La exposición se realizó en el seminario “Minería y Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico”, organizado por Marsh Risk. La actividad reunió a ejecutivos, representantes gremiales y actores del ecosistema público y privado vinculados a ambas industrias.

Durante su intervención, Daniel Mas sostuvo que el Ejecutivo impulsa un cambio orientado a fomentar el emprendimiento, la innovación y la inversión privada. La autoridad señaló que el proyecto constituye uno de los principales pilares de la estrategia económica del Gobierno. Según explicó, el objetivo es transformar al Estado en un facilitador del desarrollo productivo y generar condiciones que permitan acelerar la ejecución de proyectos.

Uno de los principales ejes del Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional contempla una reducción gradual del impuesto corporativo desde el 27% hasta el 23%. De acuerdo con el biministro, esta medida busca mejorar la competitividad internacional de Chile. Además, permitirá acercar la carga tributaria a los promedios de los países de la OCDE y fortalecer la posición del país frente a otros destinos de inversión en la región. La propuesta también considera restablecer la invariabilidad tributaria para grandes inversiones. De esta manera, las condiciones impositivas podrán mantenerse estables por períodos de hasta 15 o 20 años, según la magnitud de cada proyecto.

El secretario de Estado destacó que la iniciativa incorpora medidas destinadas a reducir los tiempos asociados a la tramitación de permisos. En ese contexto, sostuvo que el Gobierno busca fortalecer la fiscalización ambiental con altos estándares técnicos. Sin embargo, enfatizó que las instituciones también deben entregar respuestas oportunas para evitar retrasos que afecten el desarrollo de nuevas inversiones. Según explicó, un rechazo fundamentado técnicamente forma parte del proceso regulatorio. En cambio, afirmó que la demora prolongada en la resolución de permisos genera incertidumbre y limita la competitividad del país.

Durante el encuentro, Daniel Mas reiteró el llamado a desarrollar la cartera de proyectos mineros y energéticos actualmente en evaluación. El biministro destacó que Chile cuenta con ventajas competitivas gracias a su potencial minero, solar y eólico. A su juicio, esos recursos posicionan al país como un actor relevante para la transición energética global. Finalmente, sostuvo que el desafío consiste en crear condiciones que permitan acelerar la inversión y la producción. Con ello, el Gobierno espera impulsar el crecimiento económico, generar empleo y consolidar el liderazgo de Chile en los mercados internacionales de minerales críticos y energías limpias.

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Uno de los principales ejes de la cuenta pública fue el seguimiento de iniciativas legislativas que afectan al sector. Entre ellas destacaron la permisología, la defensa de la propiedad minera, el amparo minero y otras normas que influyen en la inversión y el desarrollo de nuevos proyectos. El presidente de SONAMI, Jorge Riesco, señaló que el gremio continuará promoviendo cambios que permitan aumentar la producción minera. Además, destacó la importancia de revisar normas relacionadas con las patentes mineras y la Ley de Áreas Protegidas. Según explicó, el objetivo consiste en fortalecer el aporte económico de la minería al país. También insistió en impulsar una actividad sustentable con una visión de largo plazo.

Certeza jurídica y fortalecimiento de la minería

El vicepresidente de la Mediana Minería, Luis Manuel Rodríguez, sostuvo que la prioridad de la directiva es entregar mayor certeza jurídica a los asociados. Agregó que el gremio busca resguardar los derechos de la industria durante la tramitación de proyectos de ley. Asimismo, destacó la importancia de proteger la propiedad minera y acompañar el desarrollo de las regiones donde la actividad tiene un rol estratégico.

Representantes de distintas asociaciones mineras reconocieron el trabajo realizado por SONAMI durante el último año. Cristopher Ardiles, presidente de la Asociación Minera de Ovalle, valoró la transparencia y el trabajo conjunto desarrollado por la institución. En tanto, Carlos Medrano, presidente de la Asociación Minera de La Araucanía, destacó la relevancia que tuvo la pequeña minería durante la asamblea. Desde las regiones también plantearon nuevos desafíos. Raúl Muñoz, presidente de la Asociación Minera de Arica y Parinacota, afirmó que la región busca convertirse en un referente de minería sustentable y espera fortalecer la colaboración con SONAMI para avanzar en ese objetivo.

Agenda para impulsar inversión y competitividad minera

Durante la reunión, Patricia Beiza, presidenta de la Asociación Minera de San Felipe y directora de SONAMI, destacó el trabajo colaborativo desarrollado por el equipo del gremio. Además, manifestó la necesidad de revisar normas legales que, a su juicio, requieren modificaciones para favorecer el desarrollo del sector. Por su parte, el vicepresidente de la Pequeña Minería, Joel Carrizo, abordó los desafíos futuros de la industria. Señaló que el actual escenario de precios de los minerales representa una oportunidad para aumentar la producción, incentivar nuevas inversiones y generar empleo.

De acuerdo con un estudio elaborado por el Centro de Estudios Mineros de SONAMI, Chile redujo su participación en la producción minera mundial desde un 37 % hasta un 23,2 %. Esa tendencia, según el gremio, refuerza la necesidad de implementar medidas que permitan recuperar competitividad. La Asamblea Anual concluyó con un llamado a fortalecer el trabajo conjunto entre SONAMI y las asociaciones regionales. El gremio reafirmó su compromiso de defender los intereses de la minería chilena, promover mejores condiciones para la inversión y apoyar el crecimiento de la pequeña, mediana y gran minería en todo el país.

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El ministro Daniel Mas señaló que la propuesta apunta a fortalecer una actividad clave para el crecimiento económico nacional. Según indicó, la iniciativa entrega reglas claras para promover nuevos proyectos y aumentar la inversión en las regiones mineras. La autoridad afirmó que la pequeña y mediana minería requieren condiciones más favorables para desarrollar su potencial productivo. En ese contexto, destacó la necesidad de contar con un marco regulatorio que genere confianza para emprender e invertir.

Entre las principales modificaciones, el proyecto elimina el aumento progresivo de las patentes mineras. También elimina requisitos relacionados con límites de hectáreas, parentescos y tipos societarios que afectan a pequeños productores. Estos cambios buscan simplificar el acceso a beneficios y reducir las barreras administrativas. De esta forma, el sector contará con un sistema más eficiente y alineado con las necesidades de la actividad minera.

Durante su exposición, Mas sostuvo que el desarrollo productivo debe mantenerse como prioridad dentro de la política minera. A su juicio, fortalecer la exploración y la actividad extractiva resulta fundamental para generar empleo y crecimiento sostenible. El secretario de Estado advirtió que privilegiar la recaudación fiscal sobre la competitividad puede afectar el desarrollo de nuevos proyectos. Por ello, insistió en la importancia de impulsar medidas que favorezcan la inversión y la productividad.

El presidente de SONAMI, Jorge Riesco, manifestó su respaldo a la propuesta presentada por el Ejecutivo. El dirigente valoró que el texto incorpore soluciones a observaciones planteadas previamente por el sector. Riesco coincidió en que el crecimiento de la industria debe mantenerse como eje central de las políticas públicas. Además, destacó que el proyecto puede contribuir a fortalecer la actividad minera en el largo plazo.

Próximos pasos del proyecto

El proyecto de ley de patentes mineras ingresó al Congreso en mayo y actualmente cumple su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Una vez aprobadas las modificaciones propuestas, la industria dispondrá de reglas más claras y un régimen más favorable para las concesiones de explotación. La iniciativa busca alinear el sistema de patentes con los objetivos de desarrollo minero y crecimiento económico del país.

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Mas señaló que el cobre y el litio serán esenciales para avanzar en la descarbonización, la electromovilidad y las nuevas tecnologías limpias. En ese contexto, sostuvo que la región debe avanzar desde la exportación de recursos hacia la generación de capacidades, empleos de calidad y liderazgo industrial. El ministro destacó que el verdadero éxito de la minería debe reflejarse en una mejora concreta de la calidad de vida de las comunidades donde se desarrollan los proyectos.

La autoridad enfatizó la necesidad de aumentar el valor de la cadena minera regional. Además, planteó que los países latinoamericanos deben aprovechar mejor sus ventajas competitivas para impulsar nuevas oportunidades económicas. Según explicó, el desafío consiste en convertir los recursos minerales en motores de desarrollo sostenible y crecimiento de largo plazo.

Durante la conferencia, el biministro destacó la agenda que impulsa el Gobierno para fortalecer la competitividad del sector. Entre las iniciativas mencionó la modernización regulatoria y la promoción de la inversión privada. También resaltó proyectos actualmente en discusión legislativa, como la simplificación de patentes mineras y el Proyecto de Reconstrucción Nacional. De acuerdo con Mas, estas medidas buscan entregar mayor certeza jurídica a los inversionistas. Asimismo, incluyen incentivos destinados a fomentar proyectos de gran escala en el país.

El secretario de Estado afirmó que Chile debe mantener reglas claras, estables y predecibles para consolidar su posición como potencia minera mundial. En esa línea, sostuvo que la minería requiere marcos regulatorios eficientes que permitan atraer capitales y desarrollar iniciativas de largo plazo.

Al finalizar su participación, Mas reiteró la importancia de fortalecer las alianzas público-privadas para multiplicar el valor de la cadena de minerales de la región. El ministro llamó a consolidar marcos regulatorios modernos, invertir en formación de capital humano y fortalecer la competitividad internacional del sector. El encuentro internacional organizado por el Grupo Banco Mundial y Fundación Chile buscó promover el intercambio de experiencias y generar conexiones estratégicas. La instancia también contribuyó a construir una agenda regional orientada a transformar los recursos minerales en empleo, innovación y desarrollo sostenible para América Latina.

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El subsecretario señaló que el gobierno trabaja en una agenda orientada a fortalecer el liderazgo de la minería chilena. Entre las prioridades destacan la modernización regulatoria, el fortalecimiento institucional y la agilización de permisos sectoriales. Según explicó la autoridad, el Ejecutivo ya observa señales positivas en el sector. Entre ellas, mencionó el máximo histórico de inversiones ingresadas a evaluación ambiental durante los primeros meses de gestión.

González indicó que las nuevas políticas buscan entregar mayor certeza jurídica a los inversionistas. También resaltó la importancia de reducir tiempos de tramitación para aumentar la competitividad del país. En esa línea, destacó el proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional presentado al Congreso. La iniciativa contempla invariabilidad tributaria para proyectos estratégicos y nuevas herramientas para agilizar autorizaciones.

El subsecretario también relevó la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (Ley MAS). La normativa incorpora plazos máximos, ventanillas únicas y eliminación de duplicidades en los procesos regulatorios. La autoridad sostuvo que estas medidas pro-inversión minera en Chile fortalecen la posición del país frente a otros mercados de la región. Asimismo, afirmó que el gobierno busca consolidar un Estado facilitador para el desarrollo de proyectos. “El tiempo de los inversionistas es valioso, y el Estado chileno ahora lo respetará”, afirmó González durante su intervención ante ejecutivos y representantes del sector financiero canadiense.

Durante el encuentro, el subsecretario enfatizó que la minería representa una actividad estratégica para el desarrollo económico y social del país. Además, comparó el vínculo de Chile con la minería al rol histórico que cumple esta industria en Canadá. La agenda de la autoridad comenzó junto a la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, en el panel “¿Por qué invertir en Chile?”. Ambas autoridades analizaron la necesidad de avanzar hacia regulaciones más eficientes y procesos de evaluación más ágiles. Finalmente, González aseguró que Chile mantiene condiciones sólidas para atraer inversiones mineras. Entre ellas, mencionó el respeto a la propiedad privada, la certeza jurídica y el compromiso del gobierno con el crecimiento económico.

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El pronunciamiento de la Corte de Apelaciones de Antofagasta reactivó la discusión sobre el sistema de permisos en el país. APRIMIN sostuvo que los procesos extensos y cambiantes generan incertidumbre. Esa situación impacta directamente en la decisión de invertir. La asociación enfatizó que los entrampamientos sucesivos debilitan la confianza. Además, afectan la planificación de proyectos que requieren altos niveles de financiamiento y desarrollo técnico.

El gremio valoró el compromiso de Andes Iron, empresa titular del proyecto Dominga. La compañía ha seguido cada etapa del proceso regulatorio durante años. Según APRIMIN, ese esfuerzo demuestra la necesidad de señales institucionales coherentes. Dominga se ha convertido en un caso emblemático. Su historial de revisiones y resoluciones evidencia la complejidad del sistema actual. Para el gremio, esta experiencia refuerza la urgencia de modernizar los permisos.

Modernización sin rebajar estándares

APRIMIN aclaró que no propone flexibilizar exigencias ambientales. El objetivo apunta a establecer procesos claros, coherentes y con plazos definidos. De esta forma, el país puede equilibrar desarrollo y sostenibilidad. Chile requiere inversión para crecer y generar empleo en regiones. Una institucionalidad predecible fortalece la competitividad internacional. También permite planificar proyectos estratégicos con mayor seguridad jurídica.

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El informe surge de un diagnóstico compartido sobre el estancamiento económico. También aborda la debilidad de la inversión y las dificultades para generar empleo formal. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, explicó que el documento reúne medidas concretas y técnicamente fundadas. Las propuestas buscan una implementación rápida durante los primeros meses de gobierno. Jiménez subrayó que recuperar el dinamismo económico resulta clave para mejorar salarios y oportunidades laborales. También destacó su impacto directo en el bienestar social.

La propuesta prioriza un conjunto acotado de acciones consideradas urgentes. Estas apuntan a reactivar la inversión y fortalecer la confianza empresarial. El documento plantea destrabar proyectos en sectores estratégicos. Entre ellos figuran minería, agricultura, comercio, industria, construcción y sistema financiero. Según la CPC, las primeras señales del nuevo gobierno incidirán directamente en inversión y empleo. Por ello, el diagnóstico debe asumirse desde el primer día.

En representación de la pequeña, mediana y gran minería, SONAMI presentó propuestas orientadas a reforzar la certeza jurídica. También apuntó a mejorar las condiciones para el desarrollo del sector. Entre las medidas destaca la modificación al sistema de patentes mineras. Además, se propuso elevar el umbral de extracción que obliga a ingresar al SEIA.

Ajustes regulatorios y certeza jurídica

SONAMI planteó aumentar el umbral desde 5.000 a 45.000 toneladas mensuales. La propuesta considera cambios tecnológicos y la disminución de las leyes minerales. El presidente de SONAMI, Jorge Riesco, valoró la instancia de diálogo con el presidente electo. Señaló que el trabajo previo del gremio permitió priorizar propuestas de rápida implementación.

Riesco indicó que se abordaron dificultades vinculadas al Código de Minería. También se trataron aspectos pendientes en la implementación de la ley SBAP. Finalmente, se analizó la posibilidad de ajustes reglamentarios. Estos cambios podrían facilitar proyectos en ejecución y aumentar los niveles de producción.

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La directiva definió 2025 como un año especialmente desafiante. Se analizó el avance de la Ley SBAP, la incorporación de nuevos sitios prioritarios y la creación de áreas protegidas. SONAMI informó que ha sostenido reuniones permanentes con el Congreso, ministerios y mesas técnicas para resguardar la proporcionalidad normativa y evitar afectaciones a inversiones en curso.

El gremio también destacó la presentación de un recurso ante el Tribunal Ambiental por la creación del Parque Nacional Desierto Florido. Según la organización, esta medida podría generar efectos sobre concesiones mineras y requerir mayor claridad institucional.

Jorge Riesco, presidente de SONAMI, valoró la instancia y destacó la participación activa de los consejeros. Señaló que la unidad del gremio será clave para abordar desafíos regulatorios y avanzar con responsabilidad en los lineamientos definidos por la mesa directiva.

Durante la sesión, los consejeros revisaron la agenda legislativa vinculada a permisos, productividad, minerales críticos y aranceles. También destacaron reuniones sostenidas con las carteras de Minería, Hacienda, Economía, Medio Ambiente, Energía y Relaciones Exteriores.

El gremio subrayó su despliegue a nivel territorial con un fuerte acompañamiento a la pequeña y mediana minería. Este trabajo incluyó charlas en seguridad, diagnósticos operacionales y programas destinados a mejorar la gestión y el desempeño de faenas.

SONAMI también compartió avances en estudios técnicos y documentos estratégicos que han fortalecido su rol como referente sectorial. De cara a 2026, definió prioridades en permisología, apoyo a la pequeña minería, exploraciones, proveedores y minerales críticos.

El encuentro incluyó un análisis detallado de la Ley SBAP, presentado por representantes del Ministerio del Medio Ambiente. Los asociados plantearon inquietudes sobre cómo la normativa podría afectar operaciones en regiones reguladas. SONAMI reiteró que la certeza jurídica en minería sigue siendo crucial para el desarrollo responsable del sector.

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SONAMI explicó que las guías y criterios del Servicio de Evaluación Ambiental, creados inicialmente como orientaciones técnicas, hoy operan como exigencias obligatorias. Esta situación incrementa costos y extiende plazos, afectando la competitividad minera y retrasando iniciativas de inversión que cumplen con estándares ambientales.

Según el análisis elaborado por el Centro de Estudios y Documentación Minera (CEMS), en colaboración con el Comité de Sustentabilidad de SONAMI y Puga Ortiz, la aplicación actual de estos instrumentos genera sobrecostos cercanos a 10.000 UF y retrasos de hasta un año en proyectos. Esta presión administrativa limita la eficiencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Cinco ejes estratégicos

• El estudio plantea cinco líneas de acción para equilibrar rigurosidad y eficiencia:
• Certeza y flexibilidad normativa
• Proporcionalidad en las exigencias técnicas
• Coordinación interinstitucional
• Control de legalidad
• Transparencia y trazabilidad regulatoria

Las propuestas buscan convertir las guías del SEA en herramientas técnicas de apoyo y no en barreras que frenen iniciativas de inversión ambientalmente responsables.

La presentación estuvo liderada por Reinaldo Salazar, gerente de Estudios de SONAMI, y Eduardo Muñoz, socio de Puga Ortiz. Ambos señalaron que el objetivo no es reducir estándares ambientales, sino promover evaluaciones con criterios claros y proporcionales.

Un panel integrado por representantes del sector público y privado coincidió en la urgencia de fortalecer la coordinación institucional y mejorar la transparencia del SEIA.

El estudio surge en medio del debate legislativo sobre la reforma “Evaluación Ambiental 2.0”, y busca aportar evidencia técnica para una regulación moderna, alineada con la modernización de guías y criterios del SEA en minería y los desafíos actuales de la industria.

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