Comunidad de Peine cuestiona evaluación hidrogeológica

La Comunidad Indígena Atacameña de Peine sostiene que el Comité de Ministros excedió sus atribuciones al pronunciarse sobre materias hidrogeológicas vinculadas al Permiso Ambiental Sectorial N.° 88. Según la reclamación, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) había advertido en distintas etapas que la información entregada por el titular resultaba insuficiente para descartar riesgos de infiltración o lixiviación que pudieran alterar los flujos de aguas subterráneas.

La comunidad también afirma que la resolución se sustentó en una línea base elaborada en 2009, la que, a su juicio, no refleja la situación hídrica actual del Salar de Atacama. Además, sostiene que la evaluación vulnera los principios precautorio y de no regresión. También acusa un eventual fraccionamiento del proyecto al no considerar su potencial asociado a la explotación de litio y denuncia una exclusión de la comunidad durante la etapa recursiva.

Toconao cuestiona datos técnicos y protección del sistema Soncor

La Comunidad Indígena Atacameña de Toconao sostiene que la resolución incumple lo ordenado previamente por el Primer Tribunal Ambiental en la causa Rol R-58-2022. Entre sus principales argumentos, señala que el titular no presentó información primaria suficiente sobre el área del proyecto y que reutilizó modelos regionales desarrollados para planificación de cuencas, los cuales no serían adecuados para evaluar los impactos específicos de una iniciativa privada.

Observaciones sobre el sistema hídrico

La comunidad cuestiona que la evaluación ambiental no incorporara una modelación específica para el sistema lagunar Soncor. En cambio, indica que el análisis utilizó antecedentes correspondientes a Aguas de Quelana, pese a las diferencias existentes entre ambos sistemas. Asimismo, sostiene que el Plan de Alerta Temprana perdería efectividad porque considera un pozo cuyos mecanismos de contingencia ya operan debido a la sobreexplotación generada por otros proyectos. También advierte que la evaluación no abordó de manera suficiente el riesgo de subsidencia asociado a la extracción de salmueras.

La reclamación también apunta al otorgamiento del Permiso Ambiental Sectorial N.° 88. Según la comunidad, la autorización se concedió sin una caracterización adecuada de las canchas de acopio y sin evaluar completamente riesgos relacionados con estabilidad, percolación, dispersión de polvo y presencia de elementos potencialmente tóxicos. Además, argumenta que la evaluación no consideró el contexto de sobreexplotación que enfrenta actualmente la cuenca ni los derechos de la comunidad sobre los recursos naturales y las actividades tradicionales vinculadas al sistema Soncor.

Solicitan suspender los efectos de la resolución

Las dos comunidades solicitaron al Primer Tribunal Ambiental anular la resolución del Comité de Ministros y mantener el rechazo ambiental del proyecto. De forma subsidiaria, pidieron que el tribunal adopte las medidas que correspondan conforme a la Ley N.° 20.600. Junto con las reclamaciones, ambas organizaciones solicitaron medidas cautelares para suspender inmediatamente los efectos de la resolución impugnada. El objetivo es impedir el inicio de obras físicas, especialmente aquellas vinculadas al Permiso Ambiental Sectorial N.° 88, mientras el tribunal resuelve el fondo del proceso. El Primer Tribunal Ambiental decidió solicitar antecedentes a las demás partes antes de pronunciarse sobre esta petición cautelar.

La iniciativa ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en 2009 y ya había sido analizada por el Primer Tribunal Ambiental. En la causa Rol R-58-2022, el tribunal acogió parcialmente una reclamación del titular y ordenó retrotraer la evaluación ambiental. La sentencia instruyó emitir un nuevo y último ICSARA para incorporar una modelación hidrogeológica ajustada a las exigencias técnicas de los organismos competentes.

Proyecto contempla inversión de US$43 millones

El proyecto propone recuperar sales de potasio presentes en las salmueras del Salar de Atacama para producir hasta 200.000 toneladas anuales de cloruro de potasio. La iniciativa contempla una inversión de US$43 millones, una vida útil estimada de 20 años y la construcción de instalaciones de molienda, chancado, flotación y una línea eléctrica de aproximadamente 300 metros en la comuna de San Pedro de Atacama. Con estas reclamaciones, Comunidades indígenas atacameñas presentan reclamaciones contra proyecto de recuperación de sales de potasio buscando revertir la decisión del Comité de Ministros y evitar el avance de una iniciativa que, según sostienen, mantiene incertidumbres ambientales y riesgos para los recursos hídricos del Salar de Atacama.

La entrada Comunidades indígenas atacameñas presentan reclamaciones contra proyecto de la Sociedad Legal Minera NX UNO se publicó primero en Mundo Minería.

Durante la sesión, encabezada por la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, los secretarios de Estado revisaron las reclamaciones relacionadas con la continuidad operacional de la División Ministro Hales. La iniciativa considera la extensión de la vida útil de la faena y el desarrollo futuro del yacimiento. Además, contempla incrementar el procesamiento de mineral y elevar la producción de concentrado de cobre desde 700.000 toneladas anuales hasta 830.000 toneladas. Con el rechazo de las reclamaciones, la Resolución de Calificación Ambiental permanece vigente, permitiendo que el proyecto continúe avanzando conforme a la normativa ambiental.

Comité de Ministros suma proyectos por más de US$11.455 millones

La instancia sesionó por octava vez durante la administración del Presidente José Antonio Kast y por décima ocasión en lo que va del año. Con esta reunión, el Comité de Ministros ya ha revisado 20 proyectos que mantenían recursos de reclamación pendientes. En conjunto, estas iniciativas representan inversiones superiores a US$11.455 millones, fortaleciendo la certeza regulatoria para proyectos públicos y privados.

En la sesión extraordinaria participaron los ministros de Economía, Fomento y Turismo y de Minería, Daniel Mas, y de Agricultura, Jaime Campos. Las autoridades rechazaron todas las reclamaciones presentadas respecto de los tres proyectos revisados. La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, destacó que el funcionamiento periódico del Comité ha permitido agilizar la resolución de estos procesos.

«El compromiso que asumimos de sesionar mensualmente como Comité de Ministros nos ha permitido dar agilidad institucional a este proceso. Este calendario entrega certeza a todos los actores involucrados y beneficia directamente a la ciudadanía. Gracias a este compromiso pudimos resolver rápidamente las reclamaciones que mantenía pendientes el nuevo Instituto Nacional del Cáncer, por lo que su ejecución podrá seguir adelante».

Las autoridades también subrayaron que los tres proyectos analizados fueron revisados dentro de los plazos establecidos por la legislación ambiental, en línea con el mandato del Ejecutivo.

La entrada Comité de Ministros mantiene RCA favorable para proyecto de la División Ministro Hales se publicó primero en Mundo Minería.

Medidas para crecimiento

Según la autoridad, las medidas presentadas consolidan el trabajo que ambos ministerios han impulsado para recuperar el dinamismo económico y entregar mayores oportunidades a las familias chilenas. En ese contexto, subrayó que el objetivo es avanzar hacia un escenario de mayor crecimiento, inversión y certeza para el desarrollo de nuevos proyectos.

Entre los anuncios destacados de la Cuenta Pública figura la meta de alcanzar un crecimiento económico del 4% y recuperar al menos 300 mil empleos. Para Daniel Mas, estas cifras representan una señal clara de la prioridad que el Gobierno otorga a la reactivación económica. El ministro sostuvo que el fortalecimiento de la actividad productiva permitirá generar nuevas oportunidades laborales y dinamizar las economías regionales. Además, indicó que el crecimiento constituye una condición fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas y aumentar la inversión.

Proyectos de desarrollo

Otro de los puntos relevados por la autoridad fue el avance de 389 proyectos actualmente en evaluación ambiental, los que representan inversiones por aproximadamente US$89 mil millones. Daniel Mas destacó que la agilización de procesos y la reducción de un 45% en los tiempos de resolución de reclamaciones contribuyen a fortalecer la confianza de los inversionistas. A su juicio, estas medidas permiten entregar mayor certeza a quienes buscan desarrollar iniciativas productivas en Chile.

La autoridad también valoró el trabajo realizado por el Comité de Ministros para destrabar proyectos equivalentes a cerca de US$7 mil millones. Según explicó, estas decisiones permiten acelerar inversiones relevantes para distintos sectores económicos. Además, generan condiciones más favorables para el crecimiento y la creación de empleo en las regiones. La minería tuvo un papel relevante dentro de los anuncios destacados por Daniel Mas. El ministro resaltó especialmente la simplificación de las patentes mineras, medida orientada a fortalecer la pequeña y mediana minería. La iniciativa busca facilitar la gestión administrativa de los productores y mejorar las condiciones para el desarrollo de nuevos proyectos. Asimismo, apunta a fortalecer la competitividad del sector y su aporte a la economía nacional.

La agenda presentada durante la Cuenta Pública también contempla el ingreso de un nuevo Estatuto Laboral destinado a potenciar el turismo y la generación de empleo en las regiones. Para Daniel Mas, esta propuesta permitirá responder de mejor manera a las necesidades de sectores económicos con características particulares. Además, contribuirá a ampliar las oportunidades laborales y fomentar el desarrollo regional.

Una agenda para volver a crecer

El biministro concluyó que la Cuenta Pública 2026 ratifica el compromiso del Gobierno con una agenda centrada en el crecimiento económico, la inversión y el desarrollo productivo. “Seguiremos trabajando para que invertir en Chile vuelva a ser sinónimo de certeza, crecimiento y oportunidades”, señaló la autoridad, destacando que las medidas anunciadas buscan fortalecer la confianza y consolidar las bases para el desarrollo futuro del país.

La entrada Biministro Daniel Mas valora anuncios en la Cuenta Pública y destaca impulso a la minería se publicó primero en Mundo Minería.

El fallo del Segundo Tribunal Ambiental dejó sin efecto la RCA otorgada al proyecto de expansión de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. La sentencia determinó que el SEA deberá revisar nuevamente antecedentes relacionados con impactos sociales y marítimos. La causa se originó tras reclamaciones presentadas por comunidades y representantes locales. Los reclamantes cuestionaron aspectos de la evaluación ambiental desarrollada durante la tramitación del proyecto.

La iniciativa representa una inversión ejecutada cercana a US$3.200 millones. El proyecto incluye obras de infraestructura y una planta desaladora que actualmente se encuentra en etapa final de construcción. La expansión busca fortalecer la capacidad productiva de Collahuasi. Además, pretende asegurar suministro hídrico mediante infraestructura de desalinización para las operaciones mineras.

La minera sostuvo que el proceso ambiental cumplió la normativa vigente y los procedimientos institucionales. La empresa recordó que el Comité de Ministros rechazó en agosto de 2023 las reclamaciones presentadas contra la iniciativa. Ese pronunciamiento respaldó la continuidad del proyecto antes de la resolución judicial. Sin embargo, el tribunal acogió posteriormente los recursos tras más de 800 días de tramitación.

Desde la compañía afirmaron que la evaluación ambiental respetó los estándares exigidos por la legislación chilena. También indicaron que actualmente analizan las acciones legales que podrían presentar frente a la sentencia. El caso vuelve a instalar el debate sobre los procesos de evaluación ambiental de grandes proyectos mineros en Chile. La decisión podría generar nuevas revisiones regulatorias para futuras iniciativas de inversión en el sector.

La entrada Collahuasi impugna revocación de RCA ambiental para proyecto de expansión minera se publicó primero en Mundo Minería.

El Comité dio luz verde al proyecto ERNC Tarapacá, que contempla una central solar y eólica con conexión al Sistema Eléctrico Nacional. La iniciativa considera una inversión de US$200 millones y se ubicará en Pozo Almonte y María Elena. El Parque Eólico Rinconada se desarrollará en la Región del Biobío, específicamente en Laja y Los Ángeles. El proyecto implica una inversión de US$365 millones e incorporará generación renovable con infraestructura de transmisión.

El Parque Eólico Los Coihues se emplazará en la Región de Ñuble, en las comunas de El Carmen, Pemuco y San Ignacio. La inversión alcanza los US$470 millones e inyectará energía limpia al sistema eléctrico. Durante la sesión, el Comité analizó las reclamaciones presentadas contra los proyectos. Las autoridades rechazaron los recursos en base a informes técnicos emitidos por organismos competentes. Esta decisión permite destrabar inversiones relevantes para el desarrollo energético. Además, fortalece la certeza regulatoria en la evaluación ambiental.

 Nueva etapa en la evaluación ambiental

La ministra Francisca Toledo destacó el inicio de una nueva etapa en la gestión del Comité. La autoridad afirmó que se implementará una sesión mensual para agilizar los procesos. Este enfoque busca reducir tiempos de tramitación y mejorar la eficiencia institucional. Así, los proyectos de energía renovable en Chile continúan consolidándose como eje clave de inversión y transición energética.

La entrada Comité de Ministros aprueba proyectos de energía renovable por más de US$1.000 millones se publicó primero en Mundo Minería.

Andes Iron asegura que el Comité excedió sus atribuciones. A su juicio, el órgano no puede reabrir materias ya calificadas ambientalmente. También cuestiona la incorporación de fundamentos que no integraban las reclamaciones originales. La empresa afirma que esa acción vulnera principios del derecho administrativo. Entre ellos menciona la congruencia y la seguridad jurídica. Asimismo, advierte una eventual desviación de poder en la decisión adoptada. La firma recalca que el Comité debía ceñirse a los límites fijados por una sentencia previa. No correspondía efectuar una nueva revisión integral del proyecto.

El gerente general de Andes Iron, Pedro Ducci, defendió la acción judicial. Señaló que la justicia ambiental ya declaró ilegales dos pronunciamientos del Comité. Ducci afirmó que confían en que las instancias técnicas respalden nuevamente el Proyecto Dominga. Aseguró que no existe una nueva discusión técnica en curso. “El punto central es que se respeten las reglas del juego”, sostuvo el ejecutivo. Reiteró que la empresa busca restablecer la legalidad del procedimiento.

Recurso ante la Corte Suprema

En paralelo, Andes Iron presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Chile. La acción surge tras una resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Ese tribunal anuló un procedimiento que pretendía obligar al Comité a cumplir un fallo favorable al proyecto. Según la empresa, esa decisión impide ejecutar una sentencia firme.

Andes Iron advierte que la situación afecta la certeza jurídica. Además, sostiene que compromete la correcta aplicación del derecho. El Proyecto Dominga vuelve así al centro del debate judicial. La definición ahora queda en manos de los tribunales ambientales y de la Corte Suprema.

La entrada Proyecto Dominga: Andes Iron presenta recurso ante la Justicia Ambiental se publicó primero en Mundo Minería.

El fallo sostiene que se aplicó un procedimiento de ejecución a un caso no previsto por la ley. Según el tribunal, ello generó un vicio procesal que debía corregirse de oficio. La resolución cita criterios de la Corte Suprema. Indica que la sentencia previa no declaró derechos a favor de ninguna de las partes. Además, el dictamen aclara que la decisión anterior no confirmó ni revocó lo resuelto por el Comité de Ministros. Solo ordenó un nuevo pronunciamiento del órgano administrativo.

El proyecto, valorado en US$ 2.500 millones, busca instalar faenas mineras y un puerto en La Higuera. La ubicación genera controversia por su cercanía a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Organizaciones ambientales y comunidades locales han manifestado oposición. Argumentan riesgos para la biodiversidad y el ecosistema marino. En enero del año pasado, el Comité de Ministros rechazó la iniciativa de forma unánime. Posteriormente, Andes Iron recurrió al tribunal ambiental para impugnar esa decisión.

Alcance del nuevo fallo

La Corte anuló todo lo obrado en el procedimiento de cumplimiento incidental en la causa R-95-2023. Declaró improcedente aplicar la resolución en alzada por su naturaleza jurídica. El tribunal enfatizó que la sentencia anterior no puso fin a la instancia. Tampoco resolvió el fondo del asunto sobre la calificación ambiental. Este nuevo escenario profundiza la incertidumbre regulatoria. El proyecto Dominga revés judicial mantiene abierto un conflicto que combina desarrollo minero y protección ambiental.

La entrada Proyecto Dominga suma revés judicial y Corte anula resolución ambiental se publicó primero en Mundo Minería.

El reclamante sustenta su acción en cuatro cuestionamientos centrales. El primero apunta a la falta de descarte de impactos sobre la salud de la población. Señala deficiencias en la evaluación de contaminantes y en el análisis de riesgos presentado por el titular. El segundo eje se relaciona con los impactos sobre el medio marino. El reclamante advierte debilidades en el modelo hidrogeológico utilizado para predecir los efectos del proyecto. También cuestiona la ausencia de antecedentes que descarten la interacción entre el acuífero costero y el mar.

A ello se suma la falta de evaluación del riesgo de rebalses o filtraciones bajo condiciones extremas. Según la reclamación, estos escenarios no habrían sido considerados adecuadamente durante la evaluación ambiental. El tercer punto aborda la ausencia de información suficiente para evaluar los efectos del proyecto sobre el recurso hídrico. El reclamante sostiene que no existen antecedentes concluyentes para descartar impactos significativos.

Antecedentes del proceso de evaluación ambiental

Finalmente, la reclamación cuestiona la falta de evaluación de impactos respecto del sitio prioritario Peralillo. Este aspecto resulta clave dada su relevancia ambiental en la zona costera de Chañaral. El proyecto Playa Verde ingresó su Estudio de Impacto Ambiental al SEIA en 2017. En 2019, Manuel Cortés presentó una reclamación administrativa que fue acogida parcialmente, ordenándose retrotraer el proceso.

En 2021, el reclamante acudió al Tribunal Ambiental, causa Rol R-44-2021. Esta acción fue rechazada en todas sus partes. Posteriormente, la Corte Suprema confirmó dicha decisión en diciembre de 2022. En febrero de 2024, la COEVA de Atacama calificó desfavorablemente el proyecto. Sin embargo, el titular presentó una nueva reclamación administrativa, que culminó con la calificación favorable otorgada por el Comité de Ministros en octubre de 2025.

La entrada Tribunal Ambiental acoge reclamación contra el SEA por proyecto minero Playa Verde se publicó primero en Mundo Minería.

El Tribunal analizó los argumentos presentados por los reclamantes, quienes sostenían que el aumento del flujo vehicular afectaba los sistemas de vida de la población cercana. Sin embargo, la sentencia determinó que el comportamiento real de la ruta G-21 se mantuvo dentro de los parámetros evaluados durante la tramitación ambiental del proyecto.

Antes de resolver, el Tribunal definió el alcance de la variable ambiental “uso de la ruta G-21” y la forma en que debía medirse. Luego comparó los escenarios proyectados durante la evaluación ambiental con los datos registrados durante la operación del proyecto.

El análisis consideró informes técnicos elaborados por GPS Chile y Ambitrans Ingenieros Consultores. Estos antecedentes evaluaron distribución modal, flujo vehicular, tiempos de viaje, nivel de servicio y seguridad vial en el tramo entre Las Puertas y Corral Quemado. Los resultados mostraron que no existieron diferencias significativas entre el escenario evaluado en 2010 y el comportamiento observado hasta 2018.

Sin cambios sustantivos

La sentencia estableció que el flujo vehicular, los tiempos de viaje y el nivel de servicio se mantuvieron estables. Incluso, para vehículos livianos se observó una reducción en los tiempos de desplazamiento en algunos tramos. Por ello, el fallo concluyó que no se cumplen los requisitos del artículo 25 quinquies de la Ley Nº 19.300 para modificar la RCA.

Contexto del proyecto Los Bronces

El proyecto busca aumentar la producción de cobre fino mediante concentrados y cátodos. Se desarrolla en las áreas de Los Bronces, Las Tórtolas y el Sistema de Transporte de Pulpas, donde la ruta G-21 cumple un rol clave. Con esta decisión, el Segundo Tribunal Ambiental ratifica decisión del Comité de Ministros sobre proyecto Los Bronces y ruta G-21, cerrando un proceso iniciado en 2015 por organizaciones vecinales.

La entrada Segundo Tribunal Ambiental rechazó reclamación que buscaba modificar RCA del proyecto Los Bronces se publicó primero en Mundo Minería.