El tribunal no solo admitió el recurso, sino que también suspendió los efectos del fallo emitido en febrero. Esta medida deja en pausa la resolución previa mientras la Corte Suprema analiza el caso. Según reportes de prensa, la decisión restablece en la práctica la vigencia de la Resolución de Calificación Ambiental. Este punto resulta clave para la continuidad del proyecto en el corto plazo.

El caso tiene un antecedente inmediato en febrero de 2026. En esa ocasión, la misma corte anuló actuaciones del Primer Tribunal Ambiental en la etapa de cumplimiento. El tribunal consideró improcedente el mecanismo utilizado para ejecutar la resolución. Con ello, ya había generado un cambio relevante en el curso del proceso.

Rol de la Corte Suprema en la definición

Con esta nueva decisión, la controversia vuelve a quedar abierta. La Corte Suprema deberá pronunciarse sobre la admisibilidad y el fondo del recurso presentado. El fallo actual no resuelve el conflicto de manera definitiva. Sin embargo, redefine el escenario judicial y administrativo del proyecto.

El recurso fue impulsado por una organización de pescadores que apoya la iniciativa. Sus representantes sostienen que el proyecto ha sido evaluado en múltiples instancias. También advierten que el proceso judicial se ha extendido por más de una década. Esta situación mantiene la incertidumbre en la zona. El caso Dominga se mantiene como uno de los más complejos del país. Su evolución refleja tensiones entre inversión, evaluación ambiental y certeza regulatoria.

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Codelco valoró el fallo judicial, señalando que ratifica la solidez de los antecedentes y la robustez de la evidencia presentada junto al Ministerio Público. La empresa ha expuesto estos antecedentes en distintas audiencias del proceso.

Según lo expuesto por la Corporación, la querella acredita la existencia de actuaciones reiteradas y anómalas durante el proceso judicial. La sentencia calificó estos hechos como indicios graves y concordantes.

La investigación apunta a una eventual intervención de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en distintos momentos del procedimiento. Entre los hechos se incluye la aceleración inusual de resoluciones que habrían beneficiado al Consorcio Belaz Movitec.

Como empresa del Estado y parte afectada, Codelco señaló haber sufrido un perjuicio patrimonial superior a los $17 mil millones. Este daño impacta directamente en los recursos de todos los chilenos.

Desde la detección de las irregularidades en 2023, la estatal aseguró haber actuado de manera diligente y proactiva. La empresa adoptó medidas para resguardar el interés público y ejercer las acciones legales correspondientes.

En septiembre de 2024, el Ministerio Público reconoció a Codelco como víctima en la investigación iniciada de oficio por el fiscal nacional. Desde entonces, la Corporación ha colaborado activamente con la Fiscalía.

La empresa ha entregado todos los antecedentes disponibles y ha solicitado diligencias que abrieron nuevas líneas de investigación. Además, ha comparecido en cada instancia judicial del proceso.

Codelco afirmó que su participación responde a un deber institucional ineludible. Este deber busca resguardar los recursos públicos y contribuir al esclarecimiento total de los hechos.

La estatal reafirmó que continuará colaborando con la investigación penal contra Ángela Vivanco. Asimismo, reiteró su compromiso permanente con la ética pública, la transparencia y el cumplimiento estricto de la ley.

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