo de tuberías necesarias para la construcción del sistema.

Balance hídrico y protección ambiental

El SEA también pidió complementar la información sobre la extracción de agua desde el salar de Ascotán. Entre los antecedentes solicitados figuran los caudales históricos de los pozos, el balance hídrico de la operación y la recuperación de agua desde el depósito de relaves. Además, los servicios públicos requirieron evaluar con mayor detalle los posibles efectos del cambio climático sobre la disponibilidad futura del recurso hídrico y su impacto en la operación.

Seguridad operacional y aspectos laborales

El informe incluye observaciones relacionadas con la seguridad del depósito de relaves y los sistemas de drenaje. Asimismo, solicita antecedentes adicionales sobre los planes de emergencia y el manejo de residuos durante la construcción y operación del proyecto. Los organismos revisores también formularon requerimientos sobre transporte, contratación de trabajadores y la capacidad de los campamentos previstos para las distintas etapas de ejecución. Con la emisión del primer ICSARA, el proyecto continúa su tramitación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La respuesta de la empresa permitirá al SEA y a los organismos competentes continuar con el análisis técnico de una de las mayores inversiones mineras actualmente en evaluación en Chile.

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Las acciones judiciales fueron interpuestas por el Sindicato N.° 1 de Trabajadores de Minera Escondida Ltda. y el Sindicato Interempresa de Trabajadores de Servicios. Ambas apuntan contra la resolución del Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que rechazó las reclamaciones administrativas presentadas durante la evaluación del proyecto.

Sindicatos cuestionan la evaluación ambiental del proyecto

Las dos reclamaciones contienen argumentos similares y solicitan que el Tribunal Ambiental anule la resolución emitida por el SEA. Los sindicatos sostienen que la evaluación no aplicó adecuadamente las normas de calidad del aire al campamento minero. Según los reclamantes, esa decisión excluye parte del territorio nacional y a determinados grupos de personas de la aplicación de dichas normas. Además, afirman que el titular del proyecto no presentó todos los antecedentes necesarios para demostrar la inexistencia de impactos significativos contemplados en el artículo 11 de la Ley N.º 19.300.

El Tribunal Ambiental declaró admisibles ambas acciones judiciales y ordenó acumularlas en un solo procedimiento debido a que presentan fundamentos comunes. Asimismo, solicitó a la Dirección Ejecutiva del SEA un informe que explique las razones de su decisión. El organismo también deberá remitir todos los antecedentes del procedimiento administrativo relacionado con la evaluación ambiental del proyecto.

El proyecto pretende optimizar las operaciones del Conjunto Planta Concentradora Laguna Seca frente a la disminución gradual de las leyes del mineral y al aumento de su dureza. Para lograr ese objetivo, considera adecuaciones de diseño e ingeniería destinadas a mantener las capacidades operacionales previamente autorizadas. Las obras se desarrollarán dentro del área comprendida entre la correa overland proveniente del chancado primario y los espesadores de relaves y concentrado actualmente en operación.

Iniciativa contempla una inversión de US$2.351 millones

La iniciativa presentada por Minera Escondida Ltda., operada por BHP, contempla una vida útil estimada de 25,5 años y una inversión cercana a los US$2.351 millones. Entre sus componentes figura una nueva línea eléctrica asociada a las mejoras operacionales de la planta. El proyecto busca mantener la continuidad de la producción mediante la adaptación de sus instalaciones a las nuevas características del mineral extraído.

Con la admisión de las reclamaciones, el Tribunal Ambiental iniciará la revisión judicial del proceso de evaluación. El resultado determinará si la resolución que confirmó la aprobación ambiental del proyecto se ajustó a la normativa vigente o si corresponde adoptar nuevas medidas dentro del procedimiento.

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Cuestionan evaluación ambiental del proyecto

Uno de los recursos sostiene que la evaluación ambiental no consideró adecuadamente observaciones ciudadanas relacionadas con la disponibilidad y calidad del recurso hídrico. Además, plantea que existía información insuficiente para descartar posibles impactos sobre la calidad del aire en el área de influencia del proyecto. La Municipalidad de La Ligua argumenta que la iniciativa debió ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental mediante un Estudio de Impacto Ambiental y no a través de una Declaración de Impacto Ambiental.

Según el municipio, la operación podría generar riesgos para la salud debido a los efluentes asociados al procesamiento mineral. También advierte posibles efectos sobre la cantidad y calidad de las aguas en una zona considerada de alta sensibilidad hídrica. La acción judicial agrega posibles alteraciones a sistemas de vida de grupos humanos y la cercanía del proyecto al Santuario de la Naturaleza Salinas de Pullalli-Dunas de Longotoma. Por su parte, vecinos de La Ligua y Papudo sostienen que la iniciativa se emplaza en un área restringida para el desarrollo urbano según la planificación territorial vigente.

SEA defiende la aprobación del proyecto

El Servicio de Evaluación Ambiental solicitó al Tribunal rechazar todas las reclamaciones. El organismo afirmó que la evaluación descartó correctamente impactos significativos sobre los recursos hídricos. La entidad señaló que los estudios consideraron escenarios conservadores de extracción de agua durante toda la vida útil del proyecto. Según el SEA, la iniciativa contempla un caudal máximo de extracción de 2,52 litros por segundo. Asimismo, indicó que los análisis de calidad del aire utilizaron modelos de dispersión de contaminantes y antecedentes meteorológicos validados por la normativa ambiental.

El SEA también sostiene que el proyecto no afectará directamente el Santuario de la Naturaleza Salinas de Pullalli-Dunas de Longotoma ni el bosque de olivillos protegido en la Quebrada Las Tablas. Respecto a la compatibilidad territorial, el organismo argumenta que la actividad minera cuenta con respaldo legal y que la normativa sectorial prevalece sobre las restricciones establecidas en el Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso.

 ¿En qué consiste el proyecto?

El proyecto minero Pullalli busca extender la vida útil de la Planta Pullalli por cinco años. Para ello, propone modificar el proceso actual de lixiviación agitada por un sistema de lixiviación en pilas. La iniciativa incorpora nuevas instalaciones para aglomeración, lixiviación primaria y secundaria, además de una planta de Columna de Intercambio Catiónico y una planta de elución. Con estos cambios, la empresa busca mantener la continuidad operacional de la planta procesadora de minerales auríferos.

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Ajustes a infraestructura aprobada previamente

La iniciativa incorpora modificaciones y obras complementarias a proyectos aprobados mediante la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de 2021. El objetivo es optimizar la operación de tres componentes estratégicos de la faena. Las medidas incluyen la recuperación de la tasa de extracción de estériles en el rajo Rosario, la habilitación de una cantera en Ujina y la reubicación del sistema de bombeo de relaves vinculado al depósito Pampa Pabellón. Según los antecedentes presentados, los cambios no modifican la vida útil autorizada para la operación minera. El horizonte operacional se mantiene vigente hasta el año 2041.

Uno de los ejes del proyecto considera recuperar parte de la extracción de estériles no ejecutada entre 2022 y 2026. Durante ese período, el movimiento efectivo se ubicó por debajo de las proyecciones aprobadas. La compañía estima un déficit acumulado de 174 millones de toneladas de estéril. Para compensarlo, propone aumentar temporalmente la extracción en 30 millones de toneladas anuales entre 2027 y 2030. Con esta medida, la tasa máxima de movimiento total alcanzaría 330 millones de toneladas por año. La operación incorporará 11 camiones CAEX, una pala hidráulica y un cargador frontal.

El proyecto contempla además la habilitación de una cantera cercana al rajo Ujina. Su función será suministrar material apto para la construcción del muro principal del depósito de relaves Pampa Pabellón. Durante la ejecución del proyecto aprobado en 2021, la empresa detectó que parte del material disponible en el botadero Ujina no cumplía con las especificaciones geotécnicas requeridas. Por esta razón, definió incorporar una nueva fuente de abastecimiento. La cantera abarcará una superficie de 35,6 hectáreas. Su operación se desarrollará entre 2027 y 2030 de manera complementaria al suministro proveniente del botadero existente.

La DIA también considera la reubicación de la estación de bombeo de relaves. La nueva ubicación se situará aproximadamente 600 metros al sur de la aprobada originalmente. La modificación busca optimizar movimientos de tierra y reducir interferencias con otras instalaciones operacionales. El diseño incorpora seis bombas centrífugas de mayor potencia, una sala eléctrica, una subestación y nuevas conexiones de tuberías. La superficie adicional de intervención alcanzará cerca de 4,2 hectáreas. Sin embargo, la operación del depósito de relaves mantendrá las condiciones ambientales ya autorizadas.

Inversión y permisos ambientales

El Proyecto Faena Cordillera Collahuasi considera una inversión total de US$345 millones. Los recursos financiarán principalmente la habilitación de la cantera Ujina y la construcción de la nueva estación de bombeo. Durante la etapa de construcción, la iniciativa requerirá un promedio de 87 trabajadores y un máximo de 131 personas. En la fase operacional asociada a la recuperación de estériles, participarán alrededor de 50 trabajadores. Además, el proyecto incorpora dos Permisos Ambientales Sectoriales. Estos corresponden al PASM 151, relacionado con formaciones xerofíticas, y al PASM 160, vinculado a construcciones industriales fuera de límites urbanos.

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La Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería y de Dueños de Concesiones Mineras A.G. (AGRUMIN), encabezada por Patricio Gatica, expuso sus propuestas durante una sesión que contó con la participación del biministro de Minería y Energía, Daniel Mas, y del subsecretario Álvaro González. Según el gremio, las modificaciones aplicadas durante los últimos años al régimen de patentes han incrementado los costos y las exigencias administrativas para los productores de menor escala. AGRUMIN propuso restablecer el sistema histórico de amparo minero. La iniciativa considera una patente fija de explotación equivalente a 0,1 UTM por hectárea y elimina requisitos adicionales de acreditación.

La agrupación afirmó que este mecanismo entregó certeza jurídica durante décadas. Además, permitió mantener las concesiones sin generar trámites adicionales para los titulares. El gremio también valoró la eliminación del artículo 142 ter del Código de Minería. A su juicio, esta norma no logró los objetivos esperados y terminó excluyendo a numerosos pequeños productores. “Necesitamos una regulación simple y eficiente. Los pequeños y medianos mineros deben concentrarse en producir y generar empleo”, señalaron desde AGRUMIN.

Junto con las propuestas sobre patentes mineras, la organización planteó actualizar el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La iniciativa propone elevar de 5.000 a 20.000 toneladas mensuales el umbral de extracción que obliga a los proyectos a ingresar al SEIA.

AGRUMIN explicó que el límite vigente fue definido hace casi tres décadas. Según la entidad, la minería chilena ha experimentado importantes avances tecnológicos y ambientales desde entonces. La agrupación destacó la incorporación de sistemas modernos para el control de emisiones, la reutilización de agua, el manejo de relaves y el monitoreo ambiental. A juicio del gremio, estas herramientas permiten reducir significativamente los impactos de la actividad minera. Por ello, consideran necesario adecuar la regulación a las capacidades actuales de la industria.

AGRUMIN afirmó que una actualización regulatoria permitiría acelerar el desarrollo de proyectos de pequeña y mediana escala. También favorecería la creación de empleo y el aumento de las inversiones en distintas regiones del país. La organización sostuvo que estas medidas fortalecerían la competitividad de Chile frente a otros destinos mineros internacionales.

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Los reclamantes sostienen que la evaluación no consideró adecuadamente las observaciones relacionadas con las comunidades indígenas. También afirman que existieron deficiencias en el análisis de posibles efectos sobre recursos hídricos, biodiversidad y áreas protegidas. Según la presentación judicial, el proyecto contempla 12 sondajes de exploración minera distribuidos en nueve plataformas ubicadas en el cerro Anocarire. La iniciativa busca determinar la presencia de cobre, oro y plata en la zona.

Las organizaciones señalan que el área del proyecto se encuentra en territorios ancestrales utilizados por comunidades Aymara y Quechua. En el sector existirían caminos troperos, zonas de pastoreo, vertientes, bofedales y espacios ceremoniales. Además, destacan que el cerro Anocarire posee un valor espiritual relevante dentro de la cosmovisión Aymara. Para las comunidades, el lugar representa un “Mallku” o cerro sagrado.

Los reclamantes cuestionan que la iniciativa ingresara al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). A su juicio, el proyecto debió someterse a un Estudio de Impacto Ambiental debido a sus posibles efectos sobre comunidades indígenas y ecosistemas sensibles. Entre las áreas cercanas mencionadas figuran la Reserva Nacional Las Vicuñas y la Reserva de la Biosfera Lauca. Por ello, solicitaron que sus observaciones ciudadanas sean revisadas nuevamente. El Primer Tribunal Ambiental acogió a trámite la reclamación. Asimismo, requirió al SEA un informe detallado sobre los fundamentos de su decisión y los antecedentes administrativos asociados.

Medida cautelar busca paralizar las obras

Junto con la reclamación, los solicitantes pidieron una medida cautelar para suspender los efectos de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Argumentan que el proyecto no habría evaluado de forma íntegra todas las obras necesarias para su ejecución. Según el escrito, el inicio de los trabajos podría generar impactos permanentes sobre recursos hídricos, biodiversidad y el cerro Anocarire. También advierten riesgos para áreas protegidas y actividades tradicionales de las comunidades. El tribunal resolvió solicitar antecedentes adicionales a la parte reclamada antes de pronunciarse sobre la medida cautelar.

Detalles del proyecto minero Champagne

El proyecto minero Champagne considera la ejecución de 12 sondajes mediante aire reverso o diamantina. También contempla la construcción de caminos de acceso, plataformas de perforación, piscinas de lodo e infraestructura de apoyo. La iniciativa se desarrollará durante 28 meses en un sector ubicado entre las comunas de Putre y Camarones, en la Región de Arica y Parinacota. La inversión estimada alcanza los US$18 millones.

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Durante mayo, las Comisiones de Evaluación Ambiental y la Dirección Ejecutiva del SEA aprobaron proyectos por US$13.962 millones. Esta cifra convirtió al mes en el período con mayor inversión aprobada desde la creación del sistema. Entre los proyectos destacados figuran Aguas Marítimas en Antofagasta, el Puerto Exterior de San Antonio y la Línea 8 del Metro de Santiago. También recibieron luz verde diversas iniciativas de energías renovables y almacenamiento energético.

La ministra Francisca Toledo informó que durante los primeros tres meses de gestión ingresaron 75 proyectos al Sistema de Evaluación Ambiental. Estas iniciativas representan una inversión de US$22.819 millones. Según la autoridad, el monto supera ampliamente los niveles registrados durante los inicios de las tres administraciones anteriores. El resultado refleja un mayor dinamismo en la presentación de proyectos de inversión.

El director ejecutivo del SEA, Arturo Farías, señaló que actualmente existen 379 proyectos en evaluación. En conjunto, estas iniciativas representan más de US$91 mil millones de inversión. Las regiones con mayores montos corresponden a Magallanes y la Antártica Chilena, con US$27.022 millones. Antofagasta ocupa el segundo lugar con US$26.844 millones. Farías explicó que los sectores de Energía y Minería concentran más de US$53 mil millones. Ambos rubros lideran la cartera de proyectos que actualmente analiza el sistema.

La aprobación ambiental de proyectos también avanzó gracias a medidas orientadas a resolver procesos pendientes. En menos de 90 días, el SEA destrabó más de 50 iniciativas que mantenían reclamaciones administrativas. Estas acciones involucraron inversiones cercanas a los US$15 mil millones. Además, el Comité de Ministros sesionó en seis ocasiones y revisó 16 proyectos de inversión. La revisión permitió avanzar en iniciativas por más de US$6.900 millones. Según las autoridades, este trabajo fortaleció la certeza regulatoria y mejoró la eficiencia institucional.

La ministra Toledo informó que la administración prácticamente concluyó la revisión de reclamaciones heredadas. Asimismo, el SEA redujo los tiempos de emisión de resoluciones desde seis meses a solo 15 días, fortaleciendo las condiciones para atraer nuevas inversiones y generar empleo en el país.

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La publicación de las Declaraciones de Impacto Ambiental permite que la ciudadanía conozca los proyectos que iniciaron su proceso de evaluación ambiental durante el período informado. El SEA destacó que esta información forma parte de su compromiso permanente con la transparencia institucional. También busca facilitar el acceso oportuno a antecedentes relevantes para las comunidades y actores interesados.

Los proyectos incluidos en el listado corresponden a iniciativas que ingresaron al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Este instrumento permite evaluar los potenciales efectos ambientales de los proyectos antes de su ejecución. La información se encuentra disponible para consulta pública a través de los canales oficiales del SEA.

El SEA recordó que la ciudadanía puede solicitar la apertura de un Proceso de Participación Ciudadana (PAC) para las Declaraciones de Impacto Ambiental. Este mecanismo permite que las comunidades presenten observaciones y aporten antecedentes durante la evaluación ambiental de los proyectos.

La solicitud puede ser presentada por al menos dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica, representadas por sus dirigentes. También puede ser realizada por un grupo mínimo de diez personas naturales que resulten directamente afectadas por el proyecto o actividad evaluada.

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La presentación fue realizada por la Asociación Indígena Atacameña de Regantes y Agricultores de Toconao, junto a dos personas naturales. Los reclamantes sostienen que la autoridad ambiental no consideró adecuadamente las observaciones ciudadanas durante el proceso de evaluación.

Según la reclamación, el proyecto se ubicaría en una zona de alta sensibilidad ecológica. El área se encuentra próxima al Sitio Ramsar Salar de Tara y a la Reserva Nacional Los Flamencos. Los demandantes expresan preocupación por eventuales efectos sobre recursos hídricos, vegas, bofedales y ecosistemas altoandinos. También advierten posibles consecuencias para la biodiversidad presente en el territorio.

Uno de los principales cuestionamientos apunta al posible impacto de las perforaciones sobre acuíferos y aguas subterráneas. Los reclamantes señalan que estas intervenciones podrían afectar vertientes que abastecen al río Jere. Este recurso hídrico resulta fundamental para las actividades agrícolas y de subsistencia que desarrolla la comunidad de Toconao. Por ello, solicitan una revisión más exhaustiva de los antecedentes técnicos.

La reclamación también plantea posibles efectos sobre especies nativas y corredores biológicos. Entre ellas destacan especies de uso etnobotánico y ceremonial para el pueblo Lickan Antai, como la tola y la chachacoma. Además, los demandantes sostienen que la iniciativa podría generar impactos sobre prácticas tradicionales vinculadas al territorio ancestral. Entre ellas mencionan el pastoreo, la trashumancia, la agricultura local y actividades ceremoniales.

Dentro de los antecedentes presentados, se menciona que la Dirección General de Aguas formuló observaciones al modelo hidrogeológico del proyecto. Estas observaciones apuntarían a incertidumbres respecto de una posible interceptación de aguas subterráneas. Los reclamantes también cuestionan las medidas propuestas por el titular. A su juicio, estas acciones tendrían un carácter reactivo y no permitirían descartar impactos ambientales significativos.

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Profesionales del SEA llegaron hasta la capital de la provincia de El Loa para ejecutar una instancia de “Casa Abierta”. La jornada permitió informar a la comunidad sobre los alcances técnicos y ambientales de la iniciativa presentada por Sociedad Contractual Minera El Abra.

Durante la actividad, el titular instaló stands informativos para explicar las principales obras asociadas al proyecto. También presentó estudios ambientales, impactos identificados, medidas de mitigación y compromisos voluntarios. La iniciativa busca asegurar la operación de Minera El Abra mediante la extensión del proyecto “Lixiviación de Sulfuros, Sulfolix”. Además, considera desarrollar una nueva línea de explotación y procesamiento de sulfuros de cobre.

El proyecto contempla extender la vida útil de la faena minera por 40 años adicionales. Según el plan minero, la operación considera una extracción aproximada de 8.400 millones de toneladas de material desde el rajo. Otro eje relevante corresponde a la incorporación de agua desalada como nueva fuente hídrica. La medida apunta a fortalecer la transición hídrica de la operación minera en la Región de Antofagasta.

El SEA habilitó un espacio especial para informar sobre los derechos de participación ciudadana. En ese punto, profesionales del organismo explicaron el procedimiento legal para ingresar observaciones al Estudio de Impacto Ambiental. Además, el servicio realizó un taller de apresto y diálogo en Calama. La instancia entregó información sobre mecanismos formales de participación dentro del proceso de evaluación ambiental.

Tras las exposiciones técnicas, los asistentes participaron en un espacio de preguntas y observaciones. La actividad facilitó el diálogo directo entre la comunidad, el titular del proyecto y el equipo evaluador del SEA. La continuidad operacional de Minera El Abra continuará su proceso de evaluación ambiental con nuevas instancias de participación ciudadana y revisión técnica del proyecto.

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El fallo del Segundo Tribunal Ambiental dejó sin efecto la RCA otorgada al proyecto de expansión de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. La sentencia determinó que el SEA deberá revisar nuevamente antecedentes relacionados con impactos sociales y marítimos. La causa se originó tras reclamaciones presentadas por comunidades y representantes locales. Los reclamantes cuestionaron aspectos de la evaluación ambiental desarrollada durante la tramitación del proyecto.

La iniciativa representa una inversión ejecutada cercana a US$3.200 millones. El proyecto incluye obras de infraestructura y una planta desaladora que actualmente se encuentra en etapa final de construcción. La expansión busca fortalecer la capacidad productiva de Collahuasi. Además, pretende asegurar suministro hídrico mediante infraestructura de desalinización para las operaciones mineras.

La minera sostuvo que el proceso ambiental cumplió la normativa vigente y los procedimientos institucionales. La empresa recordó que el Comité de Ministros rechazó en agosto de 2023 las reclamaciones presentadas contra la iniciativa. Ese pronunciamiento respaldó la continuidad del proyecto antes de la resolución judicial. Sin embargo, el tribunal acogió posteriormente los recursos tras más de 800 días de tramitación.

Desde la compañía afirmaron que la evaluación ambiental respetó los estándares exigidos por la legislación chilena. También indicaron que actualmente analizan las acciones legales que podrían presentar frente a la sentencia. El caso vuelve a instalar el debate sobre los procesos de evaluación ambiental de grandes proyectos mineros en Chile. La decisión podría generar nuevas revisiones regulatorias para futuras iniciativas de inversión en el sector.

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La reclamación sostiene que el proyecto podría afectar el sistema hídrico del Salar de Tara. El sector cuenta con protección ambiental por su condición de Reserva Nacional y Sitio Ramsar. La comunidad indígena argumentó que la evaluación ambiental presentó deficiencias en la caracterización hidrogeológica. Además, acusó falta de información y errores metodológicos en el modelo utilizado por la empresa minera. Según el escrito, estas falencias impedirían descartar impactos sobre vegas, bofedales y acuíferos protegidos. La organización también afirmó que el proceso no consideró correctamente los efectos sobre sus sistemas de vida y costumbres.

La reclamación expone que el análisis ambiental omitió elementos culturales y espirituales asociados al territorio. También cuestionó la caracterización del componente humano durante la evaluación del proyecto. La comunidad solicitó al tribunal dejar sin efecto la resolución del SEA. Además, pidió mantener la calificación ambiental desfavorable de la Declaración de Impacto Ambiental presentada por la empresa. Junto con ello, solicitó la suspensión de los efectos de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). La petición incluye la paralización temporal de las obras mientras el tribunal analiza los antecedentes. El Primer Tribunal Ambiental informó que esa solicitud cautelar sigue en evaluación. La resolución sobre esa materia se conocería durante los próximos días.

El proyecto de exploración minera en San Pedro de Atacama busca determinar la presencia de cuerpos mineralizados en profundidad. Para ello, considera la perforación de ocho sondajes mediante el método de diamantina. La iniciativa contempla una inversión cercana a un millón de dólares. Además, considera una ejecución aproximada de tres meses. El proyecto se emplazará a unos 120 kilómetros al este de San Pedro de Atacama. La empresa pretende caracterizar y delimitar concentraciones minerales en la zona de exploración.

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La iniciativa pertenece a Albemarle Limitada. El proyecto busca incorporar tecnología complementaria para recuperar litio desde salmuera natural mediante extracción directa. La empresa plantea un proceso distinto a la evaporación solar tradicional. La vida útil estimada de la iniciativa alcanzará los 17 años. La visita técnica contó con la participación de profesionales de SERNAGEOMIN y CONAF. La instancia permitió revisar aspectos operacionales y ambientales asociados al proyecto.

En paralelo, equipos del SEA Antofagasta realizaron actividades de participación ciudadana vinculadas al proyecto “Continuidad Operacional Minera El Abra y Desarrollo de Planta Concentradora con Transición Hídrica a Agua Desalada”. Las jornadas se desarrollaron en Tocopilla y María Elena. Funcionarios del SEA y representantes de la empresa ejecutaron actividades puerta a puerta, talleres y encuentros abiertos con la comunidad. Durante las actividades, los equipos entregaron información sobre derechos ciudadanos y plazos legales para presentar observaciones ambientales. También distribuyeron material informativo sobre las principales características del proyecto.

Proyecto de Minera El Abra

La iniciativa busca asegurar la continuidad operacional de Minera El Abra. El proyecto considera extender la operación Sulfolix y desarrollar una línea de explotación y procesamiento de sulfuros de cobre. Además, incorpora una transición hídrica mediante el uso de agua desalada. La propuesta tendrá una vida útil de 44 años. Las obras y acciones del proyecto se emplazarán en Calama, Ollagüe, María Elena, Tocopilla y Mejillones. El proceso de SEA Antofagasta proyectos en evaluación también contempla orientación a las comunidades sobre cómo realizar observaciones ciudadanas efectivas dentro de los plazos establecidos.

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Proyecto de Anglo American

El plan de Anglo American contempla mantener una capacidad de procesamiento de hasta 6 millones de toneladas anuales entre 2030 y 2045. La etapa operacional tendría una duración estimada de 16 años. La iniciativa se dividirá en dos ciclos productivos de aproximadamente ocho años cada uno. Con ello, la compañía busca fortalecer la continuidad de una de sus operaciones históricas en Chile.

Entre las principales obras destaca la extracción de nuevas fases del rajo El Soldado. Además, el proyecto incluye la reapertura de la mina subterránea y la habilitación de nuevos depósitos de relaves. La propuesta también considera ampliar botaderos existentes como El Carmen, San José y El Sauce. A esto se suma la implementación de un botadero In Pit dentro del mismo rajo.

Uno de los focos centrales del proyecto apunta a incorporar tecnologías para clasificación y espesamiento de relaves. La compañía busca reutilizar infraestructura y áreas previamente intervenidas. El proyecto contempla además el procesamiento de escorias provenientes de la Fundición Chagres y de otras operaciones mineras. También considera el tratamiento de mineral de terceros.

La fase de construcción se extendería por cerca de 18 meses. Durante ese periodo, la iniciativa alcanzaría un peak de hasta 944 trabajadores. En la etapa de operación, el proyecto demandaría una dotación promedio cercana a las 1.480 personas. En algunos periodos, la cifra podría llegar a 1.750 trabajadores.

El ingreso mediante un Estudio de Impacto Ambiental responde a potenciales efectos sobre recursos naturales y calidad ambiental. El expediente incluye análisis sobre aire, agua, suelo y cercanía con áreas protegidas. La propuesta también incorpora estudios relacionados con riesgos climáticos y adaptación operacional. Con ello, Anglo American busca avanzar en el proceso para extender la vida útil de El Soldado bajo criterios ambientales y operacionales.

Producción histórica

El Soldado corresponde a una de las operaciones históricas de Anglo American en Chile. La compañía administra la faena desde 2002. Durante 2025, la operación produjo más de 42 mil toneladas de cobre fino. La nueva iniciativa apunta a fortalecer la continuidad productiva de la mina en la Región de Valparaíso.

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Durante la audiencia, el abogado del reclamante sostuvo que la aprobación no descartó adecuadamente los impactos del proyecto. Argumentó que existen dudas sobre el manejo de arenas de retorno y su efecto en la salud de la población. El representante legal indicó que faltan antecedentes sobre contaminantes presentes en suelo, agua y aire. También señaló que la autoridad sanitaria detectó deficiencias en la evaluación de exposición.

El reclamante criticó que las medidas ambientales se concentran solo en el arsénico. Afirmó que se requiere mayor análisis sobre otros metales presentes en los relaves. Además, cuestionó la falta de criterios objetivos basados en normas de referencia. También advirtió sobre posibles impactos en el Sitio Prioritario Quebrada de Peralillo.

El SEA defendió la legalidad de la resolución. Su representante aseguró que el Comité de Ministros evaluó antecedentes suficientes sobre riesgos sanitarios. El organismo indicó que no se ha comprobado un impacto significativo asociado al manejo de residuos. Añadió que el proyecto incorpora compromisos ambientales que reducen la concentración de arsénico en más de un 50%. También afirmó que los estudios descartan efectos relevantes sobre recursos hídricos. Según el SEA, la empresa cumplió con las exigencias técnicas durante la evaluación.

Defensa de la compañía

La defensa de la compañía señaló que el proyecto mejorará la condición ambiental del área. Explicó que la playa ya presenta relaves históricos y residuos de eventos pasados. El abogado indicó que el proceso permitirá recuperar cobre y devolver arenas tratadas. Estas tendrían menor concentración de contaminantes que las actuales. Recalcó que el proyecto no agrava la situación existente. Afirmó que contribuirá a una recuperación ambiental progresiva del sector.

Tras la audiencia, el proyecto minero Playa Verde en Chañaral quedó en estado de acuerdo. El tribunal designó al ministro Marcelo Hernández Rojas para redactar la sentencia. La resolución será clave para definir el futuro de la iniciativa. El fallo abordará los cuestionamientos sobre evaluación ambiental y riesgos asociados.

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El fallo concluyó que durante la tramitación se vulneró el principio de contradictoriedad. Según la resolución, el titular no conoció oportunamente cuestionamientos técnicos surgidos desde observaciones ciudadanas. Eso impidió que la empresa respondiera antes de la emisión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) desfavorable. Para el Tribunal, esa omisión afectó garantías básicas del proceso administrativo.

La sentencia también cuestionó actuaciones posteriores del SEA. Tras una orden de la Corte Suprema para abrir una nueva etapa de participación ciudadana, surgieron observaciones sobre polvo, ruido y vibraciones. Sin embargo, la autoridad utilizó esos antecedentes para rechazar el proyecto. No entregó una instancia equivalente para que la empresa aclarara o complementara información técnica.

Qué implica la decisión judicial

El fallo obliga al SEA a retomar la evaluación en una etapa previa al informe consolidado. Esto permitirá revisar nuevamente antecedentes y otorgar oportunidades formales de respuesta al titular. La sentencia recordó además que el proyecto había contado inicialmente con una RCA favorable. Por ello, exigió mayor claridad de la autoridad al modificar una evaluación previa positiva.

El Proyecto Minero San Cayetano corresponde a una faena de cobre ubicada en el sector El Reloj, comuna de Ovalle, provincia del Limarí. Busca ampliar la producción desde 5.000 toneladas mensuales hasta 60.000 toneladas por mes. Para concretarlo, considera ampliar botaderos de estériles y construir uno nuevo. También incluye una planta de procesamiento, un depósito de relaves filtrados e instalaciones de apoyo. La iniciativa abarca cerca de 320 hectáreas. Además, contempla una inversión superior a US$20 millones.

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La autoridad destacó el peso estratégico de la región para el desarrollo nacional. Indicó que Antofagasta reúne cerca del 30% de la inversión que actualmente se analiza en Chile. Farías explicó que esta realidad exige una gestión eficiente. También remarcó la necesidad de responder con altos estándares técnicos y dentro de los plazos establecidos.

Durante el primer mes de la actual administración, ingresaron nuevas iniciativas por US$17 mil millones a nivel regional. La cifra refleja un fuerte dinamismo en materia de inversión. El SEA señaló que evaluará medidas para fortalecer al equipo local. El objetivo apunta a enfrentar la creciente demanda y mejorar tiempos de tramitación.

En la jornada participaron la delegada presidencial regional, Katherine López, y la seremi del Medio Ambiente, Verónica Araneda. También asistieron representantes de la SMA, SBAP y del SEA Antofagasta. Las autoridades revisaron los principales desafíos de coordinación institucional. Además, analizaron mecanismos para compatibilizar inversión y cumplimiento normativo.

Inversión y calidad de vida

La delegada presidencial afirmó que el aumento de proyectos debe traducirse en beneficios concretos para la ciudadanía. Mencionó áreas como salud, educación, vivienda y seguridad. Añadió que esos avances requieren inversión responsable. También subrayó la importancia de respetar la normativa vigente en cada proceso.

Farías cerró la jornada con una reunión junto al equipo regional del servicio. En la instancia conoció los principales retos técnicos y operativos que enfrenta la zona. La evaluación ambiental en Antofagasta seguirá siendo clave para el crecimiento económico del país. El desempeño regional será decisivo para destrabar inversiones estratégicas.

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La primera reclamación fue presentada por la comunidad indígena Wayra Mata Tujsi. Su representación sostuvo que las opiniones entregadas en reuniones del proceso ambiental debían considerarse como observaciones ciudadanas formales. Según su defensa, la autoridad debió responder esas inquietudes y permitir la reclamación administrativa posterior. Además, expusieron preocupación por emisiones de polvo, avance de la mina subterránea y riesgos sísmicos en Tierra Amarilla.

Postura del Servicio de Evaluación Ambiental

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) rechazó esos argumentos. Su defensa indicó que la comunidad no presentó observaciones ciudadanas dentro de los plazos legales. El organismo afirmó que el proceso participativo cumplió la normativa vigente. También señaló que el proyecto incorporó medidas para reducir emisiones de MP10 y MP2,5. Entre ellas figuran humectación de caminos, asfaltado, monitoreo ambiental y recambio de buses diésel por eléctricos. Además, se suman programas de salud y plantación de árboles nativos.

La segunda reclamación fue presentada por la comunidad Colla Tata Inti del Pueblo de Los Loros. Su abogado cuestionó la evaluación de impactos en salud, agricultura y presencia de receptores humanos cercanos al proyecto. También planteó falta de consulta indígena y ausencia de análisis sobre cambio climático. El SEA respondió que no existían condiciones legales para activar dicho proceso. La empresa Minera Candelaria respaldó la postura del servicio. Sostuvo que los impactos ambientales fueron evaluados y que existen medidas suficientes de mitigación.

La iniciativa contempla una inversión de US$600 millones. Además, proyecta una vida útil de 23 años. El plan considera explotar cerca de 350 millones de toneladas adicionales. La operación aumentaría su extracción promedio anual a 384.000 toneladas diarias de material.

Tras las audiencias, las reclamaciones contra proyecto Mina Candelaria quedaron en estudio. El tribunal solicitó nuevos antecedentes a distintas instituciones antes de emitir su resolución final. La decisión será clave para el futuro del proyecto y para la relación entre minería, comunidades y regulación ambiental en Atacama.

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