La directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán, encabezó la actualización del Instructivo que regula el Proceso de Consulta a Pueblos Indígenas (PCPI). La nueva versión reemplaza al instrumento vigente desde 2016, tras casi diez años de aplicación continua. La actualización recoge la experiencia acumulada por el SEA en la implementación del PCPI. Estos procesos se desarrollan en cumplimiento del Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El nuevo instructivo busca reforzar la certeza jurídica para los pueblos indígenas, los titulares de proyectos y la Administración. Además, promueve criterios claros y uniformes en todo el país. Uno de los cambios centrales es la precisión y sistematización de las etapas del PCPI. El documento refuerza su carácter incidental dentro del procedimiento de evaluación ambiental.

El instructivo establece que, si se incorporan nuevos grupos humanos a una consulta ya iniciada, se debe respetar el estado del proceso. También se mantiene la validez de todo lo actuado previamente. El texto incorpora criterios más claros para la inclusión de Grupos Humanos Pertenecientes a Pueblos Indígenas (GHPPI). También regula el desistimiento y el término anticipado del proceso.

Además, el instructivo define la articulación del PCPI con eventuales modificaciones sustantivas de proyectos. Esto fortalece la coherencia del proceso con el desarrollo general del SEIA. La actualización incluye formatos obligatorios para los distintos hitos del PCPI. Entre ellos se encuentran actas de reunión, listas de asistencia y protocolos de acuerdo final.

El instructivo responde al plan de acción del Acuerdo de Escazú del SEA. Está dirigido principalmente a funcionarios y funcionarias del Servicio, como herramienta orientadora para una correcta implementación del proceso. La actualización del instructivo de Consulta a Pueblos Indígenas también considera instancias de capacitación. Estas serán informadas y difundidas oportunamente por la autoridad ambiental.

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La actividad dio cuenta de los avances del Reglamento de la Ley N° 21.499. Esta normativa regula los bicombustibles sólidos a nivel nacional. El proceso se extendió entre agosto de 2023 y marzo de 2025.

Inicialmente, la consulta consideró a Alto Hospicio y Pozo Almonte como sedes. Sin embargo, el diálogo con las comunidades permitió ampliar la cobertura regional. De esta forma, se incorporaron Huara, Colchane, Camiña, Pica e Iquique.

En cada comuna se realizaron reuniones informativas. Estas instancias permitieron explicar el alcance de la medida administrativa sometida a consulta. La SEREMI de Energía asumió el compromiso de garantizar una participación amplia y representativa.

La etapa de deliberación interna contó con comunidades indígenas de toda la región. Estas dispusieron de asesores técnicos, lo que facilitó un análisis informado y culturalmente pertinente.

El trabajo concluyó con un informe regional. Este documento incluyó observaciones y propuestas al borrador del Reglamento. La autoridad incorporó estos aportes al análisis nacional del proceso normativo.

Resultados y acuerdos

Durante la jornada se presentaron acuerdos y disensos regionales y nacionales. Las reuniones nacionales se realizaron en Osorno y Santiago. Además, se informó el estado actual de tramitación del Reglamento.

La SEREMI de Energía de Tarapacá, Séfora Sidgman, destacó la participación de más de 90 representantes indígenas. Señaló que el proceso cumplió los estándares de participación del Convenio 169.

Desde Tarapacá surgieron siete propuestas concretas. Estas abordaron el autoconsumo y el transporte de bicombustibles sólidos. También se reconocieron prácticas culturales de almacenamiento e intercambio.

La Consulta Indígena Reglamento de Bicombustibles Sólidos en Tarapacá permitió consolidar una propuesta regional. Según representantes indígenas, el proceso logró consensos pese a las diferencias territoriales. Las comunidades valoraron el trabajo desarrollado junto al Ministerio de Energía.

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