El reglamento establece el procedimiento de postulación de iniciativas de inversión. Define requisitos, antecedentes y oportunidades de presentación. También fija los mecanismos de evaluación. Incorpora factores objetivos, plazos definidos y criterios para calificar proyectos como estratégicos.

Además, implementa un régimen de tramitación ágil. Este mecanismo permitirá reducir tiempos administrativos y mejorar la coordinación estatal. El biministro de Economía, Fomento, Turismo y Energía, Álvaro García, destacó el alcance del proceso. Señaló que el reglamento acelerará la tramitación y reforzará la certeza regulatoria. La autoridad afirmó que el objetivo es facilitar la materialización de proyectos estratégicos. Subrayó que la normativa mantendrá estándares técnicos y ambientales vigentes.

La Ley Marco de Permisos Sectoriales entró en vigor el 29 de septiembre pasado. Establece un nuevo marco regulatorio orientado a modernizar la gestión de permisos. La normativa proyecta reducir entre 30% y 70% los tiempos de tramitación. En proyectos estratégicos, la disminución alcanzará hasta un 50%.

El nuevo sistema incorpora tramitación paralela de autorizaciones. También habilita técnicas alternativas y crea una ventanilla única digital. La ley modifica más de 40 cuerpos legales. Con ello, impulsa una institucionalidad técnica especializada y fortalece la coordinación pública.

Segunda consulta pública del proceso

Esta instancia corresponde a la segunda consulta pública del proceso de implementación. La anterior concluyó el 13 de enero y abordó etapas procedimentales. Con esta nueva etapa, la Ley Marco de Permisos Sectoriales consolida su despliegue normativo. El Gobierno busca atraer inversión y potenciar el desarrollo productivo. La autoridad invitó a empresas, gremios y ciudadanía a participar. Una regulación moderna resulta clave para impulsar inversión y empleo en Chile.

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La actualización da continuidad a la estrategia lanzada en 2020, durante el segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera. Desde entonces, el país avanzó en institucionalidad, coordinación público-privada y posicionamiento internacional. El biministro de Energía y de Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García, destacó el valor estratégico del proceso. Señaló que la consulta permitirá proyectar una hoja de ruta sólida para los próximos años. “Estamos iniciando una consulta pública que permitirá heredar al próximo gobierno una estrategia ajustada al nuevo escenario”, afirmó la autoridad.

Nuevos focos estratégicos

La Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde 2026-2030 incorpora aprendizajes del desarrollo inicial de la industria. También considera el contexto nacional e internacional actual. Uno de los focos centrales es el fortalecimiento de la demanda nacional. El documento prioriza el uso del hidrógeno verde como herramienta clave para reducir emisiones en sectores intensivos en energía. La estrategia también impulsa un nuevo sector exportador. Chile busca consolidar su posición como proveedor confiable de hidrógeno verde y derivados en mercados globales.

Otro eje relevante es la gobernanza para un desarrollo sostenible. Se promueve la generación de valor local, el encadenamiento productivo y una institucionalidad robusta. La actualización contó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, el Comité Estratégico de Hidrógeno Verde, CORFO y el Ministerio de Economía. Las observaciones recogidas durante la consulta se integrarán al documento final. La versión definitiva de la estrategia se publicará durante marzo de 2026, tras el cierre del proceso participativo.

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La Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) reiteró su preocupación por la falta de justificación técnica en la definición de los sitios prioritarios de la Ley SBAP, durante una reunión con la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, y el nuevo director del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), Aarón Cavieres.

El encuentro, encabezado por el presidente de SONAMI, Jorge Riesco, contó con la participación de los vicepresidentes Luis Manuel Rodríguez y Joel Carrizo, además de los directores Patricia Beiza, Iván Pavletic y Héctor Páez. En la ocasión, los representantes del gremio insistieron en la necesidad de conformar una mesa de trabajo multisectorial que permita analizar sin premura los terrenos que podrían verse afectados por las nuevas restricciones.

Riesco explicó que el sector minero no se opone a la protección de la biodiversidad, pero advirtió que varios de los sitios prioritarios definidos por la Ley SBAP ya cuentan con concesiones mineras activas o históricas. Por ello, planteó que la discusión debe integrar a los ministerios de Minería y Economía, además de otros gremios productivos, para lograr una evaluación equilibrada y técnicamente sólida.

Dialogo gremial

Asimismo, el dirigente solicitó ampliar los plazos de la consulta pública, argumentando que los diez días hábiles adicionales ofrecidos son insuficientes para un análisis profundo. “La ley otorga un plazo amplio, del cual aún restan tres años”, señaló Riesco, enfatizando que el proceso debe realizarse con la participación de todos los actores relevantes.

Aunque la ministra Rojas manifestó disposición a establecer una instancia de diálogo, condicionó la conformación de la mesa a la revisión previa de las observaciones de SONAMI. Ante ello, Riesco expresó su sorpresa, señalando que el Ministerio ya dispone de información sobre faenas y concesiones a través de ENAMI, Sernageomin y el Ministerio de Minería, por lo que la coordinación interinstitucional debería ser suficiente para evitar afectaciones innecesarias.

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La reunión fue encabezada por el presidente de la Asociación Gremial Minera de Petorca, Héctor Fuentes, junto al equipo de SONAMI. Cerca de 40 productores mineros de Petorca, Cabildo y Putaendo participaron activamente, compartiendo inquietudes sobre las posibles restricciones que la nueva normativa podría imponer a sus faenas.

Rol informativo

Durante la actividad, Luis Manuel Rodríguez destacó la relevancia de esta instancia, señalando que “SONAMI está comprometida en apoyar a sus socios para que no se vean perjudicados por la Ley N°21.600 y resguardar tanto sus propiedades como las actividades productivas que desarrollan”. Además, enfatizó que la federación gremial ha sostenido reuniones con autoridades y representantes sectoriales para buscar un equilibrio en la implementación de la ley.

Por su parte, Héctor Fuentes agradeció el apoyo de SONAMI y llamó a los mineros de la zona a involucrarse activamente en el proceso. “Este es el momento de participar y expresar cómo la definición de sitios prioritarios puede afectar a la pequeña minería. Debemos estar unidos y atentos a las iniciativas legales que se discuten en el parlamento”, afirmó.

Según datos de SONAMI, existen 301 instalaciones mineras dentro de sitios prioritarios, de las cuales 62 se ubican en la macrozona norte y 239 en la macrozona centro. Asimismo, se han identificado más de 8.900 concesiones potencialmente afectadas, lo que podría traducirse en mayores exigencias para la obtención de permisos y eventuales medidas de compensación ambiental.

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Riesco señaló que la actual definición de Sitios Prioritarios incluiría 301 instalaciones mineras, de las cuales 62 están en la macrozona norte y 239 en la zona central. “Para nosotros es demasiado, particularmente en la zona central, dedicada al desarrollo de la industria minera. Solicitamos revisar las faenas que actualmente están en los sectores delimitados”, enfatizó el dirigente.

Impacto en la minería chilena

El gremio expresó su preocupación por las restricciones operativas que podrían surgir. Más de 8.900 concesiones mineras se verían afectadas, con 4.200 solo en la macrozona norte. Esto implicaría mayores requisitos para permisos sectoriales y posibles compensaciones ambientales de alto costo.

SONAMI ha impulsado talleres informativos para la pequeña y mediana minería, los sectores más vulnerables ante los efectos de la normativa. Además, la federación ha sostenido conversaciones con gremios, exmandatarios y la ministra de Minería, Aurora Williams, quien comprometió una mesa de trabajo para revisar los reglamentos y garantizar un proceso transparente.

Riesco insistió en que no existe claridad sobre los criterios utilizados para determinar los sitios prioritarios. “Es necesario participar en la consulta pública y revisar con cautela las áreas definidas”, señaló.

El presidente de SONAMI también advirtió que el impacto de la Ley SBAP en la minería podría extenderse a otros rubros productivos, como energía, agricultura, forestal, construcción, pesca y acuicultura. Por ello, hizo un llamado a todos los sectores a involucrarse en el proceso de consulta pública vigente.

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