Los demandantes sostienen que diversos botaderos, acopios y depósitos de residuos se ubican cerca e incluso dentro del radio urbano de la comuna. Según la presentación, estos sectores contendrían material particulado fino y metales que podrían afectar distintos componentes ambientales.

La acción judicial fue presentada contra el Fisco de Chile, Lundin Mining SpA, Compañía Contractual Minera Candelaria y Compañía Contractual Minera Ojos del Salado. Los demandantes afirman que las emisiones provenientes de estos depósitos habrían generado impactos sobre el aire, el suelo, la flora, la fauna y los ecosistemas locales. Además, sostienen que existirían efectos sobre la salud de la población y el entorno sociocultural de la comuna.

Entre las medidas requeridas destacan la remoción o estabilización de depósitos de residuos mineros. También solicitan el confinamiento o cobertura definitiva de estos materiales. La demanda incluye la prohibición del tránsito de camiones sin sistemas adecuados de contención de carga en sectores urbanos. Asimismo, plantea la implementación de programas permanentes de monitoreo ambiental. Los habitantes también piden estudios independientes sobre la dispersión de material particulado. Junto a ello, solicitan acciones de remediación, prevención y seguimiento ambiental.

Junto con la demanda, los habitantes solicitaron una medida cautelar innovativa. Esta buscaba realizar análisis químicos y mineralógicos de materiales presentes en sectores cercanos a Villa Estadio y la Escuela Luis Uribe. El objetivo era elaborar un informe técnico sobre la composición de estos materiales y sus eventuales riesgos ambientales y sanitarios.

Tras revisar los antecedentes, el tribunal concluyó que no existían elementos suficientes para acreditar una presunción grave del derecho reclamado. Además, estimó que no se acreditó un riesgo actual e inminente que justificara la medida cautelar. La decisión contó con el voto disidente del ministro Marcelo Hernández Rojas. El magistrado consideró necesario solicitar mayores antecedentes antes de resolver la solicitud.

La admisión a trámite de la demanda por daño ambiental en Tierra Amarilla marca el inicio formal del proceso judicial. Durante esta etapa, el tribunal deberá determinar si existe el daño ambiental denunciado. En caso de acreditarse la existencia del daño, la instancia judicial podrá establecer responsabilidades y ordenar medidas de reparación material. El siguiente paso corresponde a la notificación de la demanda a las partes demandadas. Posteriormente, estas dispondrán de un plazo legal para presentar sus descargos y responder a la acción judicial.

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El ejecutivo explicó que minerales como litio, cobre y cobalto adquirieron relevancia geopolítica. Estos recursos resultan clave para electromovilidad, defensa y energía. Potencias globales compiten por asegurar su suministro. Además, indicó que el mercado financiero elevó sus exigencias. Fondos institucionales y criterios ESG condicionan el acceso a capital. Esto obliga a las empresas a mejorar su posicionamiento comunicacional.

Viera advirtió que el 78% de los conflictos mineros en Latinoamérica surge por falta de comunicación temprana. Las comunidades perciben la exploración como una amenaza. Esto ocurre por ausencia de información clara y oportuna. También señaló que muchas empresas junior reaccionan en lugar de anticiparse. Los medios amplifican conflictos sin contexto técnico. Esto dificulta el diálogo con actores no especializados.

El impacto económico de una estrategia deficiente resulta significativo. El 70% de los proyectos enfrenta paralizaciones en algún momento. La pérdida de licencia social genera retrasos promedio superiores a dos años. Además, un bloqueo puede costar entre 20 y 25 millones de dólares semanales. Estas cifras reflejan la relevancia de gestionar correctamente la comunicación.

Claves para una estrategia efectiva

El presidente de la Cámara Minera de Chile entregó recomendaciones concretas. Sugirió priorizar la comunicación con comunidades antes que con el mercado. También destacó la importancia de relaciones públicas reales. Subrayó que un error técnico mal explicado puede afectar la reputación. El discurso debe adaptarse a audiencias locales. Esto fortalece el relacionamiento con todos los actores. Viera concluyó que una estrategia sólida permite avanzar con mayor certeza. La comunicación adecuada facilita acuerdos y reduce conflictos. Esto mejora las probabilidades de éxito en proyectos de exploración.

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La Comunidad Indígena Ancestral Wara Quebrada Chañaral Alto y sus Quebrados Copiapó-Diego de Almagro lidera la reclamación. El objetivo principal es que se declare ilegal la resolución de la SMA. Además, los reclamantes solicitan que la autoridad ambiental inicie un procedimiento sancionatorio. Argumentan que la decisión de archivar la denuncia carece de fundamentos sólidos.

La reclamación apunta a la Resolución Exenta N° 469. Según el documento, la SMA reconoció que se ejecutaron obras sin evaluación ambiental previa. Sin embargo, la entidad concluyó que no existía mérito suficiente para sancionar. La comunidad considera que esa interpretación contradice el principio preventivo. También sostiene que la infracción ocurre al ejecutar proyectos sin ingreso previo al SEIA. Este criterio no depende de la existencia de efectos ambientales actuales.

La denuncia original se ingresó en marzo de 2022. Se relaciona con el proyecto “Sistema Global de Saneamiento” vinculado a Kinross La Coipa. Según la comunidad, este sistema debía someterse a evaluación ambiental. La obligación estaba establecida en la Resolución de Calificación Ambiental N° 117/2015. El proyecto considera la gestión de aguas en Quebrada La Coipa. La comunidad afirma que no se evaluó antes del cierre o paralización de la faena minera.

Tribunal solicita antecedentes a la SMA

Con la admisión a trámite, el tribunal dio inicio al proceso judicial. Como primera medida, solicitó a la SMA un informe detallado. Este documento deberá explicar los fundamentos del archivo de la denuncia. La información será clave para resolver la controversia. El avance de la reclamación ambiental proyecto Kinross La Coipa podría sentar un precedente. El caso pone en discusión la aplicación del principio preventivo en materia ambiental.

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SIMCII surge para resolver la fragmentación de información crítica. La plataforma utiliza inteligencia artificial territorial para integrar múltiples fuentes de datos. Así, facilita una visión completa y oportuna del entorno. Según explicó Juan Fontaine Correa, fundador de Accionet, la dispersión de datos limita la anticipación de conflictos. La nueva herramienta permite convertir información en indicadores estratégicos. Esto mejora la eficiencia en la gestión territorial.

La plataforma incluye un módulo ambiental que monitorea gases, olores, residuos y material particulado. Estos datos se cruzan con variables del entorno para detectar eventos críticos. El sistema entrega alertas tempranas que permiten actuar con rapidez. Además, SIMCII incorpora indicadores de satisfacción comunitaria. Evalúa áreas como salud, educación y empleo en tiempo real. Esta integración facilita medir el impacto social de los proyectos.

La IA para anticipar conflictos permite pasar de una gestión reactiva a una estrategia basada en datos. Los paneles visuales simplifican la interpretación de información compleja. Ejecutivos y autoridades pueden tomar decisiones más informadas. La solución también se adapta a distintas industrias. Esto abre oportunidades en minería, energía y gestión pública. Municipalidades y gobiernos regionales pueden optimizar recursos con esta tecnología.

Proyección en el sector minero

SIMCII ya cuenta con su primer cliente activo, el proyecto Las Salinas. Además, la empresa mantiene conversaciones con compañías del sector minero. El objetivo es ampliar su implementación en proyectos de gran escala. Con este desarrollo, la plataforma busca posicionarse en la digitalización territorial. La integración de datos y el uso de inteligencia artificial marcan una nueva etapa. La tecnología promete fortalecer la sostenibilidad y viabilidad de los proyectos.

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La industria opera bajo estándares ESG, mayores expectativas comunitarias y un escrutinio regulatorio intenso. La lógica reactiva pierde eficacia. Enfoques basados sólo en cumplimiento formal generan demoras, conflictividad y pérdida de legitimidad. La transición hacia modelos colaborativos exige rigor social, técnico y ambiental.

La mediación minera ordena conversaciones complejas, equilibra información y construye acuerdos verificables durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Su aplicación temprana genera confianza, facilita entendimientos y reduce riesgos. No se limita a resolver conflictos; crea condiciones para avanzar con una hoja de ruta común.

Chile conoce los efectos de no disponer de plataformas de diálogo. Conflictos ligados al agua, territorios indígenas, litio o relaves escalan hacia tribunales sin mediación técnica. Estas controversias revelan fallas de gobernanza, donde la falta de facilitación impide anticipar impactos.

La mediación temprana permite convergencias antes de la evaluación ambiental y durante la operación o cierre. Su confidencialidad protege conversaciones sensibles y su neutralidad fortalece confianza. Su enfoque colaborativo habilita acuerdos ligados a KPIs, compromisos y auditorías independientes.

El rol de CAMMIN

El Centro de Arbitraje y Mediación Minero (CAMMIN) ofrece metodologías especializadas y facilitadores con experiencia en el sector. Sus procedimientos anticipan riesgos socioambientales y apoyan un proceso minero más social, exigente y estratégico. Los tribunales ambientales no pueden reemplazar esta función.

La mediación no es un mecanismo blando. Es un activo de gestión, un instrumento de compliance y un catalizador de legitimidad. Permite visión de largo plazo, participación clara y un rol estatal responsable. La modernización de la gobernanza ya no admite demoras.

Adoptar la mediación como estándar reduce riesgos y agrega valor directo. Mejora trazabilidad social, aumenta predictibilidad regulatoria, fortalece reputación corporativa y habilita continuidad operacional. La competitividad dependerá de gestionar relaciones con la misma precisión que los recursos.

La invitación es avanzar hacia una minería que cumpla, inspire y dialogue, y que genere valor compartido para Chile y sus territorios.

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