Además del reajuste general de remuneraciones públicas, el articulado incorpora cambios impulsados por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. La medida consolida la coordinación estratégica entre carteras clave. La ley crea formalmente el Comité Interministerial para el Desarrollo Productivo Sostenible como órgano asesor. Su misión es fortalecer la coherencia y eficiencia de las políticas públicas.

El comité actúa como sucesor legal del Comité de Ministros y Ministras creado en 2022. Con ello, el Ejecutivo asegura continuidad jurídica e institucional. Álvaro García destacó el avance legislativo. Señaló que la iniciativa consolida una coordinación efectiva para definir una hoja de ruta estratégica nacional.

El Ministerio de Economía presidirá la instancia. Participarán Hacienda, Medio Ambiente, Energía, Minería y Ciencia. Una Secretaría Ejecutiva operará desde la Subsecretaría de Economía. Esta unidad brindará apoyo técnico y administrativo permanente.

La norma también modifica la Ley N° 18.302 sobre seguridad nuclear. Establece plazos máximos de tramitación para autorizaciones otorgadas por la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Los plazos para instalaciones radiactivas de complejidad estándar bajan de 60–240 días a 30–60 días. La reducción agiliza proyectos y entrega mayor certeza regulatoria.

Prioridad para proyectos sanitarios

La ley fija un máximo de 30 días para autorizar personal en instalaciones nucleares o radiactivas. En proyectos de alta complejidad, el plazo podrá llegar a 240 días. La normativa permite suspender plazos de forma excepcional y fundada. Además, prioriza autorizaciones con fines sanitarios como radioterapia y medicina nuclear.

El ministro afirmó que el Estado moderniza su regulación sin renunciar a altos estándares de seguridad. Agregó que la reducción de plazos beneficiará a hospitales y centros especializados. Con esta aprobación, la Ley de Reajuste fortalece el Comité Interministerial de Desarrollo Productivo Sostenible y acelera procesos críticos para el sistema de salud. El Gobierno busca mayor eficiencia regulatoria y mejor coordinación estratégica.

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El permiso, establecido mediante el Acuerdo del Consejo Directivo No. 2483/2025, representa una actualización a la resolución previa emitida en 2018 (No. 2287/2018), e incorpora una cláusula clave: si el Acuerdo de Asociación entre SQM y Codelco no se concreta antes del 31 de diciembre de 2025, la cuota máxima de producción se reducirá en las mismas 300.000 toneladas de litio autorizadas, afectando el período restante hasta fines de 2030.

El aumento de producción no implicará mayor extracción de salmuera ni un incremento en el uso de agua continental. Según lo aprobado, el alza será posible gracias a mejoras en eficiencia, incorporación de nuevas tecnologías y optimización operativa, elementos clave para avanzar en sostenibilidad.

Esta autorización se suma a la ya entregada la semana pasada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), y a otras previamente otorgadas por autoridades de libre competencia en Brasil, Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita y la Unión Europea.

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