Los demandantes sostienen que diversos botaderos, acopios y depósitos de residuos se ubican cerca e incluso dentro del radio urbano de la comuna. Según la presentación, estos sectores contendrían material particulado fino y metales que podrían afectar distintos componentes ambientales.

La acción judicial fue presentada contra el Fisco de Chile, Lundin Mining SpA, Compañía Contractual Minera Candelaria y Compañía Contractual Minera Ojos del Salado. Los demandantes afirman que las emisiones provenientes de estos depósitos habrían generado impactos sobre el aire, el suelo, la flora, la fauna y los ecosistemas locales. Además, sostienen que existirían efectos sobre la salud de la población y el entorno sociocultural de la comuna.

Entre las medidas requeridas destacan la remoción o estabilización de depósitos de residuos mineros. También solicitan el confinamiento o cobertura definitiva de estos materiales. La demanda incluye la prohibición del tránsito de camiones sin sistemas adecuados de contención de carga en sectores urbanos. Asimismo, plantea la implementación de programas permanentes de monitoreo ambiental. Los habitantes también piden estudios independientes sobre la dispersión de material particulado. Junto a ello, solicitan acciones de remediación, prevención y seguimiento ambiental.

Junto con la demanda, los habitantes solicitaron una medida cautelar innovativa. Esta buscaba realizar análisis químicos y mineralógicos de materiales presentes en sectores cercanos a Villa Estadio y la Escuela Luis Uribe. El objetivo era elaborar un informe técnico sobre la composición de estos materiales y sus eventuales riesgos ambientales y sanitarios.

Tras revisar los antecedentes, el tribunal concluyó que no existían elementos suficientes para acreditar una presunción grave del derecho reclamado. Además, estimó que no se acreditó un riesgo actual e inminente que justificara la medida cautelar. La decisión contó con el voto disidente del ministro Marcelo Hernández Rojas. El magistrado consideró necesario solicitar mayores antecedentes antes de resolver la solicitud.

La admisión a trámite de la demanda por daño ambiental en Tierra Amarilla marca el inicio formal del proceso judicial. Durante esta etapa, el tribunal deberá determinar si existe el daño ambiental denunciado. En caso de acreditarse la existencia del daño, la instancia judicial podrá establecer responsabilidades y ordenar medidas de reparación material. El siguiente paso corresponde a la notificación de la demanda a las partes demandadas. Posteriormente, estas dispondrán de un plazo legal para presentar sus descargos y responder a la acción judicial.

La entrada Tribunal admite a trámite la demanda por daño ambiental en Tierra Amarilla contra el Estado y empresas mineras se publicó primero en Mundo Minería.

Entre los cambios aprobados destaca la extensión de dos años para implementar el Plan de Restauración de Vegas Altoandinas. La iniciativa contempla el retiro de material coluvial y la recuperación de las condiciones hídricas del ecosistema. Los informes de seguimiento mostraron avances en la recuperación ambiental. Sin embargo, la regeneración de la vegetación y las condiciones de humedad evolucionaron más lentamente de lo esperado.

La actualización incorpora acciones destinadas a fortalecer la humedad superficial de las vegas. Entre ellas destaca el rebaje manual del suelo en sectores específicos para favorecer la retención hídrica. Además, el plan considera nuevos monitoreos de las condiciones hídricas. También incluye la recuperación de casillas de extracción y evaluaciones sobre la regeneración natural de la vegetación.

La resolución establece un nuevo indicador para medir el éxito de la restauración. El objetivo exige que al menos el 60% de la superficie de la vega de salvataje presente humedad detectable entre 80 y 100 centímetros de profundidad durante la época seca. Especialistas evaluarán esta condición mediante estudios geofísicos. El mecanismo busca entregar información más precisa sobre la evolución del ecosistema intervenido. Asimismo, las partes acordaron eliminar algunas actividades de monitoreo consideradas innecesarias para los objetivos de restauración. Entre ellas figuran registros fotográficos de fauna y evaluaciones del desempeño fotosintético.

La mayoría del tribunal concluyó que los cambios mantienen el propósito original del acuerdo. Los ministros señalaron que las medidas continúan orientadas a recuperar las condiciones hídricas y la funcionalidad ecológica del sistema. La resolución también indicó que la extensión del seguimiento permitirá evaluar con mayor solidez los procesos de regeneración y recuperación ambiental. No obstante, la ministra Sandra Álvarez votó en contra. A su juicio, la propuesta carecía de fundamentos suficientes para justificar la prórroga y asegurar el cumplimiento integral de los objetivos establecidos.

La demanda por daño ambiental se inició en abril de 2019. El Consejo de Defensa del Estado acusó a Compañía Minera Nevada SpA por afectar superficies de Azorella madrepórica y vegas altoandinas por encima de lo autorizado. En mayo de 2020, las partes alcanzaron un acuerdo conciliatorio aprobado por el tribunal. El instrumento contempló medidas de restauración, conservación, monitoreo y seguimiento ambiental en el área del proyecto.

La modificación de acuerdo conciliatorio por daño ambiental en Pascua Lama forma parte del seguimiento permanente que realiza el Primer Tribunal Ambiental. El objetivo es verificar el cumplimiento efectivo de las medidas destinadas a reparar los ecosistemas afectados.

La entrada Primer Tribunal Ambiental respalda modificación de acuerdo conciliatorio por daño ambiental en Pascua Lama se publicó primero en Mundo Minería.

Durante la audiencia, la defensa de Quiborax sostuvo que la continuidad de la cautelar genera graves efectos económicos. Según su representación legal, la situación incluso podría llevar a una liquidación forzada de la compañía. La empresa pidió autorizar un régimen acotado entre mayo y diciembre. También propuso una extracción limitada de mineral en 12 polígonos específicos dentro del área desafectada del salar.

La defensa señaló que las operaciones solicitadas cuentan con antecedentes conocidos y fiscalización pública. Además, afirmó que existen experiencias previas sobre sus efectos en la fauna protegida del sector. Quiborax insistió en que ha desarrollado actividades autorizadas durante años. Por ello, considera viable una fórmula parcial mientras avanza el juicio principal.

Representantes de comunidades cercanas al Salar de Surire apoyaron la solicitud de la empresa. Indicaron que la paralización ha provocado impactos económicos, sociales y culturales en el territorio. Los sindicatos de trabajadores también expusieron sus argumentos. Señalaron que la incertidumbre afecta a empleados y familias vinculadas a la operación minera.

El Consejo de Defensa del Estado rechazó el alzamiento parcial. Afirmó que cualquier actividad extractiva podría afectar el equilibrio integral del ecosistema y los procesos reproductivos de flamencos presentes en la zona. El organismo sostuvo que no existen nuevos antecedentes científicos suficientes para modificar la cautelar. También advirtió que la propuesta actual amplía plazos y zonas respecto de autorizaciones anteriores.

La demanda fue presentada en julio de 2024. El CDE solicitó medidas de reparación y compensación por un presunto daño ambiental en el Salar de Surire. Entre los impactos mencionados figuran alteraciones en topografía, escorrentía superficial, biodiversidad y servicios ecosistémicos. Desde entonces, la suspensión de faenas de Quiborax se ha mantenido con revisiones periódicas.

La entrada Suspensión de faenas de Quiborax en Salar Surire enfrenta nueva revisión en Tribunal Ambiental se publicó primero en Mundo Minería.

Las partes informaron sobre el desarrollo de estudios y monitoreos enfocados en la recuperación de vegas altoandinas. Estas acciones buscan restablecer funciones ecológicas clave. También se reportaron avances en seguimiento técnico. Los informes periódicos permiten evaluar el progreso de las medidas implementadas.

El plan incluye acciones específicas para proteger la especie Azorella madreporica. Esta vegetación resulta clave para el equilibrio del ecosistema altoandino. Las medidas consideran conservación, monitoreo y puesta en valor. Además, se busca fortalecer su resiliencia frente a intervenciones pasadas.

Durante la audiencia, las partes presentaron ajustes en una de las líneas del plan. Estos cambios se analizaron en instancias técnicas con organismos competentes. Según lo expuesto, las modificaciones buscan mejorar la implementación de las medidas. El objetivo es mantener el propósito original del acuerdo conciliatorio. Sin embargo, terceros intervinientes plantearon reparos. El abogado Sergio Millamán cuestionó la compatibilidad de los cambios con los compromisos iniciales.

Origen de la demanda ambiental

El Consejo de Defensa del Estado presentó la demanda por afectación de vegetación altoandina. Se estimó la intervención de 13,832 hectáreas de Azorella madreporica. Además, se reportó impacto en 0,16 hectáreas de vegas altoandinas. Estas cifras superan lo autorizado ambientalmente. El acuerdo conciliatorio estableció medidas de restauración, conservación y monitoreo. También incluyó coordinación institucional y apoyo a iniciativas sustentables.

La audiencia permitió al tribunal conocer avances y diferencias entre las partes. La instancia también visibilizó los desafíos en la ejecución del acuerdo. El proceso continúa bajo supervisión judicial. El cumplimiento de las medidas resulta clave para la recuperación del ecosistema afectado.

La entrada Primer Tribunal Ambiental revisa conciliación por daño ambiental en proyecto Pascua Lama se publicó primero en Mundo Minería.

Las empresas informaron progresos en la instalación de la Mesa de Gobernanza y en la transferencia de recursos a la comunidad. También avanzaron en estudios técnicos necesarios para ejecutar medidas de mayor complejidad.

El abogado Raimundo Moreno destacó avances sustantivos en la coordinación institucional. Explicó que el proceso enfrenta desafíos técnicos y metodológicos propios del análisis ecosistémico. Las partes reconocieron retrasos en la definición de los términos de referencia de la medida M0. Esta medida consiste en un análisis de afectación ecosistémica que condiciona otras acciones del acuerdo.

La abogada Marcia Faerman informó que la medida M0 aún no inicia su ejecución material. Actualmente elaboran los términos de referencia. Respecto de la medida M1, vinculada al cese de extracción de recursos hídricos, las empresas iniciaron tramitaciones ante la Dirección General de Aguas. Esperan el pronunciamiento del organismo.

Las medidas M2, M3, M11, M12 y M13 dependen del avance de la M0. Por ello, aún no comienzan su implementación. En cuanto a las medidas sociales, la comunidad solicitó reprogramar su inicio para marzo. Estas incluyen planes de gestión social, infraestructura y fondos de desarrollo. La Mesa de Gobernanza ya funciona. Las empresas transfirieron recursos a la Comunidad de Peine para asesoría y gestión.

El Consejo de Pueblos Atacameños decidió no integrarse a la Mesa de Gobernanza. Sin embargo, los recursos permanecen disponibles si modifican su decisión. El abogado Sergio Chamorro confirmó que la asamblea mantiene su postura. El diseño del acuerdo permite continuidad operativa pese a esta determinación.

Origen de la demanda por daño ambiental

En marzo de 2022, la Comunidad de Peine demandó a Minera Escondida por reparación de daño ambiental. Acusó sobreexplotación del acuífero y descenso del nivel freático en Tilopozo. El Consejo de Defensa del Estado también presentó demanda en representación del Estado. La acción incluyó a Minera Escondida, Zaldivar y Albemarle. En diciembre de 2024, las partes alcanzaron una conciliación. El acuerdo estableció 14 acciones para recuperar el ecosistema.

Las partes envían reportes anuales al tribunal. El primer informe se presentó en diciembre de 2025. El tribunal solicitó información específica y citó a audiencia de seguimiento. La revisión periódica permite verificar el cumplimiento efectivo de las medidas ambientales en conciliación por daño ambiental y asegurar su correcta ejecución.

La entrada Tribunal revisa avance de medidas ambientales en conciliación por daño ambiental en el Salar de Atacama se publicó primero en Mundo Minería.

Cuncumén es una comunidad agrícola del valle del Choapa. Sus habitantes denunciaron afectación en suelos y cultivos por presencia elevada de cobre en el río Cuncumén. La demanda se interpuso contra Minera Los Pelambres y Antofagasta Minerals por presunto daño ambiental.

El acuerdo contempla diez medidas distribuidas en seis lineamientos orientados a restaurar las condiciones productivas y ambientales del sector. Los lineamientos incluyen manejo agrícola, manejo de suelos, fortalecimiento del riego, equidad tecnológica, desarrollo agrícola y transparencia.

El plan considera patrones clonales de nogales tolerantes a Phytophthora, programas fitosanitarios y transferencia tecnológica para mejorar prácticas productivas.

Las acciones incluyen transferencia técnica para compostaje, monitoreo del cobre en suelos y evaluación continua de parámetros de calidad agrícola.

Las medidas incorporan sistemas de riego tecnificado, almacenamiento de agua y paneles fotovoltaicos para mejorar la eficiencia hídrica del territorio.

El acuerdo busca cerrar brechas de acceso a tecnología mediante insumos, acompañamiento técnico y capacitación para agricultoras y agricultores.

Se desarrollarán programas concursables para modernizar la producción y una plataforma pública que informará los avances, junto con auditorías semestrales independientes.

Las medidas comenzarán 180 días después de que la resolución quede firme. El plan se ejecutará en un plazo de 48 meses. Durante el primer año se realizarán diagnósticos iniciales y el diseño de programas técnicos. Entre los años dos y cuatro se implementarán las principales acciones, como la entrega de patrones clonales, instalación de riego tecnificado y operación completa de los programas agrícolas.

El ministro presidente, Alamiro Alfaro, destacó que el acuerdo incorpora obligaciones claras y auditables, con una inversión superior a los nueve mil millones de pesos destinada a mejorar el territorio.

La entrada Agricultores y Minera Los Pelambres alcanzan conciliación por daño ambiental en Cuncumén se publicó primero en Mundo Minería.

Durante la audiencia, se presentaron los avances de la primera fase del acuerdo, los que incluyen campañas de terreno, visitas semestrales al salar, reuniones periódicas de la Mesa de Gobernanza y de la Mesa Técnica, así como la elaboración de informes técnicos. También se informó sobre la ejecución de un Plan de Difusión, mejoras al sistema de riego artificial y estudios especializados en áreas hidrogeológicas, etnográficas y ambientales.

La exposición principal estuvo a cargo del abogado Ignacio Mujica, representante de Minera Escondida, quien reconoció retrasos iniciales por factores administrativos y falta de oferentes en licitaciones, aunque subrayó que actualmente existe un calendario “más detallado y realista” que se está cumpliendo.

Avances en la conciliación

Por parte del CDE, el abogado Nicolás Escobar destacó la participación constante de profesionales del Estado en las mesas de gobernanza y técnica, valorando el cumplimiento informado en la audiencia.

Las comunidades indígenas también resaltaron los progresos. El abogado de la Asociación Indígena Consejo de Pueblos Atacameños, Sergio Chamorro, afirmó que el proceso se ha consolidado como un modelo de co-construcción entre el Estado, la empresa y las comunidades. En la misma línea, Miguel Campos, representante de la Comunidad Atacameña de Peine, sostuvo que los resultados reflejan un trabajo conjunto y flexible, con vocación de continuidad.

El daño ambiental en Salar Punta Negra fue objeto de una demanda del CDE en 2020, tras la extracción de agua del acuífero que lo alimenta. El acuerdo de conciliación contempla 19 medidas de gestión, compensación y reparación ambiental a ejecutarse en tres fases.

La entrada Tribunal Ambiental revisa avances de Minera Escondida en daño ambiental en Salar Punta Negra se publicó primero en Mundo Minería.

De acuerdo con la sentencia, las faenas mineras generaron una conexión hidráulica entre el acuífero y la mina, lo que causó el vaciamiento de volúmenes importantes de agua subterránea, alteraciones en la morfología y la dirección de flujo, además de cambios en la calidad del agua. Estos efectos impactan directamente en las funciones esenciales del acuífero como proveedor de servicios ecosistémicos para la comuna de Tierra Amarilla.

El tribunal no solo ordenó el cierre definitivo de Mina Alcaparrosa, sino que también dispuso un programa de reparación que incluye el relleno del socavón, un diagnóstico técnico ambiental, medidas de compensación hídrica, construcción de lagunas de infiltración y fortalecimiento de la infraestructura sanitaria rural. La empresa deberá presentar reportes periódicos y someter las acciones a monitoreo permanente.

Si bien MINOSAL reconoció la subsidencia minera ocurrida en julio de 2022, argumentó que los daños eran temporales y atribuibles a una sobreexplotación histórica y a la sequía. Sin embargo, el tribunal determinó que las operaciones afectaron de manera irreversible la estructura y dinámica hidrogeológica del acuífero del río Copiapó.

El ministro presidente, Alamiro Alfaro, destacó que las medidas buscan restituir la funcionalidad del ecosistema y garantizar seguridad hídrica para la comunidad. Por su parte, la ministra Sandra Álvarez sostuvo que la conducta de la empresa fue dolosa, ya que persistió en la explotación del yacimiento pese al conocimiento previo de la fragilidad hidrogeológica de la zona.

La entrada Tribunal Ambiental ordena cierre definitivo de Mina Alcaparrosa se publicó primero en Mundo Minería.

Sin embargo, el tribunal concluyó que no se acreditó un daño ambiental significativo. De esta forma, se determinó que las pruebas no cumplían con los estándares científicos requeridos para validar las denuncias.

La sentencia señala que el informe técnico presentado por los demandantes carecía de fundamentos metodológicos sólidos, presentaba deficiencias científicas y carecía de validación estadística. Tampoco se incluyó prueba testimonial que respaldara las presuntas afectaciones de pescadores o recolectores.

Además, los antecedentes permitieron descartar un incremento anómalo de cobre en el mar ni una pérdida de biodiversidad. El tribunal concluyó que las condiciones ambientales observadas responden a factores naturales del ecosistema marino.

El concentrado de cobre producido por Collahuasi se transporta desde el altiplano hasta el Puerto Collahuasi, en Punta Patache. Allí se almacenan los productos para exportación o distribución nacional.

Esta infraestructura forma parte del sistema logístico de una de las principales operaciones mineras de Chile, ubicada en la Región de Tarapacá, a más de 4.000 metros de altitud.

Aunque rechazó la demanda por daño ambiental contra minera Collahuasi, el tribunal reconoció legitimación activa a las asociaciones indígenas y de pescadores. Esto, en virtud de su vínculo histórico, territorial y económico con el ecosistema marino del sector Punta Patache.

La entrada Desestiman demanda por daño ambiental contra minera Collahuasi en Punta Patache se publicó primero en Mundo Minería.

La Dirección General de Aguas (DGA) observó que la conducción de agua hacia el Parque Kaukari —una de las acciones centrales— se encontraría solo parcialmente cumplida. Según indicó, el agua descargada por la minera se infiltra antes de alcanzar el parque, quedando a unos 500 metros aguas arriba. Por ello, recomendó contabilizar los volúmenes desde el punto efectivo de llegada.

Minera Candelaria responde ante Primer Tribunal Ambiental

Durante la audiencia, el CDE reconoció que la compañía ha realizado las descargas, pero destacó que la medida no estaba logrando su objetivo: recargar el acuífero en el parque Kaukari. El abogado del CDE explicó que fue necesario construir un canalón para garantizar que el recurso hídrico llegara al destino previsto.

Por su parte, Minera Candelaria rechazó la interpretación de la DGA y del CDE, argumentando que el acuerdo no exige que el agua fluya superficialmente al parque, sino que sea descargada en el cauce del río, con un caudal promedio anual de 15 l/s. Agregaron que obras ajenas a la empresa —como un badén construido por el Serviu— interrumpieron el curso del agua.

La compañía asegura haber cumplido todos los compromisos del acuerdo y acusa un cambio en el criterio de evaluación. «Descargamos donde se nos indicó, no vigilamos el cauce. Cumplimos nuestras obligaciones», afirmó su abogado.

El caso se origina en una demanda del CDE interpuesta en 2019 por daño ambiental al río Copiapó. Debido a la sobreexplotación de aguas subterráneas en el sector 4 del acuífero. La conciliación alcanzada incluyó medidas de reparación, estudios y gobernanza, con informes bianuales al tribunal.

Ahora, el Primer Tribunal Ambiental deberá analizar los antecedentes para definir si las acciones han sido efectivamente implementadas. «Este seguimiento es esencial para asegurar la concreción de las medidas ambientales», indicó el ministro Alamiro Alfaro.

La entrada Minera Candelaria responde ante el Primer Tribunal Ambiental por conciliación con el CDE se publicó primero en Mundo Minería.

El Tercer Tribunal Ambiental acogió la demanda interpuesta por la Sociedad de Inversiones Metawe SpA en contra de Colbún S.A., concluyendo que la operación de la central hidroeléctrica Canutillar en Puerto Montt causó un daño ambiental significativo en el Lago Chapo.

Según la resolución, la empresa habría extraído agua del lago por largos periodos, generando fluctuaciones críticas en su nivel. Esto dejó al descubierto parte del fondo lacustre y degradó el ecosistema ribereño, afectando el suelo, la vegetación, la fauna acuática y el paisaje.

El Tribunal determinó que Colbún no actuó con la diligencia esperada, al no implementar medidas para prevenir ni reparar el daño ambiental. También concluyó que la condición degradada del entorno natural tiene escasa capacidad de recuperación, lo que agrava la pérdida de resiliencia del ecosistema.

La sentencia obliga a Colbún a presentar un Plan de Reparación ambiental dentro de 120 días. La iniciativa deberá ser validada por el Tribunal y cumplir con estándares definidos en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente.

El Plan de Reparación deberá contemplar condiciones de operación provisionales para la central Canutillar, junto con incorporar medidas destinadas a controlar los procesos erosivos y recuperar los atributos biofísicos del paisaje del Lago Chapo.

Además, se exigirá evaluar ante el SEIA la actualización de las variables de operación para una gestión sostenible de la cuenca lacustre, así como incluir a la comunidad local en la socialización de los estudios, acciones y medidas contempladas en el proceso de restauración ambiental.

Este fallo marca un precedente en materia de responsabilidad ambiental de empresas energéticas. Refuerza la exigencia de que quienes afectan recursos naturales deben restituirlos o mitigar sus impactos de forma efectiva y verificable.

La entrada Colbún deberá reparar daño ambiental causado en el Lago Chapo se publicó primero en Mundo Minería.

En 2024, el CDE demandó a Quiborax por causar daños ambientales irreparables tras 37 años de explotación minera en el Salar de Surire, un ecosistema de alto valor ecológico y parte del sitio Ramsar protegido por la legislación ambiental chilena. Entre los impactos denunciados se incluye la afectación de especies vulnerables como los flamencos andinos.

Como parte del proceso, en septiembre de 2024 el Primer Tribunal Ambiental dictó la paralización total de las faenas dentro de los límites del sitio Ramsar. Posteriormente, en octubre del mismo año, autorizó de forma parcial labores de nivelación en las zonas intervenidas durante ese año. En diciembre, el tribunal extendió las medidas cautelares sobre las operaciones de la empresa hasta el 31 de mayo de 2025.

El Primer Tribunal Ambiental ha citado a las partes para una nueva audiencia de modificación de medidas cautelares, programada para el próximo 13 de mayo, con el objetivo de revisar el régimen de restricciones vigente.

La entrada CDE rechazó nueva propuesta de conciliación presentada por Quiborax se publicó primero en Mundo Minería.