Aunque la minera cuenta con derechos de aprovechamiento, las extracciones se efectuaron fuera de lo permitido por las medidas de redistribución, que priorizan el consumo humano y el saneamiento. Los registros entregados por la propia empresa confirmaron el uso irregular de las bocatomas 2400 y 2700 durante fines de semana.

La resolución de la DGA concluyó que, pese a que los volúmenes extraídos fueron menores a la capacidad instalada, sí impactaron a más de 5.000 usuarios aguas abajo pertenecientes a la Junta de Vigilancia del Río Aconcagua. Por ello, se impusieron dos sanciones de 700,6 UTM cada una, aumentadas en 75% por tratarse de una zona de escasez hídrica y de un cauce declarado agotado. La multa total ascendió a 2.452,1 UTM, equivalentes a $168.329.309.

Además, la DGA remitió los antecedentes al Ministerio Público para indagar un eventual delito de extracción ilegal de agua, lo que podría derivar en responsabilidades penales.

La empresa ya había recibido cuatro multas previas entre 2023 y 2024 en la Región de Valparaíso, relacionadas con incumplimientos en el monitoreo de extracciones, captaciones no autorizadas en el estero Riecillos, uso irregular de aguas subterráneas en Nogales y obras sin permiso en el estero El Sauce.

Con este nuevo proceso, la DGA refuerza su rol fiscalizador en el uso sustentable de los recursos hídricos, especialmente en cuencas bajo presión hídrica severa como el Aconcagua.

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La Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas otorgó un plazo de 90 días a la empresa para presentar un proyecto de modificación de cauce para su evaluación o, en su defecto, proceder a la demolición completa de las estructuras. La revisión busca determinar si las obras pueden ajustarse a la normativa vigente para su eventual aprobación.

En caso de no cumplir con lo ordenado, la empresa arriesga nuevas multas que pueden ir entre 100 y 1.000 UTM adicionales. Según el informe técnico, las construcciones representan una alteración significativa del cauce natural y un riesgo para la seguridad hídrica del sector.

El SEREMI de Obras Públicas, Dennys Mendoza, subrayó la importancia de respetar la legislación. “Toda intervención en cauce debe regirse por la normativa, presentar un proyecto y someterlo a evaluación técnica”. Por su parte, el director regional de Aguas, Camilo Mansilla, recalcó que contar con las autorizaciones es clave para resguardar la vida, los bienes y la tranquilidad de la comunidad.

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