La Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas otorgó un plazo de 90 días a la empresa para presentar un proyecto de modificación de cauce para su evaluación o, en su defecto, proceder a la demolición completa de las estructuras. La revisión busca determinar si las obras pueden ajustarse a la normativa vigente para su eventual aprobación.

En caso de no cumplir con lo ordenado, la empresa arriesga nuevas multas que pueden ir entre 100 y 1.000 UTM adicionales. Según el informe técnico, las construcciones representan una alteración significativa del cauce natural y un riesgo para la seguridad hídrica del sector.

El SEREMI de Obras Públicas, Dennys Mendoza, subrayó la importancia de respetar la legislación. “Toda intervención en cauce debe regirse por la normativa, presentar un proyecto y someterlo a evaluación técnica”. Por su parte, el director regional de Aguas, Camilo Mansilla, recalcó que contar con las autorizaciones es clave para resguardar la vida, los bienes y la tranquilidad de la comunidad.

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