Sobre el mecanismo de trato directo, la entidad indicó que era procedente según el pacto de accionistas vigente. Ese acuerdo permitía a ENAMI vender su participación a otra empresa estatal. Además, el informe identificó a Codelco como la única entidad habilitada para adquirir esa participación. Con ello, las acciones permanecieron bajo control del Estado.

La Contraloría señaló que la operación se concretó a valor de mercado. También precisó que no hubo daño al patrimonio de ENAMI. Este punto era uno de los principales cuestionamientos presentados ante el organismo. Sin embargo, el dictamen respaldó la valorización de la transacción. En materia de probidad, el organismo no detectó evidencia de conflictos de interés entre las autoridades involucradas. El documento destacó que una directora de ENAMI se restó voluntariamente de la votación. Además, esa misma autoridad renunció a su cargo en la sociedad antes de la decisión final. Esa acción reforzó los resguardos aplicados durante el proceso.

Impacto para Codelco

Contraloría valida operación de Codelco en Quebrada Blanca en un contexto estratégico para la minería chilena. La operación permitió a la estatal consolidar su posición en uno de los yacimientos de cobre con mayor proyección del país. Quebrada Blanca se ubica en la Región de Tarapacá y es clave para el crecimiento futuro del sector. El dictamen fue emitido por la División Jurídica bajo el número D184N26. Desde su creación en 1971 hasta 2025, Codelco ha aportado al Fisco chileno US$ 164 mil millones en moneda actual.

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La actividad mostró la magnitud del yacimiento compartido por Andina y Los Bronces. Además, evidenció la continuidad geológica del distrito minero que ambas compañías buscan desarrollar de manera integrada. Dorothy Pérez compartió con trabajadores y trabajadoras de la división. También asistió a una presentación técnica sobre las operaciones y los principales alcances del acuerdo entre Codelco y Anglo American.

Máximo Pacheco valoró la presencia de la autoridad y destacó la relevancia del acuerdo alcanzado. Señaló que, tras 15 años de intentos, los equipos lograron una fórmula sólida que genera valor para el país y para División Andina. El ejecutivo afirmó que mostrar esta iniciativa en terreno representó una gran oportunidad. También remarcó que el proyecto abre una nueva etapa de colaboración en la minería chilena.

Más cobre y mayor competitividad

El Plan Minero Conjunto Andina-Los Bronces busca maximizar el valor del distrito compartido mediante una planificación coordinada. Esa estrategia permitirá aprovechar mejor los recursos disponibles y mejorar la eficiencia operativa. En términos productivos, la iniciativa proyecta 2,7 millones de toneladas adicionales de cobre en 21 años. Además, contempla una producción incremental cercana a 120 mil toneladas anuales desde 2030.

El aumento esperado en la producción fortalecerá la posición de Chile en el mercado global del cobre. También podría generar mayores ingresos y nuevas oportunidades para el desarrollo minero. Con este avance, Codelco y Anglo American buscan consolidar un modelo de colaboración de largo plazo. La industria observa este proceso como uno de los hitos más relevantes para el futuro del sector.

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El despliegue se ejecutó en la División El Teniente, la mina subterránea operada por Codelco. El director nacional (s) de Servicio Nacional de Geología y Minería, Mauricio Lorca, encabezó la fiscalización. Quince expertos multidisciplinarios llegaron al sector Colón Alto en seis vehículos institucionales. El equipo inició la toma de datos técnicos y revisó galerías y sistemas de monitoreo geomecánico. La autoridad notificó formalmente a la alta gerencia el inicio del proceso. El objetivo es contrastar la información técnica real con los formularios E-300 reportados por la empresa.

Mauricio Lorca afirmó que el proceso será continuo y exhaustivo. El equipo busca determinar posibles desviaciones respecto a los permisos otorgados por el servicio. La fiscalización en El Teniente pretende garantizar la seguridad de los trabajadores. Además, busca reconstruir la trazabilidad comprometida tras el presunto ocultamiento de datos.

“La seguridad y la fe pública no pueden depender de información alterada”, enfatizó la autoridad.

Denuncias ante Ministerio Público

Sernageomin presentó denuncias ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Las acciones buscan establecer responsabilidades penales y administrativas. Los antecedentes se relacionan con el quiebre de protocolos de reporte tras el estallido de roca de 2023. También apuntan al uso indebido de instrumentos oficiales de seguridad minera.

Los hallazgos de esta inspección serán insumos clave para la Mesa de Trabajo Técnica. La instancia sesionará el 23 de febrero y operará hasta esclarecer los hechos. La autoridad reafirmó que la ley minera exige soberanía técnica y transparencia total. El operativo busca restituir la confianza en los sistemas de control y supervisión.

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La autoridad pidió acceso directo a información técnica de monitoreo en tiempo real. El organismo busca verificar que los datos operativos coincidan con la realidad de cada yacimiento. Sernageomin recalcó que la seguridad debe sustentarse en datos precisos. La normativa exige reportes oportunos y fidedignos para proteger la integridad de los trabajadores.

Al detectar diferencias entre los antecedentes técnicos y los hechos observados, el servicio derivó la información al Ministerio Público. También informó a la Contraloría General de la República para su revisión institucional. La autoridad enfatizó que el cumplimiento normativo no admite excepciones. La transparencia en los reportes constituye un estándar obligatorio en la industria.

Equipos técnicos ya se encuentran desplegados en la División El Teniente. Allí sostuvieron una reunión con la administración para integrar modelos técnicos y datos productivos. El trabajo técnico busca contrastar la información con los permisos vigentes. La validación de tonelajes y reservas forma parte del proceso. La fiscalización minera en El Teniente continuará este lunes 23 en una nueva mesa técnica. El objetivo es asegurar coherencia entre producción, reservas y autorizaciones.

Compromiso con la seguridad minera

Sernageomin reiteró que su compromiso con la seguridad minera es intransable. La institución subrayó que la colaboración técnica basada en datos verificables fortalece los estándares del sector. La autoridad aseguró que proteger la integridad de trabajadores y trabajadoras constituye una prioridad permanente. La industria debe operar bajo criterios de excelencia y control efectivo.

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La autoridad instruyó el viernes 13 de febrero la entrega inmediata de toda la documentación técnica y administrativa analizada por el directorio de la estatal. Codelco remitió los antecedentes dentro del plazo exigido por el servicio. Según Sernageomin, los documentos confirman diferencias relevantes entre los reportes oficiales y los datos operativos de la mina. Estos hallazgos activaron nuevas acciones administrativas y judiciales.

El 16 de febrero, el director nacional (s), Mauricio Lorca, sostuvo una reunión con altos ejecutivos de la compañía. La autoridad notificó el inicio de una revisión exhaustiva de los antecedentes. Sernageomin exigió acceso irrestricto y en tiempo real a los datos brutos de monitoreo sísmico y geomecánico. El organismo descartó aceptar informes procesados como única fuente de información. La entidad enfatizó que no tolerará desviaciones en el flujo de datos. Además, advirtió que aplicará las máximas sanciones legales ante eventuales incumplimientos.

Denuncia ante el Ministerio Público

Tras el análisis preliminar, Sernageomin presentó una denuncia ante el Ministerio Público. La acción busca que la justicia investigue la eventual comisión de delitos vinculados al ocultamiento o alteración de información técnica clave. La autoridad considera que estos antecedentes resultan esenciales para resguardar la seguridad minera en la operación. La investigación permitirá esclarecer responsabilidades y determinar eventuales sanciones.

Acción ante la Contraloría

Debido al carácter estatal de la empresa, el servicio también recurrió a la Contraloría General de la República. El organismo deberá evaluar posibles responsabilidades administrativas. La Contraloría analizará el cumplimiento de los principios de probidad y transparencia que rigen a las entidades públicas. Este proceso podría derivar en medidas correctivas adicionales.

Sernageomin reafirmó su compromiso irrestricto con la seguridad minera nacional. La institución subrayó que la colaboración técnica debe sustentarse en datos fidedignos y oportunos. El organismo recordó que estándares estrictos protegen la integridad de trabajadores y trabajadoras. La autoridad continuará fortaleciendo la fiscalización para garantizar operaciones seguras en la minería chilena.

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El informe señaló que Sernageomin fiscalizó, en promedio, solo el 20% de las faenas mineras del país durante el periodo analizado. En total, el servicio registró 43.595 inspecciones, cifra que considera múltiples controles realizados en una misma faena. La cobertura nacional mostró una tendencia descendente. En 2022 alcanzó un 25%, bajó a 21% en 2023 y cayó a solo 14% durante 2024.

Las regiones con menor porcentaje de fiscalización fueron Atacama (13%), Arica y Parinacota (14%) y Valparaíso (14%). Estos territorios concentran una alta actividad minera. En contraste, Magallanes (50%), Maule (44%) y Los Lagos (42%) registraron los mayores niveles de control.

Según el CIC, entre 2022 y 2024 se identificaron 7.150 faenas mineras sin fiscalización, concentradas principalmente en Atacama (2.863), Coquimbo (1.863) y Valparaíso (1.048). Les siguen Antofagasta y la Región Metropolitana. La Contraloría también detectó una marcada desigualdad en la carga laboral de los fiscalizadores. Durante el periodo, 105 funcionarios realizaron labores de inspección.

Algunos fiscalizadores efectuaron más de 2.000 inspecciones en tres años, mientras otros no superaron las 100. En regiones como Atacama y Coquimbo, cada fiscalizador debió cubrir entre 490 y 800 faenas. El organismo ordenó a Sernageomin mejorar la asignación territorial de sus fiscalizadores. Además, exigió priorizar las faenas mineras sin fiscalización y fortalecer de forma urgente su rol de supervisión.

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Entre los principales cuestionamientos, los parlamentarios destacan la ausencia de un proceso de licitación, la escasa claridad en las negociaciones y dudas sobre los beneficios reales del acuerdo para el país. Por ello, solicitarán a la contralora Dorothy Pérez que revise la legalidad del convenio firmado entre Codelco y SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama.

Pese a estas críticas, el ministro de Economía, Nicolás Grau, aseguró que se trata de un convenio “sumamente transparente”, cuyo objetivo es posicionar a Codelco como líder en la industria del litio. “Nos permitirá mantener y crecer en el liderazgo global del litio”, afirmó.

Desde la comisión investigadora, la diputada Yovana Ahumada señaló que las exigencias impuestas por Corfo restringen la participación de nuevos actores, dejando a SQM como la única alternativa viable. “Es prácticamente imposible que otras empresas ingresen bajo estas condiciones”, dijo.

Por su parte, el diputado Sebastián Videla enfatizó que el foco debe estar en que los beneficios económicos del litio impacten positivamente en la calidad de vida del norte del país. “Los recursos deben quedarse en el territorio”, indicó.

A pesar de los reparos políticos, el consejo directivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear aprobó el aumento de la cuota de extracción para Minera Tarar, filial de Codelco. Desde 2031, podrá producir hasta 330 mil toneladas anuales de carbonato de litio equivalente durante un período de 30 años.

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