El despliegue se ejecutó en la División El Teniente, la mina subterránea operada por Codelco. El director nacional (s) de Servicio Nacional de Geología y Minería, Mauricio Lorca, encabezó la fiscalización. Quince expertos multidisciplinarios llegaron al sector Colón Alto en seis vehículos institucionales. El equipo inició la toma de datos técnicos y revisó galerías y sistemas de monitoreo geomecánico. La autoridad notificó formalmente a la alta gerencia el inicio del proceso. El objetivo es contrastar la información técnica real con los formularios E-300 reportados por la empresa.

Mauricio Lorca afirmó que el proceso será continuo y exhaustivo. El equipo busca determinar posibles desviaciones respecto a los permisos otorgados por el servicio. La fiscalización en El Teniente pretende garantizar la seguridad de los trabajadores. Además, busca reconstruir la trazabilidad comprometida tras el presunto ocultamiento de datos.

“La seguridad y la fe pública no pueden depender de información alterada”, enfatizó la autoridad.

Denuncias ante Ministerio Público

Sernageomin presentó denuncias ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Las acciones buscan establecer responsabilidades penales y administrativas. Los antecedentes se relacionan con el quiebre de protocolos de reporte tras el estallido de roca de 2023. También apuntan al uso indebido de instrumentos oficiales de seguridad minera.

Los hallazgos de esta inspección serán insumos clave para la Mesa de Trabajo Técnica. La instancia sesionará el 23 de febrero y operará hasta esclarecer los hechos. La autoridad reafirmó que la ley minera exige soberanía técnica y transparencia total. El operativo busca restituir la confianza en los sistemas de control y supervisión.

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La autoridad instruyó el viernes 13 de febrero la entrega inmediata de toda la documentación técnica y administrativa analizada por el directorio de la estatal. Codelco remitió los antecedentes dentro del plazo exigido por el servicio. Según Sernageomin, los documentos confirman diferencias relevantes entre los reportes oficiales y los datos operativos de la mina. Estos hallazgos activaron nuevas acciones administrativas y judiciales.

El 16 de febrero, el director nacional (s), Mauricio Lorca, sostuvo una reunión con altos ejecutivos de la compañía. La autoridad notificó el inicio de una revisión exhaustiva de los antecedentes. Sernageomin exigió acceso irrestricto y en tiempo real a los datos brutos de monitoreo sísmico y geomecánico. El organismo descartó aceptar informes procesados como única fuente de información. La entidad enfatizó que no tolerará desviaciones en el flujo de datos. Además, advirtió que aplicará las máximas sanciones legales ante eventuales incumplimientos.

Denuncia ante el Ministerio Público

Tras el análisis preliminar, Sernageomin presentó una denuncia ante el Ministerio Público. La acción busca que la justicia investigue la eventual comisión de delitos vinculados al ocultamiento o alteración de información técnica clave. La autoridad considera que estos antecedentes resultan esenciales para resguardar la seguridad minera en la operación. La investigación permitirá esclarecer responsabilidades y determinar eventuales sanciones.

Acción ante la Contraloría

Debido al carácter estatal de la empresa, el servicio también recurrió a la Contraloría General de la República. El organismo deberá evaluar posibles responsabilidades administrativas. La Contraloría analizará el cumplimiento de los principios de probidad y transparencia que rigen a las entidades públicas. Este proceso podría derivar en medidas correctivas adicionales.

Sernageomin reafirmó su compromiso irrestricto con la seguridad minera nacional. La institución subrayó que la colaboración técnica debe sustentarse en datos fidedignos y oportunos. El organismo recordó que estándares estrictos protegen la integridad de trabajadores y trabajadoras. La autoridad continuará fortaleciendo la fiscalización para garantizar operaciones seguras en la minería chilena.

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El requerimiento incluye el Informe de Consultoría Internacional y los resultados de la Auditoría Interna. Esta auditoría determinó la salida de tres altos ejecutivos tras confirmar inconsistencias y ocultamientos en la información reportada. La División El Teniente pertenece a Codelco y opera en la Región de O’Higgins. El incidente de estallido de roca ocurrió en julio de 2023 y generó preocupación en la industria.

El Servicio instruyó a la estatal adoptar medidas extraordinarias inmediatas. Estas acciones deben garantizar la vida de los trabajadores y la estabilidad de las instalaciones. La empresa deberá informar en un plazo máximo de 12 horas corridas desde la notificación. Además, deberá actualizar el reporte cada cinco días corridos.

Informe detallado

En uso de sus facultades legales y conforme al Reglamento de Seguridad Minera, el Servicio solicitó un informe técnico detallado. El documento deberá precisar cada inconsistencia, ocultamiento o desviación detectada. La autoridad exige que se especifique qué datos fueron omitidos o alterados. También solicita explicar cómo estas situaciones afectan el modelo de riesgo vigente en la faena.

El Servicio Nacional de Geología y Minería reafirmó que Sernageomin exige informe técnico urgente para resguardar la seguridad minera. La institución destacó que la veracidad y transparencia en la información resultan claves para una fiscalización efectiva. La autoridad subrayó que la colaboración técnica entre empresas y fiscalizador fortalece los estándares de excelencia. Este enfoque busca proteger con eficacia la integridad de cada trabajador y trabajadora de la minería chilena.

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