Programa de becas ha beneficiado a más de 1.500 jóvenes

El Programa de Becas Indígenas cumple 23 años de funcionamiento y, durante ese período, ha beneficiado a más de 1.500 estudiantes de comunidades indígenas de la zona. En la convocatoria 2026 participaron 216 postulantes, lo que reflejó el interés de los jóvenes por acceder a este apoyo para continuar sus estudios superiores. La gerente de Diálogo Comunitario de Minera El Abra, Irene Vega, destacó el impacto que la iniciativa ha generado en las personas y sus comunidades.

«Como Minera El Abra buscamos no sólo generar un aporte económico a la región y al país, sino también cambiar vidas a través de la educación. Además, este programa tiene un círculo virtuoso: los jóvenes se comprometen con proyectos e iniciativas para retribuir ese apoyo en sus territorios».

Entre las estudiantes beneficiadas se encuentra Alexandra Condori, integrante de la comunidad de Puquios, quien cursa el último año de la carrera de Terapia Ocupacional. La joven señaló que el programa ha sido clave para avanzar en su formación profesional y fortalecer su identidad como integrante de un pueblo originario. «Gracias a la beca terminé todos estos años de carrera. Estoy muy agradecida porque estas instancias apoyan a los estudiantes, pero también nos fortalecen como personas y como jóvenes indígenas».

Autoridades destacan el impacto del programa en las comunidades

El alcalde de Ollagüe, Jhean Ramírez, valoró el compromiso de Minera El Abra con el acceso a la educación superior de los habitantes de la comuna. La autoridad indicó que este tipo de iniciativas entrega oportunidades concretas para que los estudiantes puedan continuar sus carreras y mejorar sus perspectivas de desarrollo. «Este beneficio representa un apoyo muy importante para los estudiantes y sus familias, ya que es una herramienta que les permitirá continuar sus carreras y construir un mejor futuro».

Durante la versión 2026 del programa, las carreras de ingeniería concentraron el mayor número de beneficiarios, con un 31% del total. En segundo lugar se ubicó el área de salud, con un 21%, seguida por las carreras del área social, que representaron un 20% de las preferencias. Estos resultados muestran el interés de los estudiantes por especializarse en disciplinas vinculadas al desarrollo productivo, los servicios de salud y el trabajo con las comunidades.

Educación como motor para el desarrollo local

Con más de dos décadas de trayectoria, el Programa de Becas Indígenas de Minera El Abra se ha consolidado como una de las principales iniciativas de apoyo a la educación superior en las comunidades indígenas de Alto El Loa y Calama. La compañía busca contribuir al desarrollo del capital humano regional mediante oportunidades de formación técnica y universitaria. Además, promueve que los beneficiarios retribuyan ese apoyo impulsando proyectos que generen valor en sus propios territorios.

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Los reclamantes sostienen que la evaluación no consideró adecuadamente las observaciones relacionadas con las comunidades indígenas. También afirman que existieron deficiencias en el análisis de posibles efectos sobre recursos hídricos, biodiversidad y áreas protegidas. Según la presentación judicial, el proyecto contempla 12 sondajes de exploración minera distribuidos en nueve plataformas ubicadas en el cerro Anocarire. La iniciativa busca determinar la presencia de cobre, oro y plata en la zona.

Las organizaciones señalan que el área del proyecto se encuentra en territorios ancestrales utilizados por comunidades Aymara y Quechua. En el sector existirían caminos troperos, zonas de pastoreo, vertientes, bofedales y espacios ceremoniales. Además, destacan que el cerro Anocarire posee un valor espiritual relevante dentro de la cosmovisión Aymara. Para las comunidades, el lugar representa un “Mallku” o cerro sagrado.

Los reclamantes cuestionan que la iniciativa ingresara al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). A su juicio, el proyecto debió someterse a un Estudio de Impacto Ambiental debido a sus posibles efectos sobre comunidades indígenas y ecosistemas sensibles. Entre las áreas cercanas mencionadas figuran la Reserva Nacional Las Vicuñas y la Reserva de la Biosfera Lauca. Por ello, solicitaron que sus observaciones ciudadanas sean revisadas nuevamente. El Primer Tribunal Ambiental acogió a trámite la reclamación. Asimismo, requirió al SEA un informe detallado sobre los fundamentos de su decisión y los antecedentes administrativos asociados.

Medida cautelar busca paralizar las obras

Junto con la reclamación, los solicitantes pidieron una medida cautelar para suspender los efectos de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Argumentan que el proyecto no habría evaluado de forma íntegra todas las obras necesarias para su ejecución. Según el escrito, el inicio de los trabajos podría generar impactos permanentes sobre recursos hídricos, biodiversidad y el cerro Anocarire. También advierten riesgos para áreas protegidas y actividades tradicionales de las comunidades. El tribunal resolvió solicitar antecedentes adicionales a la parte reclamada antes de pronunciarse sobre la medida cautelar.

Detalles del proyecto minero Champagne

El proyecto minero Champagne considera la ejecución de 12 sondajes mediante aire reverso o diamantina. También contempla la construcción de caminos de acceso, plataformas de perforación, piscinas de lodo e infraestructura de apoyo. La iniciativa se desarrollará durante 28 meses en un sector ubicado entre las comunas de Putre y Camarones, en la Región de Arica y Parinacota. La inversión estimada alcanza los US$18 millones.

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La presentación fue realizada por la Asociación Indígena Atacameña de Regantes y Agricultores de Toconao, junto a dos personas naturales. Los reclamantes sostienen que la autoridad ambiental no consideró adecuadamente las observaciones ciudadanas durante el proceso de evaluación.

Según la reclamación, el proyecto se ubicaría en una zona de alta sensibilidad ecológica. El área se encuentra próxima al Sitio Ramsar Salar de Tara y a la Reserva Nacional Los Flamencos. Los demandantes expresan preocupación por eventuales efectos sobre recursos hídricos, vegas, bofedales y ecosistemas altoandinos. También advierten posibles consecuencias para la biodiversidad presente en el territorio.

Uno de los principales cuestionamientos apunta al posible impacto de las perforaciones sobre acuíferos y aguas subterráneas. Los reclamantes señalan que estas intervenciones podrían afectar vertientes que abastecen al río Jere. Este recurso hídrico resulta fundamental para las actividades agrícolas y de subsistencia que desarrolla la comunidad de Toconao. Por ello, solicitan una revisión más exhaustiva de los antecedentes técnicos.

La reclamación también plantea posibles efectos sobre especies nativas y corredores biológicos. Entre ellas destacan especies de uso etnobotánico y ceremonial para el pueblo Lickan Antai, como la tola y la chachacoma. Además, los demandantes sostienen que la iniciativa podría generar impactos sobre prácticas tradicionales vinculadas al territorio ancestral. Entre ellas mencionan el pastoreo, la trashumancia, la agricultura local y actividades ceremoniales.

Dentro de los antecedentes presentados, se menciona que la Dirección General de Aguas formuló observaciones al modelo hidrogeológico del proyecto. Estas observaciones apuntarían a incertidumbres respecto de una posible interceptación de aguas subterráneas. Los reclamantes también cuestionan las medidas propuestas por el titular. A su juicio, estas acciones tendrían un carácter reactivo y no permitirían descartar impactos ambientales significativos.

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Entre las acciones destacadas figura el programa Somos. Esta iniciativa busca formar jóvenes líderes y fortalecer su participación en la comuna. También continúa Código Futuro en el Liceo Bicentenario Agropecuario Likan Antai. El programa beneficiará a más de 800 estudiantes con herramientas digitales y vocaciones científico-tecnológicas.

La agenda incorpora el programa Infancia Digital. Esta iniciativa debutará en el Complejo Educacional de Toconao. Más de 180 niñas y niños participarán en talleres de tecnología, robótica y pensamiento computacional. El objetivo apunta a ampliar habilidades desde edades tempranas.

La programación 2026 también considera el Concurso para Organizaciones Sociales +Unidos. Este espacio entregará apoyo a proyectos comunitarios con impacto local. Además, AntofaEmprende impulsará emprendimientos vinculados con educación y medioambiente. La iniciativa busca generar nuevas oportunidades para vecinos y organizaciones.

En el ámbito cultural, continuará la agenda de exposiciones en la Sala de Arte. Cada año, este espacio recibe a más de 4 mil visitantes. La ceremonia además destacó el Espacio Comunitario de Fundación Minera Escondida. El recinto fue remodelado recientemente para ampliar actividades abiertas a la comunidad.

Autoridades valoran trabajo colaborativo

Pablo Pisani, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de Escondida | BHP, señaló que la programación reafirma el compromiso con el territorio. También invitó a la comunidad a informarse y participar durante el año.

José Antonio Díaz, director ejecutivo de Fundación Minera Escondida, destacó el trabajo conjunto con vecinos y organizaciones. Añadió que las acciones recogen necesidades y aspiraciones locales.

El alcalde Justo Zuleta valoró la alianza entre el municipio y la fundación. Indicó que esta colaboración ha generado respuestas concretas para la comuna. Las iniciativas sociales y educativas en San Pedro de Atacama ya comenzaron y avanzarán de forma progresiva durante 2026.

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La primera reclamación fue presentada por la comunidad indígena Wayra Mata Tujsi. Su representación sostuvo que las opiniones entregadas en reuniones del proceso ambiental debían considerarse como observaciones ciudadanas formales. Según su defensa, la autoridad debió responder esas inquietudes y permitir la reclamación administrativa posterior. Además, expusieron preocupación por emisiones de polvo, avance de la mina subterránea y riesgos sísmicos en Tierra Amarilla.

Postura del Servicio de Evaluación Ambiental

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) rechazó esos argumentos. Su defensa indicó que la comunidad no presentó observaciones ciudadanas dentro de los plazos legales. El organismo afirmó que el proceso participativo cumplió la normativa vigente. También señaló que el proyecto incorporó medidas para reducir emisiones de MP10 y MP2,5. Entre ellas figuran humectación de caminos, asfaltado, monitoreo ambiental y recambio de buses diésel por eléctricos. Además, se suman programas de salud y plantación de árboles nativos.

La segunda reclamación fue presentada por la comunidad Colla Tata Inti del Pueblo de Los Loros. Su abogado cuestionó la evaluación de impactos en salud, agricultura y presencia de receptores humanos cercanos al proyecto. También planteó falta de consulta indígena y ausencia de análisis sobre cambio climático. El SEA respondió que no existían condiciones legales para activar dicho proceso. La empresa Minera Candelaria respaldó la postura del servicio. Sostuvo que los impactos ambientales fueron evaluados y que existen medidas suficientes de mitigación.

La iniciativa contempla una inversión de US$600 millones. Además, proyecta una vida útil de 23 años. El plan considera explotar cerca de 350 millones de toneladas adicionales. La operación aumentaría su extracción promedio anual a 384.000 toneladas diarias de material.

Tras las audiencias, las reclamaciones contra proyecto Mina Candelaria quedaron en estudio. El tribunal solicitó nuevos antecedentes a distintas instituciones antes de emitir su resolución final. La decisión será clave para el futuro del proyecto y para la relación entre minería, comunidades y regulación ambiental en Atacama.

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La comunidad sostiene que la evaluación presenta vicios de legalidad relevantes. Entre ellos, menciona falencias en el análisis del transporte y sus impactos. También advierte posibles efectos en la calidad del aire y en la salud de la población. A esto se suma la omisión de información sobre comunidades indígenas cercanas.

El recurso acusa la ausencia de un proceso de consulta indígena. Además, señala que no se realizaron reuniones obligatorias establecidas en el Reglamento del SEIA. La acción también cuestiona la falta de evaluación adecuada de impactos acumulativos. Esto incluye la relación con el proyecto Minera Candelaria en la zona.

Uno de los puntos centrales de la reclamación contra proyecto minero La Farola es el componente aire. La comunidad afirma que no se consideraron adecuadamente los niveles de contaminación existentes. Tierra Amarilla se encuentra declarada zona saturada por material particulado MP10. Según el recurso, existen antecedentes de superación de MP10 y MP2,5 en el sector. Esto habría impedido establecer una línea de base confiable. Además, dificultaría descartar efectos ambientales significativos.

Características del proyecto minero La Farola

El proyecto se ubicará en la comuna de Tierra Amarilla, en la Región de Atacama. Considera una explotación a rajo abierto en una superficie de 353 hectáreas. La iniciativa contempla una planta de procesamiento y un depósito de relaves filtrados. Se proyecta una producción anual de 90.000 toneladas de concentrado de cobre con oro. La operación tendrá una vida útil estimada de 17 años. Además, considera una inversión de 260 millones de dólares.

El Primer Tribunal Ambiental acogió la reclamación a trámite. Con esto, solicitó los informes que respaldan la resolución impugnada. Este proceso marcará el inicio de la revisión judicial del proyecto. El avance del caso podría influir en el desarrollo de la iniciativa minera en la región.

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La Comunidad Indígena Ancestral Wara Quebrada Chañaral Alto y sus Quebrados Copiapó-Diego de Almagro lidera la reclamación. El objetivo principal es que se declare ilegal la resolución de la SMA. Además, los reclamantes solicitan que la autoridad ambiental inicie un procedimiento sancionatorio. Argumentan que la decisión de archivar la denuncia carece de fundamentos sólidos.

La reclamación apunta a la Resolución Exenta N° 469. Según el documento, la SMA reconoció que se ejecutaron obras sin evaluación ambiental previa. Sin embargo, la entidad concluyó que no existía mérito suficiente para sancionar. La comunidad considera que esa interpretación contradice el principio preventivo. También sostiene que la infracción ocurre al ejecutar proyectos sin ingreso previo al SEIA. Este criterio no depende de la existencia de efectos ambientales actuales.

La denuncia original se ingresó en marzo de 2022. Se relaciona con el proyecto “Sistema Global de Saneamiento” vinculado a Kinross La Coipa. Según la comunidad, este sistema debía someterse a evaluación ambiental. La obligación estaba establecida en la Resolución de Calificación Ambiental N° 117/2015. El proyecto considera la gestión de aguas en Quebrada La Coipa. La comunidad afirma que no se evaluó antes del cierre o paralización de la faena minera.

Tribunal solicita antecedentes a la SMA

Con la admisión a trámite, el tribunal dio inicio al proceso judicial. Como primera medida, solicitó a la SMA un informe detallado. Este documento deberá explicar los fundamentos del archivo de la denuncia. La información será clave para resolver la controversia. El avance de la reclamación ambiental proyecto Kinross La Coipa podría sentar un precedente. El caso pone en discusión la aplicación del principio preventivo en materia ambiental.

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El itinerario contempla visitas al Salar de Atacama en Chile, al Salar de Uyuni en Bolivia y al Salar de Olaroz en Argentina. Estos territorios concentran más del 50% de los recursos mundiales de litio. El Triángulo del Litio se posiciona como un eje geopolítico clave. Su relevancia crece por la demanda global de minerales críticos para la electromovilidad.

La misión surge en 2024 tras un encuentro en el Salar de Atacama. En esa instancia participaron empresas y comunidades originarias del territorio. El programa busca integrar la industria moderna con la cultura ancestral. También promueve el diálogo entre innovación tecnológica y desarrollo territorial. Pamela Goicovich, presidenta de CIL Lithium, destacó el enfoque colaborativo. Señaló que el objetivo es fortalecer la cooperación y la sostenibilidad en la región.

La iniciativa impulsará la creación del Consorcio Trinacional del Litio Andino. Esta entidad buscará establecer estándares comunes de sostenibilidad y trazabilidad. Además, el encuentro avanzará en el diseño del Sello LIFE. Esta certificación promoverá una producción responsable del litio en América Latina.

Empresas productoras, compañías tecnológicas y centros de investigación participarán en la misión. También asistirán comunidades indígenas y representantes institucionales. Entre los participantes figuran organizaciones internacionales y actores del ecosistema minero. Todos buscan fortalecer una cadena de valor más integrada e innovadora. Sebastián Quiñones, director estratégico de CIL Lithium, destacó el potencial regional. Afirmó que el Triángulo del Litio puede liderar un modelo global sostenible.

Chile como plataforma de diplomacia energética

La misión posiciona al país como articulador regional. También refuerza su liderazgo en innovación y cooperación energética. La instancia proyecta al Triángulo del Litio como un laboratorio global. Su enfoque combina desarrollo económico, respeto territorial y sostenibilidad.

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La acción judicial apuntó contra la empresa Desarrollo Ingeniería Limitada (DPI). La comunidad sostuvo que las actividades exploratorias afectaban territorio que considera propio. También denunció una presunta extracción de aguas desde el humedal de Lari. Según la presentación, estas acciones vulneraban diversas normas del Código de Aguas. Entre ellas se mencionaron los artículos 5, 6, 20 y 58. Además, se citó el artículo 10 letra p) de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente.

Durante el proceso se incorporaron informes de distintos organismos públicos. Participaron la Dirección General de Aguas (DGA), el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. También intervino la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. En la etapa de apelación, la empresa presentó antecedentes administrativos clave. Entre ellos destacó la Resolución Exenta N° 290 de julio de 2025 emitida por la DGA de Antofagasta. La resolución rechazó la denuncia presentada por la comunidad indígena. El procedimiento administrativo concluyó que no existieron infracciones relacionadas con extracción de aguas.

El fallo también consideró el Informe Técnico de Fiscalización N° 020-2025 de la DGA regional. Este documento evaluó los sondajes ejecutados en el área de exploración. El informe indicó que las perforaciones se realizaron dentro de concesiones mineras de exploración. Dichas concesiones pertenecen a la Sociedad Contractual Minera La Huayca. La autoridad técnica determinó que los sondajes buscaban explorar sustancias minerales. Además, descartó que las perforaciones tuvieran como objetivo alumbrar aguas subterráneas. El análisis tampoco detectó recarga artificial de acuíferos ni intervenciones prohibidas en zonas protegidas por el Código de Aguas.

La Corte Suprema recordó que el recurso de protección tiene carácter cautelar. Este mecanismo busca restablecer derechos cuando existen actos ilegales o arbitrarios. Para el tribunal, los antecedentes administrativos desvirtuaron los hechos denunciados. La investigación técnica descartó infracciones y cerró el expediente respectivo.

En ese contexto, el tribunal concluyó que no existía un acto actual que vulnerara garantías constitucionales. Por esa razón, no resultaba procedente la intervención cautelar de la justicia. Con esta decisión, el máximo tribunal revocó el fallo anterior y rechazó el recurso de protección. Así, la exploración minera en Salar de Lari quedó sin medidas judiciales que ordenen su paralización.

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Las empresas informaron progresos en la instalación de la Mesa de Gobernanza y en la transferencia de recursos a la comunidad. También avanzaron en estudios técnicos necesarios para ejecutar medidas de mayor complejidad.

El abogado Raimundo Moreno destacó avances sustantivos en la coordinación institucional. Explicó que el proceso enfrenta desafíos técnicos y metodológicos propios del análisis ecosistémico. Las partes reconocieron retrasos en la definición de los términos de referencia de la medida M0. Esta medida consiste en un análisis de afectación ecosistémica que condiciona otras acciones del acuerdo.

La abogada Marcia Faerman informó que la medida M0 aún no inicia su ejecución material. Actualmente elaboran los términos de referencia. Respecto de la medida M1, vinculada al cese de extracción de recursos hídricos, las empresas iniciaron tramitaciones ante la Dirección General de Aguas. Esperan el pronunciamiento del organismo.

Las medidas M2, M3, M11, M12 y M13 dependen del avance de la M0. Por ello, aún no comienzan su implementación. En cuanto a las medidas sociales, la comunidad solicitó reprogramar su inicio para marzo. Estas incluyen planes de gestión social, infraestructura y fondos de desarrollo. La Mesa de Gobernanza ya funciona. Las empresas transfirieron recursos a la Comunidad de Peine para asesoría y gestión.

El Consejo de Pueblos Atacameños decidió no integrarse a la Mesa de Gobernanza. Sin embargo, los recursos permanecen disponibles si modifican su decisión. El abogado Sergio Chamorro confirmó que la asamblea mantiene su postura. El diseño del acuerdo permite continuidad operativa pese a esta determinación.

Origen de la demanda por daño ambiental

En marzo de 2022, la Comunidad de Peine demandó a Minera Escondida por reparación de daño ambiental. Acusó sobreexplotación del acuífero y descenso del nivel freático en Tilopozo. El Consejo de Defensa del Estado también presentó demanda en representación del Estado. La acción incluyó a Minera Escondida, Zaldivar y Albemarle. En diciembre de 2024, las partes alcanzaron una conciliación. El acuerdo estableció 14 acciones para recuperar el ecosistema.

Las partes envían reportes anuales al tribunal. El primer informe se presentó en diciembre de 2025. El tribunal solicitó información específica y citó a audiencia de seguimiento. La revisión periódica permite verificar el cumplimiento efectivo de las medidas ambientales en conciliación por daño ambiental y asegurar su correcta ejecución.

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El tribunal concluyó que la autoridad consideró debidamente las observaciones ciudadanas. Además, determinó que el área de influencia se ajustó al estándar técnico vigente. La sentencia estableció que el proyecto no contempla nueva extracción de agua. Tampoco modifica la autorización de uso hídrico actualmente vigente. Los posibles efectos sobre recursos hídricos se limitan al área mina. El fallo indicó que la evaluación descartó impactos significativos.

La resolución también analizó un eventual fraccionamiento respecto del proyecto “Extensión de vida útil con transición hídrica”. El tribunal descartó esa hipótesis. Señaló que no existe ejecución simultánea ni superposición temporal entre ambas iniciativas. Además, difieren en naturaleza, objetivos y obras. El proyecto de transición hídrica ingresó mediante un Estudio de Impacto Ambiental. Por ello, el tribunal estimó que no se configuran los presupuestos de fraccionamiento.

La sentencia concluyó que no existen impactos significativos sobre grupos indígenas dentro del área de influencia. Las comunidades se ubican a una distancia considerable del proyecto. El tribunal no identificó usos, asentamientos ni receptores indígenas en las zonas intervenidas. En consecuencia, descartó susceptibilidad de afectación directa. Por ello, determinó que no correspondía abrir un proceso de consulta indígena.

El ministro presidente, Alamiro Alfaro Zepeda, sostuvo que la reclamación no logró desvirtuar la legalidad del acto impugnado. Indicó que la evidencia técnica respaldó la evaluación ambiental. El ministro Marcelo Hernández Rojas previno que la consulta indígena debe interpretarse en sentido amplio. Señaló que no debe limitarse solo a los supuestos del artículo 11 de la Ley 19.300.

La ministra Sandra Álvarez Torres agregó que la reclamación también podía rechazarse por pérdida de objeto. El proyecto extendía la vida útil por 20 meses, plazo ya cumplido. Con estos fundamentos, el tribunal ratificó la legalidad del actuar administrativo. Así, confirmó la aprobación ambiental de Ajustes Operacionales Área Mina en la faena Zaldívar.

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La iniciativa priorizó el talento proveniente de comunidades indígenas del Salar de Atacama. Participaron estudiantes de Socaire, Toconao y Peine. El programa fortaleció competencias técnicas y mejoró la empleabilidad en la zona. Además, promovió trayectorias laborales vinculadas a la industria del litio. José Antonio Díaz, gerente general de CEIM, destacó la confianza depositada por la compañía. Señaló que la institución forma capacidades alineadas con los desafíos actuales del sector minero.

El Programa Operación Planta Litio alcanzó más del 90% de participación femenina. Este resultado refuerza el compromiso con la diversidad y la equidad en minería. La directora regional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Karen Pérez, valoró el uso eficiente de recursos públicos. Indicó que la iniciativa reduce brechas laborales y de género en la región. Alejandra Bonet, directora de Recursos Humanos Sudamérica de Albemarle, resaltó la trayectoria del programa. Subrayó que la alianza abre oportunidades concretas para mujeres que ingresan a la minería.

Oportunidades laborales

El programa permite que los estudiantes más destacados se integren a Albemarle. Esta posibilidad proyecta su talento bajo estándares exigentes de la industria minera. Ángelo Cruz, aprendiz del programa, calificó la experiencia como enriquecedora. Destacó el acompañamiento docente y las oportunidades que se abren tras la formación. Con este cierre, CEIM y Albemarle consolidan una estrategia que combina formación técnica, inclusión y sostenibilidad territorial. La iniciativa fortalece el capital humano y genera oportunidades laborales en comunidades indígenas del norte de Chile.

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El CEOL aprobado corresponde al primero otorgado en el marco de la Estrategia Nacional del Litio y completa su tramitación administrativa. El contrato fue suscrito en septiembre pasado entre ENAMI y el Estado de Chile y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2060. La iniciativa se desarrollará mediante una asociación público-privada con Rio Tinto, uno de los principales conglomerados mineros a nivel global. Este modelo busca fortalecer el rol del Estado en el desarrollo del litio, manteniendo altos estándares técnicos y económicos.

El acuerdo incorpora un comité de gobernanza con participación paritaria de comunidades indígenas. Este mecanismo surge tras la primera consulta indígena realizada por el Ministerio de Minería, que concluyó con acuerdos con seis comunidades Colla de la zona. La ministra (S) de Minería, Suina Chahuán, destacó que este contrato establece nuevos estándares para el desarrollo del litio en Chile. La autoridad subrayó que los acuerdos alcanzados quedaron incorporados directamente en las cláusulas contractuales.

El proyecto considera aportes a gobiernos regionales y municipios, además de recursos destinados a investigación, desarrollo e innovación. Estas medidas buscan generar beneficios directos en los territorios donde se emplaza la iniciativa. Salares Altoandinos utilizará tecnologías de extracción directa de litio, lo que permitirá reducir la huella ambiental y resguardar el equilibrio hídrico de los salares. Esta definición técnica responde a los lineamientos de la Estrategia Nacional del Litio.

Desde ENAMI, su vicepresidente ejecutivo, Iván Mlynarz, valoró la aprobación como una señal concreta del avance del proyecto. La estatal proyecta iniciar la explotación tras completar las siguientes etapas técnicas, aportando mayor producción de litio al país. La Estrategia Nacional del Litio busca duplicar la producción nacional durante la próxima década y fomentar el desarrollo de una cadena de valor con mayor valor agregado en Chile.

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La Expo Indígena destacó por su variada programación cultural y artística. Los asistentes participaron en talleres gratuitos, presentaciones en vivo y una muestra de gastronomía tradicional. Las comunidades ofrecieron productos ancestrales, hierbas medicinales y artículos con identidad cultural. El público conoció prácticas propias de los pueblos originarios y valoró su aporte al patrimonio local.

Desde la compañía, destacaron el impacto social de estas instancias comunitarias. Rodrigo Mora, subgerente del Valle de Copiapó de CMP, subrayó la importancia del vínculo con las comunidades. Según explicó, estas actividades permiten fortalecer la economía local y generar oportunidades de comercialización. Además, fomentan el diálogo y la colaboración territorial de largo plazo.

Las comunidades participantes valoraron transversalmente la iniciativa. Kiriath Campillay, autoridad ancestral del pueblo Diaguita Corazón de Arcoiris, destacó la posibilidad de mostrar productos culturales y medicinales. La representante señaló que CMP ha facilitado la participación en distintas versiones de la Expo. Este respaldo ha permitido sostener la presencia indígena en Caldera, Bahía Inglesa y Copiapó. Por su parte, Amalia Godoy Donoso, presidenta de la comunidad Diaguita Wentru-Lafken, lideró un taller de churrascas tradicionales. La actividad permitió compartir saberes gastronómicos con la comunidad local.

Expo Indígena impulsa identidad y asociatividad

La Expo Indígena es fruto de un trabajo colaborativo entre CMP y las comunidades. La iniciativa promueve el reconocimiento cultural, la asociatividad y nuevas oportunidades de desarrollo. Con este tipo de acciones, CMP reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible. La compañía contribuye a preservar, difundir y proyectar la identidad cultural de los pueblos originarios de la región.

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H2: Gira presidencial con foco en minería y salares protegidos

En la comuna de Diego de Almagro, el Presidente encabezará la firma de decretos de la Red de Salares Protegidos de la Región de Atacama. La actividad refuerza la estrategia de protección de ecosistemas estratégicos para el país. Estas medidas buscan compatibilizar la actividad minera con la preservación de recursos naturales. La región cumple un rol clave en la transición energética y el desarrollo productivo.

Posteriormente, el mandatario se trasladará a Copiapó. En la capital regional liderará la ceremonia de inauguración del Museo Regional de Atacama. Este nuevo espacio cultural busca poner en valor la historia, identidad y patrimonio local. La iniciativa apunta a fortalecer el acceso a la cultura en el norte del país.

El viernes 30 de enero, el Presidente Boric realizará gira por Atacama y Antofagasta con actividades en la Región de Antofagasta. En San Pedro de Atacama sostendrá un encuentro con comunidades del Consejo de Pueblos Atacameños. La jornada considera el diálogo directo con representantes indígenas. El objetivo es fortalecer la participación y el respeto a los territorios ancestrales.

Inauguración de infraestructura

Durante la visita, el mandatario encabezará la inauguración del sistema de Agua Potable Rural de Toconao. El proyecto mejora el acceso al agua para la comunidad local. La gira contará con la participación de ministras y ministros de Minería, Medio Ambiente, Culturas y Bienes Nacionales. También asistirán delegados presidenciales, gobernadores y alcaldes de ambas regiones. El retorno del Presidente a Santiago está previsto para la tarde del viernes 30 de enero.

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Durante el encuentro, las comunidades conocieron y deliberaron sobre los reglamentos vinculados a áreas protegidas, concesiones, permisos y sitios prioritarios. Estos instrumentos serán fundamentales para la gestión y protección del patrimonio natural del país.

La actividad se desarrolló a lo largo de tres jornadas y reunió a más de 100 personas. Participaron representantes de diez pueblos indígenas de distintas zonas del país, junto a autoridades nacionales, regionales y equipos técnicos del Ministerio del Medio Ambiente.

El diálogo fue concebido como un espacio de deliberación directa. Su objetivo fue recoger visiones, observaciones y aportes de las comunidades indígenas sobre los reglamentos del nuevo servicio.

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, valoró la instancia y destacó la importancia de alcanzar consensos. Señaló que el aporte de los pueblos indígenas es clave para la conservación de la biodiversidad y el futuro de la naturaleza.

El subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, subrayó que el encuentro fue un ejercicio de confianza y reconocimiento mutuo. Indicó que el proceso va más allá de un trámite administrativo y busca construir acuerdos colectivos.

El Diálogo Nacional con comunidades indígenas SBAP contó con la participación de los seremis del Medio Ambiente de todas las regiones. Las autoridades regionales coincidieron en la relevancia de escuchar las voces locales.

Mirada regional desde Magallanes y Antofagasta

El seremi del Medio Ambiente de Magallanes, Enrique Rebolledo, destacó la alta participación regional. Indicó que asistieron 14 representantes de los pueblos selknam, yagan, kawésqar y mapuche huilliche.

Desde Antofagasta, el seremi Rodrigo Jara resaltó la presencia de comunidades licanantay y changos. Señaló que estas instancias fortalecen el conocimiento sobre el SBAP y la gestión de áreas protegidas. Además, destacó la conservación de más de 380 mil hectáreas impulsada por la Red de Salares Protegidos.

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La actividad de cierre se realizó en Copiapó y fue encabezada por el seremi de Minería de Atacama, Juan Carlos Peña. En la instancia participaron representantes de las comunidades colla Runa Urka, Pai Ote y Sol Naciente de Pastos Grandes.

El proceso consideró diez reuniones de trabajo, que concluyeron con siete acuerdos adoptados por unanimidad. Uno de los consensos más relevantes definió el polígono del CEOL, excluyendo la laguna y cuatro zonas sensibles.

Estas áreas corresponden a humedales, un arroyo y un sitio de aguas termales. La decisión respondió a criterios ambientales, ecosistémicos y culturales planteados por las comunidades.

La ministra de Minería, Aurora Williams, participó de manera telemática en la jornada. La autoridad destacó que los acuerdos alcanzados se incorporarán de forma explícita en los contratos que regirán los futuros proyectos de litio.

La secretaria de Estado subrayó que el Gobierno ha dialogado con más de 30 comunidades indígenas. Estos procesos han permitido alcanzar más de 80 acuerdos en el marco de la Estrategia Nacional del Litio.

El seremi Juan Carlos Peña valoró la disposición de las comunidades para participar activamente en el proceso. Destacó el esfuerzo conjunto que permitió alcanzar acuerdos relevantes en un plazo acotado.

Desde las comunidades, la presidenta de Colla Pai Ote, Ercilia Araya, resaltó el carácter colaborativo del diálogo. Señaló que el proceso fortaleció la participación indígena en decisiones estratégicas.

Avances regionales

Laguna Verde corresponde a uno de los 12 procesos de consulta indígena impulsados por el Ministerio de Minería. A la fecha, diez ya han concluido a nivel nacional.

En la región de Atacama, este es el cuarto proceso finalizado, junto a Salares Altoandinos, Salar de Maricunga y Agua Amarga. Actualmente, continúan las consultas en Piedra Parada y Coipasa.

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La ministra (s) de Minería, Suina Chahuán, encabezó la ceremonia final junto a comunidades de Tarapacá y Antofagasta. Durante cuatro meses, ambas comunidades participaron en la consulta que culminó con siete acuerdos sobre criterios ambientales, vínculos comunitarios y mecanismos de retribución. Estos compromisos fortalecen la participación indígena en nuevas iniciativas vinculadas al litio.

Suina Chahuán destacó el carácter participativo del proceso. Señaló que una minería sostenible requiere decisiones compartidas y respeto por los territorios. Afirmó que los acuerdos alcanzados muestran que la Estrategia Nacional del Litio avanza con diálogo y corresponsabilidad. También recordó que las consultas indígenas finalizadas durante este mandato superan los 80 acuerdos en distintos territorios.

Acuerdos con comunidades

Las comunidades valoraron el espacio de participación. Violeta Oxa, presidenta de la Comunidad Indígena Aymara de Quillagua, resaltó que el proceso abre un camino para fortalecer el desarrollo local. Mencionó que la presencia del litio en sus territorios demanda planificación y beneficios reales para las comunidades.

Karen Barreda, secretaria de la Comunidad Indígena Quechua de Huatacondo, agradeció la instancia y destacó el respeto mostrado durante el proceso. Aseguró que este tipo de espacios permite expresar necesidades históricas de pueblos que han habitado la región por generaciones.

El Ministerio de Minería informó que, hasta ahora, 9 de los 12 procesos de consulta indígena han concluido. Estos se concentran en Atacama, Antofagasta y Tarapacá. Actualmente, tres consultas siguen en desarrollo, vinculadas a Laguna Verde, Piedra Parada y Coipasa. Con estos avances, el Gobierno busca asegurar que el desarrollo del litio incorpore participación efectiva y beneficios compartidos.

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Durante la audiencia, se presentaron los avances de la primera fase del acuerdo, los que incluyen campañas de terreno, visitas semestrales al salar, reuniones periódicas de la Mesa de Gobernanza y de la Mesa Técnica, así como la elaboración de informes técnicos. También se informó sobre la ejecución de un Plan de Difusión, mejoras al sistema de riego artificial y estudios especializados en áreas hidrogeológicas, etnográficas y ambientales.

La exposición principal estuvo a cargo del abogado Ignacio Mujica, representante de Minera Escondida, quien reconoció retrasos iniciales por factores administrativos y falta de oferentes en licitaciones, aunque subrayó que actualmente existe un calendario “más detallado y realista” que se está cumpliendo.

Avances en la conciliación

Por parte del CDE, el abogado Nicolás Escobar destacó la participación constante de profesionales del Estado en las mesas de gobernanza y técnica, valorando el cumplimiento informado en la audiencia.

Las comunidades indígenas también resaltaron los progresos. El abogado de la Asociación Indígena Consejo de Pueblos Atacameños, Sergio Chamorro, afirmó que el proceso se ha consolidado como un modelo de co-construcción entre el Estado, la empresa y las comunidades. En la misma línea, Miguel Campos, representante de la Comunidad Atacameña de Peine, sostuvo que los resultados reflejan un trabajo conjunto y flexible, con vocación de continuidad.

El daño ambiental en Salar Punta Negra fue objeto de una demanda del CDE en 2020, tras la extracción de agua del acuífero que lo alimenta. El acuerdo de conciliación contempla 19 medidas de gestión, compensación y reparación ambiental a ejecutarse en tres fases.

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La ceremonia se realizó en la localidad de Ascotán y reunió a las comunidades Cebollar de Ascotán, Ollagüe, Puquios y Kosca, que participaron activamente en ambos procesos de consulta. Tras nueve meses de diálogo, se alcanzaron ocho acuerdos unánimes que quedarán reflejados en los contratos especiales de operación de litio.

La ministra Williams subrayó que el desarrollo de la Estrategia Nacional del Litio es clave para el futuro productivo de Chile y, en particular, para el crecimiento de Antofagasta. Agregó que la minería del presente y del futuro debe construirse con la voz de las comunidades y con respeto al medio ambiente.

Compromiso con las comunidades

Desde las comunidades también se destacó el carácter inédito del proceso. Víctor Nina, presidente de la Comunidad Indígena de Ollagüe, valoró que por primera vez se realice una consulta antes de definir la explotación de un polígono. En sus palabras, esta etapa marca un precedente al fijar condiciones previas a cualquier estudio de impacto ambiental.

El salar de Ascotán fue priorizado dentro de las cinco áreas con solicitudes de CEOL en procedimiento simplificado. En el caso de Ollagüe, uno de los acuerdos implicó modificar el polígono, lo que abrió un nuevo plazo para postular al CEOL hasta el 30 de octubre en el portal oficial del Ministerio de Minería.

Con este cierre, el ministerio suma ocho consultas indígenas finalizadas en las regiones de Atacama y Antofagasta, mientras otros cuatro procesos continúan en curso. El avance refuerza el compromiso del Estado con una minería del litio sustentable y con la participación efectiva de las comunidades originarias.

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